Comisión Permanente declara constitucionales las reformas que prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo

• Luego de la recepción de 22 votos aprobatorios de congresos locales, la declaratoria fue remitida al Ejecutivo Federal

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de este miércoles, declaró adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, que prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo.

El Senador Gerardo Fernández Noroña (MORENA), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente declaratoria:

“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, en materia de protección a la salud. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), leyó comunicación del Senado de la República y dio fe del cómputo de votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto.

Informó que se recibieron 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con las reformas constitucionales, se establece que, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

Además, queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4º anterior.

INEGI: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023

Al cierre de 2022, había 3 409 personas como titulares en la Fiscalía General de la República (FGR) y en las Fiscalías Generales Estatales (FGE). De estas, 53.2 % correspondió a hombres y 38.1 %, a mujeres. Para 8.7 % no se especificó el sexo. Además, 40.9 % de los hombres y 36.4 % de las mujeres titulares tenían de 0 a 2 años de antigüedad en el cargo.

Durante 2022, las Fiscalías y/o Procuradurías Generales de Justicia ejercieron un presupuesto total de 67 194.3 millones de pesos.

En el mismo periodo, se iniciaron y/ o abrieron 2 165 775 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, se determinaron 1 976 991 y quedaron pendientes de concluir 2 915 899.

En 2022, la FGR reportó el aseguramiento de 4 234 156 municiones (cartuchos) de uso común, 23 378 armas de fuego y 14 176 148 tabletas o cápsulas de fentanilo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023. Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de cada entidad federativa (FGE). En específico, se centran en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias. El objetivo de estos programas es producir información estadística que se vincule con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

Para esta edición, es importante precisar que se presenta información completa de las instituciones de Procuración de Justicia en las entidades federativas, con excepción de la Fiscalía General del estado de Guanajuato que reservó la información sobre policías ministeriales, investigadores o judiciales, y de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, cuya Dirección General de Administración emitió el acuerdo administrativo AR/11/2023, para reservar la información sobre agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales, investigadores o judiciales y personal administrativo y de apoyo de las áreas sustantivas (agencias del Ministerio Público, servicios periciales y/ o servicio médico forense y de mecanismos alternativos de solución de controversias).

Principales resultados

1) Estructura organizacional y recursos

Al cierre de 2022, de las 33 fiscalías o procuradurías generales de justicia, 25 ejercieron funciones como órganos constitucionales autónomos.

En el mismo periodo, las fiscalías o procuradurías generales de justicia contaron con 4 529 unidades administrativas y/ o agencias o fiscalías del Ministerio Público, 130 en la FGR y 4 399 en las FGE. Del total, 17.8 % (804) correspondió a unidades administrativas; 71.3 % (3 228), a agencias o fiscalías del Ministerio Público y 11.0 % (497), a áreas que fungieron como unidades administrativas y agencias o fiscalías del Ministerio Público.

Con base en su función administrativa, se reportaron 66 unidades en la FGR y 1 235 en las FGE. Estas cifras presentaron un aumento de 8.2 y 11.8 %, respectivamente, en comparación con 2021.

Urgen en el Senado establecer programas de prevención para uso adecuado del fentanilo

• Consumo ilícito provocó, el año pasado, más de 100 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos: Manuel Añorve. 

Senadores, especialistas y académicos demandaron soluciones que permitan responder, desde una visión global, a los desafíos en materia de distribución y uso del fentanilo; además, presentaron propuestas para avanzar en una legislación integral, así como en la creación de políticas públicas.  

En el foro internacional sobre fentanilo “Hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global”, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve Baños, reconoció la urgencia de plantear medidas para garantizar el acceso de opioides para pacientes con dolor por alguna enfermedad crónica o terminal.  

“Una de estas acciones es la regulación del cultivo de la amapola; además, hay que exigir al gobierno un plan de prevención real, pero eso empieza por tener una estadística confiable del consumo de fentanilo en nuestro país, y hay que proponer, desde el Senado, que México busque una estrategia de cooperación global en la materia”.  

Añorve Baños reconoció que el uso de esta sustancia ha generado mucha preocupación por su impacto en varios ámbitos de la vida como la salud, porque, por un lado, es un medicamento necesario para el tratamiento del dolor, ya que es hasta 100 veces más fuerte que la morfina y de aplicación más sencilla. 

Y, por otra parte, dijo, su uso problemático ha provocado una crisis en Estados Unidos, donde tan sólo el año pasado, murieron más de 100 mil personas por sobredosis, debido a que la alta potencia de este opioide hace que dos miligramos, equivalentes a dos granos de sal, sean necesarios para provocarla.  

Mencionó que esta situación afecta a México, porque de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, buena parte del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de nuestro país. 

“Las incautaciones de fentanilo del otro lado de la frontera, en el 2021 y 2022, aumentaron 200%, respecto al 2019 y 2020, superando los 10 mil kilos; tan sólo en lo que va del año, la Secretaría de la Defensa Nacional confiscó más de un millón 800 mil pastillas y 280 kilos de este opioide”.  

Alertó que en México ya hay focos rojos y Tijuana se está convirtiendo en “La zona cero del fentanilo”, por su cercanía con la Unión Americana y por su uso local.    

