Greenpeace da a Semarnat propuesta sobre ley ecológica

MILENIO México Representantes de Greenpeace y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostuvieron un primer encuentro, donde los temas centrales fueron el ambiental y energético.

La Organización no Gubernamental (ONG) destacó que en dicha reunión se entregó un paquete de iniciativas de reformas a las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Desarrollo Forestal Sustentable. También se hicieron propuestas para las legislaciones sobre Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de Vida Silvestre y de Cambio Climático, elaboradas por la organización y acompañadas de la argumentación jurídica que las sustenta. El encuentro celebrado el 21 de noviembre, encabezado por Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, es "resultado de la más reciente protesta de Greenpeace (13 de noviembre) en los alrededores de la residencia oficial de Los Pinos”. Lo anterior, en protesta por los reglamentos para el sector energético y ambiental decretados en fecha reciente, indicó Alberto Rojas, vocero de la organización en un comunicado de prensa. De acuerdo a Greenpeace, en el encuentro con funcionarios de la Semarnat se confirmó que el Ejecutivo federal sí presentará un “paquete verde”, es decir, un grupo de iniciativas de reformas legislativas a diversos ordenamientos ambientales vinculados al sector energético. “Greenpeace no pretende imponer sus propuestas, las pone sobre esta mesa para que sean analizadas y, en su caso, tomadas en consideración al momento de la elaboración del “paquete verde” que presentará el Ejecutivo al Congreso de la Unión”, agregó. Sería una verdadera apertura al diálogo constructivo entre la sociedad civil y la Administración Pública Federal, que la dependencia responsable de la política ambiental del país las revise, las conozca y las considere, ya que buscan coadyuvar a elevar el nivel de protección que hoy se tiene en la legislación ambiental”, abundó Rojas. Asimismo se acordó que entre el 1 y 3 de diciembre la Semarnat responderá a cada una de las iniciativas de Greenpeace, e informará cuáles podrían ser incluidas en el proceso de elaboración de reformas legislativas.

Greenpeace, denunciado por primera vez en México

Los activistas protestaron en un edificio de Pemex contra la explotación indiscriminada de hidrocarburos SONIA CORONA México .

La del 1 de marzo iba a ser una protesta sin mayor novedad. Seis activistas de Greenpeace ingresaron a la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Puerto de Veracruz (este de México) y desplegaron desde lo más alto una lona con la imagen del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto – tal y como apareció en la portada de la revista TIME-- pero manchado en petróleo para manifestarse en contra de la explotación indiscriminada de hidrocarburos en el país. A esta acción le siguió la detención ilegal de los activistas durante 29 horas y después una denuncia contra ellos por allanamiento de morada y daños. Se trata de la primera vez que la ONG es señalada por la vía judicial en México. Los seis activistas han sido demandados por el allanamiento al edificio de la petrolera mexicana, pero solo una de ellos enfrenta cargos por daño a una lámpara que podría significar entre cuatro y diez años de cárcel. Su nombre es Rosina González y tiene 26 años, es maestra de educación física y desde hace seis años colabora con Greenpeace. La tarde del 1 de marzo, Rosina descendió en rápel desde uno de los balcones del citado edificio para desplegar la lona, durante el descenso la cámara GoPro de vídeo y fotografía que llevaba sujetada a su casco cayó 40 metros hasta el suelo. Pemex asegura que el dispositivo de 136 gramos rompió uno de los reflectores que rodea el edificio y que este vale unos 6.000 dólares. Antes de que la denuncia fuera presentada, los seis activistas permanecieron detenidos durante 29 horas, tres en las instalaciones de la Marina en Veracruz, tres más a bordo de un vehículo de la Policía Federal y el resto en una celda en el Ministerio Público. La ONG ya ha puesto una queja ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) por la privación ilegal de la libertad del grupo de activistas. Una tímida Rosina cuenta que la incertidumbre durante las horas de arresto soltó las alarmas sobre las acciones legales que la petrolera podría emprender contra el grupo. En el último año, la activista ha participado en protestas en el Senado – descolgándose también en rápel desde una de las tribunas de la Cámara para protestar contra el maíz transgénico—así como en el Zócalo y en la Estela de Luz de la Ciudad de México. En todos los casos, los activistas exhibieron lonas con lemas y fueron “invitados por las autoridades” a abandonar el sitio donde realizaron las diferentes manifestaciones, sin detenciones, ni denuncias de por medio. La protesta en Pemex ha tenido un resultado distinto. “Se me hace muy injusto que traten de criminalizar la protesta y más si es pacífica. Es como un mensaje para que Greenpeace se calle”, comenta Rosina a EL PAÍS.

Rosina González, una de las activistas denunciadas por Pemex. / S.C. La organización pagó unos 7.500 dólares como fianza para que los activistas fueran liberados. El grupo está a la espera de que un juez federal analice su caso, mientras pide a Pemex que retire los cargos. La petrolera ha manifestado que retirará la denuncia sólo si los activistas pagan el costo de la lámpara, pero aún no ha comprobado con la ONG la existencia de los daños, ni que el valor real del artefacto sea de 6.000 dólares. “Por qué se va a pagar algo que no se ha comprobado que nosotros hicimos”, reclama con espontaneidad Rosina. La organización se ha movilizado en las redes y ha logrado reunir unas 26.000 firmas para pedir a Pemex que retire los cargos contra los activistas. La petrolera mexicana ha declinado a comentar sobre el tema. Para Femke Bartels, directora de Greenpeace México, la reacción de las autoridades mexicanas ante la protesta del 1 marzo ha sido desproporcionada. “Lo hacen [ponen una denuncia] porque estamos protestando, porque no les gusta y porque no quieren que lo hagamos de nuevo”, comenta. Bartels ha trabajado para la ONG durante 16 años en cuatro continentes y asegura que la denuncia de Pemex contra los activistas no tiene precedentes. “México en este momento es uno de los países con mayor desarrollo y Peña Nieto está haciendo un gran esfuerzo para atraer inversores para llevar a México a otro nivel, pero al mismo tiempo Pemex actúa como si esto fuera una dictadura donde castigas a cualquier persona que se manifiesta por sus derechos”, expone. Antes que en México, el último país en presentar una denuncia contra los activistas de Greenpeace ha sido Rusia. En septiembre del año pasado, 28 miembros de la ONG y dos periodistas fueron detenidos mientras intentaban llegar a la plataforma petrolera Prirazlómnaya, en el mar de Pechora (al norte de Rusia, cerca del Ártico) también para protestar contra la explotación de hidrocarburos. El Gobierno ruso les imputó cargos por vandalismo por los que podrían ir a la cárcel durante siete años. Y aunque los activistas fueron liberados después de dos meses, su proceso ante los tribunales continúa.