domingo, 18 de mayo de 2014

Juntos contra cáncer de ovario GDF e Incan

El gobierno capitalino y el Instituto Nacional de Cancerología firmarán un convenio para capacitar a mil 200 médicos para el diagnóstico oportuno.
En la Ciudad de México el Secretario de Salud, Armando Ahued, anunció la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para capacitar a mil 200 médicos en el diagnóstico oportuno del cáncer de ovario. En conferencia de prensa, explicó además que adquirirán 16 equipos para realizar ultrasonidos transvaginales para la detección oportuna del padecimiento. Y será el Incan quien capacite a los especialistas en su uso. “Este año vamos a firmar un convenio de colaboración con el Incan, específicamente para este padecimiento y la adquisición de este equipo especializado, ahí está la buena noticia, vamos a comprar equipo, ultrasonido vaginal, una campaña muy intensa en las 16 jurisdicciones, con capacitación a los médicos, al personal de salud”, expresó. A su vez, la doctora Dolores Gallardo, presidenta del Grupo de Investigación en Cáncer de Ovario de México, celebró la implementación del programa pues aunque es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres, es también el más agresivo. Gallardo aseguró que a diario se realizan 11 diagnósticos de cáncer de ovario y cada 2 horas y media muere una mujer por dicho padecimiento. “El cáncer de ovario es una enfermedad de salud pública porque resta a la mujer 30 años de oportunidad de vida y porque no existe en nuestro país medidas de prevención y detección oportuna declaradas. Si podemos hacer una detección si hacemos un ultrasonido transvaginal”, apuntó.

Activista gay ugandés pide asilo político en México

En Uganda se promueve la homofobia, “las instituciones no enseñan la tolerancia y los líderes religiosos fundamentalistas dan sus sermones de odio”
EUGENIA JIMÉNEZ MILENIO México El activista gay Byarugaba Dickson, de Uganda, solicitó asilo político en México porque debido a su preferencia sexual es perseguido en su país, donde el presidente Yoweri Museveni ha iniciado una cruzada contra los homosexuales. Dickson, de 29 años de edad, llegó a México esta semana, invitado para ofrecer una conferencia en la que expuso la realidad que viven los homosexuales en su país. En entrevista con MILENIO, afirmó que aprovechó para solicitar asilo porque “aquí no se nos persigue”. En su país, donde 80 por ciento son cristianos, indicó que se promueve la homofobia, “las instituciones no enseñan la tolerancia y los líderes religiosos fundamentalistas dan sus sermones de odio”. Además de que una encuesta reveló que 96 por ciento de la población ugandesa está de acuerdo en castigar a los homosexuales. En diciembre el Congreso aprobó la ley donde se reemplazó la pena de muerte por la cadena perpetua para la homosexualidad, y en febrero de este año el presidente Museveni la firmó para que entre en vigor, por lo que se inició una cacería contra los gays. Aunado a que el periódico Red Pepper publicó los nombres de 200 activistas gays y algunas fotografías para que los reconocieran y denunciaran. Como su nombre apareció, “una de mis vecinas me denunció y me llegó una notificación de la policía, por lo que me empecé a esconder”. La homosexualidad, explica, era ilegal en Uganda desde 2009, pero no se aplicaban represalias y con esta ley se incrementaron los castigos porque para el presidente la homosexualidad es repugnante y antinatural. Además, expuso, “a los gays no se les puede rentar departamentos, si lo hacen también los arrendadores van a la cárcel por no denunciarlos”. Byarugaba Dickson dejó de estudiar porque “me expulsaron de mi casa al saber que era gay”. El director general de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, expresó su apoyo y compromiso al caso del activista.