“Los cárteles de la droga utilizan a las personas en situación de calle, consumidoras de heroína, para probar las dosis de fentanilo, y lo que sucede es que hay cientos de sobredosis y muertes que no se previenen, no se atienden y no se registran como ocasionadas por esta sustancia”.  

El senador del PRI explicó que en este foro participan 10 especialistas de Estados Unidos, Canadá y México, que analizarán, en tres mesas de trabajo, los retos y oportunidades de su uso con fines médicos, así como los retos del comercio ilícito del fentanilo y cómo evitarlo.  

Ángel Manuel Juárez Lemus, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, manifestó que hay dos diferentes tipos de este opioide, el de uso médico, que ayuda a controlar eficazmente el dolor agudo, y el de uso ilícito, que es el que mata a las personas. “Por lo que es importante que haya médicos capacitados en su uso y manejo de las dosis, para evitar sobredosis médicas”.  

María del Rocío Guillén Núñez, del Instituto Nacional de Cancerología, dijo que 50% de pacientes de cáncer, requieren de un analgésico potente como el fentanilo, por lo cual no se puede permitir que exista una mayor restricción en su uso médico. 

Jonathan Rosen, especialista de la Universidad de New Jersey, reconoció que Estados Unidos es el primer consumidor de drogas en el mundo, por lo que en cierta forma, es corresponsable de la crisis que enfrenta por el uso del fentanilo.  

“Los fallecimientos asociados al consumo de opioides en México en 2020, es de 26, mientras que en Estados Unidos es de 68 mil 630; y en 2021 se registraron 19 muertes en México, pero en Norteamérica fueron 80 mil 411. En el mundo, 61.3 millones de personas usaron opioides durante el 2020”.  

Rosa Icela en Washington

En opinión de Valeria Martínez Guzmán

Abril 2023.- El fentanilo es un fármaco que se utiliza como droga ilegal, un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Es la droga que tiene en alerta máxima a las autoridades de Estados Unidos, ya que su consumo ha ido en aumento sostenido y ha causado miles de muertes en la Unión Americana.

El Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que la facilidad de fabricación y los bajos costos de producción, al igual que la escasa regulación de muchos de los análogos del fentanilo o de sus precursores mantienen la disponibilidad de esas sustancias en los mercados farmacéuticos y en los mercados ilícitos, lo que dificulta su detección y la prevención de su consumo.

En el informe de Cero Impunidad presentado en el mes de marzo pasado señala que del 6 al 20 de febrero de 2023, se aseguraron 35.2 millones de dosis de fentanilo con un peso de 65 kilos, es decir; el número de dosis de fentanilo aseguradas en el país aumentó casi nueve veces en comparación con lo decomisado en el periodo anterior, al incrementarse de 35.2 millones de dosis a 302 millones, un aproximado de 857 por ciento.

Derivado de esta crisis de esa sustancia que ha causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos, el gobierno americano, el gobierno canadiense y el gobierno mexicano han establecido mecanismos de coordinación, en el Marco del Entendimiento Bicentenario.

Aunado a esta coordinación y como parte de estos esfuerzos en el combate a esta epidemia de opioides, el 12 de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal creó mediante decreto la “Comisión Presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego, y sus municiones”,  la cual esta integrada por el presidente de la República, por funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Salud, Seguridad y es presidida por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez . 

Esta comisión presidencial, acudió a Washington la semana pasada para una reunión de alto nivel con autoridades encargadas de atender la crisis de fentanilo. Lo destacable de esta reunión fue el liderazgo de la “Zar antifentanilo” , la secretaria Rosa Icela Rodríguez, la cual señaló ante los funcionarios de América del Norte que, la estrategia a seguir ante esta terrible crisis de salud y seguridad; es buscar una solución en conjunto, es decir una solución binacional, aumentando incautaciones de drogas y armas, continuando con la detención de objetivos prioritarios, desmantelando sus redes financieras y debilitando la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado. Así como, compartiendo información para reducir el tráfico de armas y municiones, sin dejar de lado los esfuerzos para bajar el consumo de drogas sintéticas; frenando el tráfico ilegal de precursores químicos, y fortaleciendo su control y la aplicación de sanciones.

En resumen, generando una mayor operación y coadyuvancia pero siempre con la claridad de que todo lo anterior, se llevará a cabo en el marco de una relación entre iguales.

La funcionaria federal representó de manera responsable y soberana a nuestro país, señalando que:

“El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor, frente a un pequeño grupo que hace propuestas inviables e inaceptables en lo que debe ser un esfuerzo, no de agresión sino de cooperación permanente.”

Sin duda, el papel de  la secretaria en Washington representó un golpe de liderazgo y de defensa de nuestra soberanía, porque esta crisis ha permeado en los sectores de salud, seguridad y educación; comprometiendo el futuro y la seguridad de cientos de miles de jóvenes, por ello es esperanzador que una funcionaria todo terreno como Rosa Icela Rodríguez sea quien encabece estos esfuerzos para atender la crisis de fentanilo, si desde un enfoque de seguridad pero sobretodo, con un enfoque de prevención; sin perder de vista que el objetivo primordial de estos esfuerzos coordinados es la construcción de paz.