La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó y exigió el pronto esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, el pasado domingo 19, que dejaron más de ocho muertos y 108 heridos.
De igual forma, el organismo de la ONU envió una comisión de observación a la entidad y repudió el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate, cometido en el crucero de Juchitán a Ixtepec, cuando cubría el saqueo de tiendas en esa localidad.
Mientras tanto, en esta capital empieza a normalizarse la situación con el reinicio de labores en los centros educativos y en oficinas gubernamentales de Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa y Congreso local, además de que el servicio de transporte se ha regularizado.
En la entidad se reportan al menos 16 bloqueos carreteros, principalmente en el Istmo, Costa, Sierra Sur y Mixteca, y esta mañana salió a Nochixtlán una caravana motorizada de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para llevar víveres a la comunidad que resistió los embates de 800 policías federales y estatales.
Este martes arribó a esa localidad una comisión de observación de la ONU-DH. “Estamos en #Oaxaca en misión de observación, documentando los hechos de la tarde y noche del domingo 19”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.
Antes, el representante en México del Alto Comisionado de las ONU-DH, Jan Jarab, lamentó “la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido”, puntualizó.
Igualmente hizo un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación, con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas en Asunción Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca.
En un comunicado, la ONU-DH también llamó a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas.
Y ante las denuncias que hizo la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, que por órdenes de gobierno sólo se atendiera a lesionados de las policías federal y estatal, exhortó a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.
La ONU-DH destacó que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, “las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso”, puntualizó.
Adelantó que esa Oficina dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con quien ha estado en contacto sobre lo sucedido.
Por separado, el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió “el retiro de los agentes policiacos de los tres órdenes de gobierno que permanecen apostados en las inmediaciones de la Defensoría y en las diversas regiones del estado, como una muestra de voluntad política para el diálogo”.
El Consejo Ciudadano condenó el uso de la violencia para dirimir las diferencias políticas, e hizo “un llamado urgente para que se instalen las condiciones necesarias que permitan el diálogo entre las autoridades y el movimiento magisterial”.
Ese órgano colegiado hizo hincapié en que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) buscó reiteradamente el diálogo con el gobierno, esfuerzos en los que incluso la Defensoría participó, como consta públicamente en la Propuesta General 01/2016 del 25 de mayo pasado, emitida por ese organismo.
“Los decesos y las agresiones causadas por el uso excesivo de fuerza, así como las posibles detenciones arbitrarias, son agravios inadmisibles a la sociedad entera, por ello, deben ser esclarecidos y castigados de manera imparcial, con apego a los estándares de derechos humanos y sin dilaciones”, subrayó.
De acuerdo con la Defensoría, recibió varias denuncias por los diversos hechos cometidos por autoridades el pasado domingo 19, que de confirmarse podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos.
Y resaltó que los hechos de violencia son la consecuencia de una serie de omisiones por parte de las autoridades federales y locales, “pues no se privilegió el diálogo y la construcción colectiva de una reforma de tal envergadura como lo es la educativa”.
Finalmente, el Consejo Ciudadano reprobó la permanencia de cientos de agentes policiacos de los gobiernos municipal, estatal y federal apostados en la misma calle donde funcionan las oficinas centrales de la Defensoría, que –apuntó– puede interpretarse como una provocación y un intento por disuadir la denuncia ciudadana sobre los abusos policiacos.
(Con información de Proceso)