La extorsión telefónica, a la cabeza en delitos: PF

En lo que va del sexenio, estos ilícitos superan al robo de vehículos, "narcomenudeo" y plagio.
IGNACIO ALZAGA MILENIO México Las organizaciones criminales continúan con la exigencia del pago de “derecho de piso” en casi todo el país, principalmente en el Estado de México y el Distrito Federal. En la mayoría de los casos, los extorsionadores aseguraron que son integrantes de Los Zetas, Los Caballeros Templarios o La Familia. En la actual administración se han presentado ante la Policía Federal (PF) mil 201 denuncias relacionadas con delincuentes que exigen el pago de una “renta” a ciudadanos, bajo la amenaza de asesinarlos, secuestrarlos, afectar sus negocios y propiedades o dañar a sus familias. Lo anterior, de acuerdo con un informe de la PF obtenido por MILENIO, en el que por primera vez se revela la incidencia de esta forma de operar de la delincuencia para obtener recursos económicos. También se da a conocer que la extorsión telefónica —tentativa y consumada— se colocó en el primer lugar de denuncias con 117 mil 829 casos del 1 de diciembre de 2012 al 24 de abril de 2014. Este delito superó inclusive al robo de vehículo y el narcomenudeo, según el reporte de la corporación. El intento de cobrar “derecho de piso” —un impuesto ilegal que pretenden aplicar los criminales— se colocó en el sexto lugar por el número de denuncias que se presentaron ante la Policía Federal. En el Estado de México se han registrado 796 casos, en los que se solicitó la intervención de policías federales, mientras que el Distrito Federal ocupa el segundo lugar a escala nacional con 186 casos, a pesar de la campaña que mantiene la procuraduría capitalina para prevenir este delito. Michoacán se encuentra en tercer sitio con 38 denuncias; sin embargo, funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad afirmaron que la incidencia de este delito es mucho mayor, pues admitieron que existe una “alarmante cifra negra” de personas que prefieren no denunciar. Los servidores públicos consultados dijeron que en algunos casos se trata de delincuentes “comunes” que para ocasionar temor se hacen pasar como integrantes de cárteles del narcotráfico, sobre todo de los más violentos, como Los Zetas, Los Caballeros Templarios y La Familia. Citaron el caso de un microempresario a quien supuestos miembros de Los Zetas llamaron por teléfono a su domicilio de la colonia Pavón, en el Estado de México, para exigirle 50 mil pesos a cambio de no matar a su familia. La víctima tiene un salón de baile donde vende alcohol y una pequeña fábrica de hielo en Texcoco, y los delincuentes detallaron todos sus movimientos, los de su familia y como la primera vez colgó, volvieron a llamarle a su número celular. Las únicas entidades en las que no se denunció un solo caso de intento de “cobro de piso” fueron Yucatán, Sonora, Campeche, Colima y Nayarit. De acuerdo con el documento de la Policía Federal, la tentativa de extorsión telefónica tiene el primer lugar en denuncias ante la corporación con 112 mil 660; le siguen “delitos en internet” con 16 mil 734; robo de vehículo con 11 mil 706; extorsión telefónica consumada con 5 mil 169 y el narcomenudeo con 2 mil 983 casos. La Policía Federal ha recibido 888 denuncias por el delito de secuestro; 460 por desaparecidos o extraviados; 426 por trata de personas; 349 por tráfico de armas; 271 contra presuntos secuestradores; 151 contra extorsionadores; 147 contra traficantes de droga y 93 por “daños a la nación”.

