• El diputado López Casarín (PVEM) presentó la iniciativa
respectiva
El diputado Javier López Casarín (PVEM) presentó una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La finalidad es perfeccionar la información que proporcionan
los distintos sujetos que prestan servicios de fe pública, notarios y
corredores, al ser actividades originariamente estatales que se desempeñan por
delegación, identificar de manera efectiva al destinatario final de las operaciones
vulnerables y facilitar la gestión de información como auxiliares del Estado en
la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, destaca.
Para lograr lo anterior, señala que es necesario modificar
las disposiciones aplicables a estos sujetos obligados, a fin de contar con un
marco jurídico adecuado que permita a las autoridades encargadas de aplicar la
Ley atacar de manera efectiva los activos financieros producto de la
delincuencia.
Menciona que el combate del lavado de activos y la
prevención de éste es uno de los ejes principales para enfrentar de manera
efectiva la delincuencia y la impunidad, pues con ello se ataca directamente
las finanzas de los sujetos activos del delito, evita que los recursos
provenientes de actos ilícitos se integren al sistema financiero y, mediante la
apariencia de recursos legales, sean utilizados por sujetos relacionados con la
delincuencia.
El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para
opinión, establece que se considerará como actividades vulnerables a los actos
u operaciones que se formalicen u otorguen con la intervención de una autoridad
judicial, legislativa o administrativa.
Agrega que los notarios y corredores públicos cumplirán las
obligaciones establecidas en esta ley, mediante el ejercicio de su actividad y
la elaboración e integración de sus instrumentos públicos notariales, en los
términos de las leyes locales que regulan su función, recabando en su protocolo
la documentación, información y datos de los usuarios de sus servicios que
determine la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esto sin necesidad de anexos o formularios adicionales,
pudiendo la autoridad competente obtener copias certificadas o constancias de
los instrumentos que obran en el protocolo del notario, al ser solicitadas en
los términos de la ley y sin perjuicio de que los notarios públicos,
opcionalmente, cumplan con la obligación de conservación de documentación e información
de los usuarios de sus servicios, o parte de ella, en expedientes únicos
independientes de su protocolo.
Asimismo, indica que quienes realicen actividades
vulnerables deberán presentar aviso ante la Secretaría de Hacienda cuando los
sujetos o partes del acto de que se trate se rehúsan a proporcionar documentos
personales que los identifiquen.
También, cuando los sujetos o partes involucradas muestran
fuerte interés en la realización del acto u operación con rapidez, sin
expresión de causa o proporcionan datos falsos o documentos apócrifos, siempre
que dichos datos y documentos sean requeridos como esenciales.
De igual forma cuando los sujetos o partes ofrecen sumas de
dinero, bienes y/o servicios adicionales a lo que se tenga derecho a cobrar o
se haya convenido como retribución por la realización de la actividad de que se
trate, las operaciones con organizaciones sin fines de lucro, cuando la
realización de la operación no coincida con su objeto o no tenga relación con
el mismo.
Además, cuando los sujetos o partes involucradas insisten en
liquidar en efectivo el acto u operación rebasando los umbrales permitidos en
esta ley, el no interés manifiesto de las partes por la realización de la
operación o acto de que se trate, cuando realizan múltiples actos u operaciones
del mismo tipo en un periodo de seis meses, contados a partir de la realización
del primero de ellos; en este último caso se deberá presentar un sólo aviso.
Se incluye también cuando el pago de lo debido por el acto u
operación de que se trate es realizado por un tercero sin que se acredite de
modo documental la razón o negocio. Se exceptúan de aviso los pagos hechos por
ascendientes y descendientes consanguíneos en línea recta, sin límite de grado,
del sujeto obligado y del cónyuge.
También, las transferencias sin la identidad del ordenante o
el número de la cuenta origen, cuando el pago del acto u operación de que se
trate sea mediante transferencia internacional de un país que se considere
régimen fiscal preferente, así como operaciones con transferencias o
instrumentos monetarios que provengan de países, territorios o jurisdicciones
de riesgo. Asimismo, cuando el pago del acto u operación sea de un residente
fiscal en el extranjero.
Igualmente, cuando en el caso de bienes inmuebles el valor
de avalúo, y en defecto de éste el valor catastral, excede en más de un diez
por ciento de la contraprestación pactada por la venta o compra, y cuando haya
dos o más operaciones de compra y venta del mismo bien inmueble en un periodo
de seis meses, contados a partir del otorgamiento del primer acto de traslación
de dominio.
• La Diputada Alvarado Murguía (MORENA) plantea reforma
legal en la materia
