La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el Diputado Carol Antonio Altamirano, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el análisis de las iniciativas correspondientes al Paquete Económico en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2027, presentadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Antonio Altamirano comentó que el Paquete Económico en materia de ingresos está conformado por cuatro temas: Criterios de Política Económica, Ley Federal de Derechos, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley de Ingresos de la Federación 2027.
El Paquete Económico en materia de ingresos 2027 ,dijo, es uno de los instrumentos más importantes para definir el rumbo de las finanzas públicas de México y garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades, por lo que se requiere de un análisis serio y responsable, así como una revisión profunda y un debate objetivo.
Indicó que este ejercicio fortalece la colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. “Cuando las instituciones dialogan, cuando se escuchan las distintas opiniones y cuando las decisiones se sustentan en información y argumentos, se fortalece nuestra democracia y se contribuye a construir un mejor México”.
Conducción responsable de las finanzas públicas y visión de largo plazo
Luego de rendir protesta de decir verdad y en su intervención inicial, María del Carmen Bonilla Rodríguez, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público comentó que el Paquete Económico 2027 busca consolidar una nueva etapa del crecimiento con bienestar, sustentada en tres prioridades: preservar los avances sociales, acelerar la inversión pública y mixta, y continuar fortaleciendo las finanzas públicas.
Afirmó que se preservan los recursos destinados a garantizar el acceso a derecho; por ello, el gasto en salud y educación aumentaron 11 y 8 por ciento, en términos reales, respectivamente, para 2027, y se busca fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto y reducir gradualmente las necesidades de financiamiento, preservando la capacidad de inversión del gobierno de México.
Para 2027 ,dijo, se propone reducir los requerimientos financieros del sector público de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB, lo que implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024. Se trata de una consolidación ordenada y responsable, y la meta es continuar reduciendo las necesidades de financiamiento sin generar un ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión.
Mencionó que se mantendrá una estructura de deuda predominante en moneda nacional y a largo plazo, lo que permitirá reducir vulnerabilidades y administrar de manera prudente los riesgos financieros, así como reducir la volatilidad que se pueda generar por la parte externa.
Para 2027 se estima una deuda pública de 55 por ciento del PIB, cifra que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y se mantiene por debajo de las otras economías emergentes de Latinoamérica.
El objetivo ,resaltó, es crear las condiciones para que México crezca más, acelerar la inversión y mejor la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. El Paquete Económico 2027 acompaña ese propósito con una conducción responsable de las finanzas públicas y una visión de largo plazo.
Se prevén ingresos por 9 billones 156 mil mdp: variación del 3.9 por ciento respecto a 2026
A su vez, el Subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, expuso que se continúa fortaleciendo los ingresos públicos mediante una administración tributaria más eficiente y el combate a la evasión y elusión fiscal, y para 2027, se estima un crecimiento de la economía mexicana entre el 1.5 y el 2.5 por ciento, que genera un crecimiento orgánico en los ingresos del Estado.
La iniciativa prevé ingresos presupuestarios para 2027 por 9 billones 156 mil millones de pesos, cifra histórica, y 344 mil millones de pesos mayores al cierre del estimado para este 2026, lo que representa una variación real positiva del 3.9 por ciento, agregó.
Destacó que los ingresos tributarios alcanzarán una cifra histórica, sumando 6 billones 264 mil millones de pesos, significando un crecimiento real del 5.9 por ciento respecto a este 2026, y equivalentes al 15.9 por ciento del PIB, superiores en 1.2 por ciento al cierre de 2024, que fueron 14.7 en términos del PIB, y mayor al presentado en 2018, que fue 12.7 en 3.2 puntos porcentuales.
“Estos avances se están logrando sin una reforma fiscal de por medio, que en términos generales históricamente han dado dos puntos porcentuales del PIB. En estos tres años y con estas propuestas alcanzaríamos prácticamente un crecimiento de este factor, de 1.2 puntos porcentuales”, precisó.
Lerma Cotera puntualizó que en los ingresos no tributarios se proyectan ingresos adicionales por más de 100 mil millones de pesos, 24 por ciento más que el cierre de este ejercicio. En los ingresos petroleros, se prevé una reducción aproximadamente del 14.4 por ciento respecto al cierre, principalmente por la volatilidad de los mercados internacionales.