Resultados del progreso científico

JULIO HUBARD/ DOMINICAL MILENIO Ciudad de México A lo largo de las décadas, México ha ido acumulando simultáneamente dos cosas contradictorias: una veneración extraña por la Constitución y un universo de procesos y trámites tortuosos que no hacen sino engordar y entorpecer las instituciones. Así está casi todo lo que tiene que ver con el Estado. Y, como los mexicanos veneran su Constitución (casi siempre sin haberla siquiera hojeado), juzgan que el país funciona mal porque el gobierno está repleto de gente inútil y corrupta. Con ello, aciertan, pero se equivocan. En efecto, el gobierno ha estado siempre lleno de impericia y delincuencia, pero esa es apenas la mitad del asunto. Es necesario añadir la otra parte: la estructura jurídica que da origen a las instituciones es igualmente torpe e inoperante. A nadie se le esconde que un país con educación insuficiente está tullido hacia el futuro. Tampoco es misterio la carga absurda de un sindicato gigantesco y corrupto. Pero nuestro problema educativo inicia antes, con el mismísimo artículo tercero constitucional. Nos hemos cansado de escuchar su loa. Es el artículo más delirante de la Constitución. No solo promete imposibles sino que, encima, contiene la definición de lo que entiende México por democracia —o, mejor: lo que no entiende. Dice este artículo: “II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. “Resultados del progreso científico”. Es una buena intención ingenua, del siglo XIX, en el mejor de los casos. Pero ¿no era Galton, en su día, un científico de lo más progresista? Desde luego, la eugenesia no fue una imposición moral: era científica. Y, más aún, confirmada por la craneometría de Paul Broca ¿No demostraron varios científicos que había razas superiores? Era dato científico. ¿No fue validado Lysenko por la altísima academia de ciencias de la URSS? Hasta aquí, ¿cuántos cadáveres llevamos, por segregación y hambre? ¿Seguimos? Digo que no es necesario, pese a esa otra forma de la ingenuidad positivista, que dice que los errores se deben a que el conocimiento estaba incompleto, pero que habrá de llegar el día en que se complete. Desde luego, ese será el día en que algún nuevo ingenuo logre confundir cerebro y mente. Más allá del perrito de Pavlov y de las pobres ratitas de Skinner, esta superstición ciencioide es un potente motor del crimen, y nada más. Se trata de un muy simple y muy elemental error de campo lógico. Es la falacia naturalista, un error que consiste en deducir una conclusión de valor a partir de premisas descriptivas. Es, para volver a nuestra constitución: una ignorancia de graves efectos, una servidumbre, un fanatismo y un prejuicio. La constitución yergue en ley precisamente los errores que quisiera combatir. De la ciencia sale conocimiento. No sale moral, ni ética. Mucho menos, política. Al fin, el positivismo acaba vejando ambos lados del saber. Y de modo retorcido, porque, no contento con convertir el conocimiento en conocimiento instrumental, después lo erige como fin en sí mismo. Es decir, convierte el instrumento en el fin.

7 de cada 10 mexicanos rechazan legalizar mariguana

El Centro de Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta donde solo 27 por ciento está a favor legalizarla solo para uso médico.
ISRAEL NAVARRO MILENIO El Centro de Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) reveló que siete de cada diez personas rechazaron la legalización de la marihuana, mientras que dos de cada diez consideró que la permisividad de la cannabis aumentaría el consumo de dicha sustancia psicotrópica. Del total de la población consultada, 30 por ciento opinó que su legitimación ayudaría mucho o algo a solucionar el problema del narcotráfico y el 62 por ciento rechazó que su beneficio en la lucha contra el crimen organizado. Estos son algunos de los resultados de la encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana aplicada por el equipo de investigación del CESOP en San Lázaro, cuyo Comité preside el diputado Sebastián de la Rosa. El documento legislativo refiere que el tema de la legalización de la marihuana en nuestro país se ha colocado en la agenda de debates de la Cámara de Diputados, centrándose una parte de la discusión en el análisis de las ventajas y desventajas que traería a los ciudadanos, entre otras cosas, porque un porcentaje considerable de la sociedad opinó que al ser legal la adquisición de esta droga, aumentaría su consumo. Los resultados “reflejaron que el 85 por ciento de los encuestados saben que hay una discusión legislativa sobre este tema, de los cuales un 72 por ciento rechaza que se legalice, mientras que un 2 por ciento afirmó estar a favor de esta propuesta. En ese contexto, el 70 por ciento de los entrevistados destacaron que de ser aprobada esta proposición se tendría un aumento de consumo de esta droga, un 19 por ciento mencionó que seguiría igual la situación y solo un 7 por ciento expresó que disminuiría “Se quiso saber la aceptación que la sociedad tiene con relación a las personas que consumen marihuana: los datos revelaron que un 51 por ciento desconfiaría de una persona que fuma cannabis, mientras que un 72 por ciento no creerían en alguien que utilice otro tipo de droga lo que demuestran que serían un poco más tolerante con alguien que fuma marihuana, 7por ello; es que consideran que no se debe encarcelar a las personas que consumen esta droga”, detalla. Finalmente la mitad de los entrevistados, 49 por ciento afirmó conocer a alguien que fuma hierba, mientras que el 8 por ciento aceptó haberla probado alguna vez en su vida, y la mayoría de los encuestados 73 por ciento dijo estar de acuerdo si la legalización de la droga se hiciera exclusivamente para uso terapéutico.

Se accidentan Carlos Navarrete, Javier Salinas y compañeros

Hace aproximadamente una hora que se accidenta Carlos Navarrete, Javier Salinas y compañeros que están de gira de trabajo hacia el rumbo de Iguala .Hasta el momento se encuentran bien según información de twitter@JavierSalinasN.