Resaltó que se presenta una iniciativa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas modificando el régimen simplificado de confianza en la Ley del ISR y “lo que se está proponiendo es que se amplíen los límites para que las empresas tributen bajo este régimen de 3.5 a 5 millones para personas físicas y de 35 millones a 50 millones de pesos para personas morales”.
Adicionalmente, se plantea un mecanismo opcional para que las Resicos simplifiquen el pago del IVA con una tasa efectiva del 7 por ciento sobre el ingreso, integrando en una sola declaración el ISR-IVA para simplificar todo el proceso.
En la Ley de Ingresos de la Federación, subrayó, se contemplan medidas adicionales entre las que se destaca la actualización de la tasa de retenciones por intereses del 0.90 al 0.68 sobre el interés real. También se está proponiendo aplicar la tasa cero del IVA a librerías cuya actividad principal sea la venta de libros, y se está proponiendo continuar con el programa de regulación fiscal para contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos, reduciendo multas y recargos sin condonar impuestos como lo estipula la Constitución.
Respecto a la Ley Federal de Derechos, se propone incrementar el derecho de no residente, destinando estos recursos al Instituto Nacional de Migración para fortalecer la infraestructura tecnológica y el control fronterizo, modificar los derechos en términos de navegación aérea. En materia ferroviaria se plantea el incremento al derecho por aprovechamiento de la infraestructura pública y concesiones, se hacen ajustes en supervisión financiera y certificación sanitaria, actualiza derechos en algunas de las dependencias como COFEPRIS, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, externó.
Para 2027 ,informó, se estiman participaciones superiores a 112 mil millones de pesos, 4.4 por ciento superior en términos reales al cierre del 2026 para todos los estados y municipios.
“El paquete que estamos sometiendo a su consideración busca financiar el bienestar de las familias, acompañar la inversión productiva y preservar finanzas públicas sostenibles sin crear o incrementar impuestos existentes”, enfatizó.
Agradeció a las diputadas y a los diputados la aprobación de las modificaciones a la Ley Aduanera, las cuales permitirán seguir reforzando el combate contra la evasión derivado de prácticas de subvaluación de las importaciones, y la expedición de la nueva Ley de Economía Digital, que establece un marco para impulsar la inclusión financiera, ampliar el uso de pagos digitales y electrónicos y facilitar la formalización.
Ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público
El Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Gevijoar Flores Hernández González, informó que, al cierre de 2025, la recaudación de ingresos tributarios fue de cinco billones 351 mil 680 millones de pesos, cuatro por ciento superior en términos reales al año anterior, con un incremento nominal de casi 400 mil millones de pesos.
Las y los contribuyentes ,explicó, aportan el 68 por ciento de los ingresos presupuestarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que permite observar incrementos importantes en la inversión pública en salud, educación, vivienda, infraestructura, el campo y los programas sociales.
A su vez, el Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, expuso que las principales propuestas de este paquete económico en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2027 son cinco ejes: simplificación para micro y pequeñas empresas, combate a las factureras y a la evasión fiscal, controles adicionales sobre el pago del Impuesto Sobre la Renta, trazabilidad del IEPS a gasolinas y diésel y continuidad del programa de regularización fiscal.
Refirió que una de las medidas más importantes en este paquete está dirigida a seguir simplificando y facilitando el cumplimiento con el propósito de fortalecer la formalidad, la economía y la recaudación. El Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas, ha resultado ser una medida fiscal altamente eficiente que permite e incentiva la regularización y formalización de las personas sin generarles mayores cargas administrativas.
Por ello, una de las medidas prioritarias en este paquete económico se orienta a continuar con la simplificación. La propuesta para el siguiente año es aumentar la base de contribuyentes del régimen, incrementando el tope de 3.5 a 5 millones de pesos de ingresos anuales para empresas y de 35 a 50 millones de pesos para empresas, sin aumentar las tasas, aseveró.
Hizo notar que en materia del control del IEPS de gasolinas y diésel, es una propuesta también fundamental la estrategia para reforzar el contrabando y el robo de combustibles. En el tramo de actuación del SAT y mediante un régimen particular para el IEPS se propone establecer un mecanismo de trazabilidad para reforzar los ya existentes controles volumétricos. “De este modo, internaremos a toda la cadena productiva de esta actividad económica y cerraremos cualquier espacio para la evasión fiscal”. Otra propuesta, son las medidas de control que tienen como propósito combatir de forma frontal a las factureras y la evasión fiscal.
