México tendrá 'zar' para buscar a desaparecidos

MILENIO México México accederá a las demandas de la ONU. A casi seis meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y tras ser blanco de fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el gobierno federal responderá con la creación de un zar con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escalanacional y una nueva ley de mano dura, con penas de casi 50 años de prisión para sicario, policía, militar o servidor público que desaparezca a una persona.

Las penas y la creación de un mando único en materia de búsqueda están incluidas en el borrador de la nueva Ley General de Personas Desaparecidas, del cual MILENIO posee una copia. Entre otros puntos, la legislación aborda temas como colaboración de ciudadanos en las investigaciones, castigo a la obstrucción de pesquisas, creación de bancos de datos genéticos de cadáveres a nivel federal y estatal, severidad de penas, reparación de daños a las familias de las víctimas, derecho a la verdad y destino de bebés de personas desaparecidas. Los detalles finales de la iniciativa están siendo afinados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En las próximas semanas la propuesta será presentada ante el Congreso de la Unión con miras a que sea aprobada antes de que termine el año, adelantó Julio Hernández Barros, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas del gobierno de la República. "Una de las obligaciones que emitió el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU al Estado mexicano fue la creación de una ley general de personas desaparecidas y en la Comisión Ejecutiva prácticamente en tiempo real aceptamos las recomendaciones. Ofrecimos cumplirlas y en eso estamos trabajando", dijo. El comisionado explicó que el nuevo zar, que probablemente formará parte de la PGR, tendrá el poder de articular bajo un mando único las labores de localización de desaparecidos a escalas federal, estatal y municipal, eliminando trabas burocráticas y duplicidades. Encabezará una unidad con presupuesto y personal propios, dotada de tecnología de punta y con la facultad de girar órdenes a funcionarios de otros estados sin importar jurisdicciones. La idea es concentrar esfuerzos en donde ahora existe una frustrante atomización de recursos dada la naturaleza fragmentada del sistema federal mexicano. "Nosotros hemos notado que la (actual) unidad de búsqueda de la PGR atiende solo a 600 de las 22 mil personas que se reportan desaparecidas y que algunos estados, salvo Coahuila, y Nuevo León, no están haciendo una búsqueda real de personas desaparecidas", detalló Hernández Barros. "Las autoridades estatales se echan una a otra la bolita y realmente no buscan a las personas desaparecidas, de manera que hay que crear este mando único con toda la fuerza del Estado, dotado de todos los recursos económicos materiales y humanos, y sobre todo tecnología de punta de última generación que permita unificar la búsqueda de las personas". Un ejemplo sirve para detallar la problemática que busca subsanar la nueva figura de mando único para localización de desaparecidos: un habitante de la ciudad de México viaja rumbo a Monterrey y desaparece en la ruta. ¿A quién corresponde la investigación? ¿Es federal o le compete a cualquiera de los 4 estados y 30 municipios que cruzó? Bajo la configuración actual, muchas veces los casos caen entre los engranajes de jurisdicciones diferentes. Con la nueva ley, no habría duda en la respuesta: tocaría al fiscal, un hombre o mujer que en teoría podría concentrar poderes y movilizar grandes recursos para resolver un caso de desaparición lo antes posible. UNA NUEVA LEY En febrero pasado, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas examinó a México, tras lo que emitió una recomendación de 50 puntos que se constituyó en una fuerte crítica al Estado mexicano, ante las deficiencias detectadas por los expertos de la ONU en el marco legal nacional. En particular, se deploró la impunidad que reina en lo que se refiere a desapariciones forzadas, con solo media docena de funcionarios sentenciados a prisión por este delito en todo el país. En respuesta, la CEAV y la CNDH comenzaron a preparar una ley para atender las exigencias de Naciones Unidas y subsanar los déficits legales del país. La legislación resultante tipificaría por primera vez a nivel nacional dos variantes de desaparición: la forzada y la de particulares. En cuanto a la primera, que involucra a funcionarios públicos —por ejemplo, policías o militares—, el castigo irá de 15 a 45 años de prisión. En lo que toca a la segunda, que en su caso aplicaría a sicarios y civiles coparticipes en el crimen, irá de 12 a 40 años, con posibles agravantes, como tortura o violación. A mayor detalle, de haber existido esta ley cuando ocurrió la masacre de normalistas en septiembre del año pasado, los policías municipales de Iguala y Cocula que participaron en la desaparición de los estudiantes habrían recibido hasta 45 años de prisión en un primer cargo, mientras que los sicarios pertenecientes a Guerreros Unidos que colaboraron en la destrucción de los cuerpos habrían sido castigados con 40 años. Hoy, ante la ausencia de un marco legal claro que permita acusarles de desaparición forzada, a personajes como José Luis Abarca y su esposa se les han imputado delitos como secuestro u homicidio. La ley bajo confección toma como antecedentes legislaciones y experiencias de varios países en materia de combate e investigación de desapariciones forzadas y establece una serie de lineamientos para enfrentar las distintas aristas de este tipo de delito. Así, el artículo 17 contempla hasta 20 años de prisión para quien obstruya a las autoridades en la búsqueda de un desaparecido, quien intimide a una víctima o no dé aviso a la autoridad de la comisión de una desaparición. El artículo 18, en tanto, castigaría con tres a cinco años de prisión a todo funcionario que, teniendo a su cargo un inmueble —como un cuartel militar o una base policiaca—, permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima. "Hemos tomado mucho en cuenta la experiencia chilena en la época de (Augusto) Pinochet, la guerra Serbio-Bosnia, la experiencia de la lucha contra las drogas y también hemos tomado muy en cuenta el decir de las propias víctimas. Al final de cuentas, en muchos de los casos, la búsqueda de las personas la realizan los mismos familiares con recursos propios ante la ineficacia de los estados para buscar a las víctimas", detalló Hernández Barros. En materia de la severidad de las sentencias, la ley se presenta con un corte inflexible. El artículo 20 deja en claro que todos y cada uno de los delitos que contempla la nueva legislación serán calificados de graves y no serán susceptibles, sin excepción alguna, a perdón, indulto o amnistía. Quienes sean condenados no tendrán derecho a libertad bajo caución, conmutación de pena o ningún otro beneficio que reduzca la sentencia. Los artículos 21, 22, 23 y 24 definen la desaparición forzada como un delito imprescriptible en el que no habrá atenuantes como la obediencia por razones de jerarquía o instrucciones recibidas por superiores, es decir, ningún policía o militar que desaparezca a una persona podrá argumentar que "solo estaba siguiendo órdenes". Tampoco podrán invocarse circunstancias de excepción como amenaza de guerra o inestabilidad política interna. Y en todo momento, las autoridades que investiguen el delito deberán presumir que las víctimas están vivas. Otro elemento sudamericano de la ley está tomado directamente de la experiencia sufrida por Argentina en la sustracción de bebés o hijos de víctimas de desaparición forzada, una práctica que llevó a que numerosos niños de personas asesinadas fueran adoptados ilegalmente por funcionarios gubernamentales vinculados en su mayoría a la dictadura de Jorge Rafael Videla. Para este tipo de desaparición continuada, combatida ejemplarmente en Argentina por las Abuelas de Plaza de Mayo, la nueva ley mexicana advierte en el artículo 18: "A quien mantenga oculto o no entregue a su familia al infante que nazca durante el período de desaparición de la madre, se le impondrá una pena de 15 a 45 años de prisión y de 500 a 750 días de multa".

Es inaceptable que peritos argentinos quieran sembrar dudas: PGR

MILENIO Ciudad de México La Procuraduría General de la República descalificó las "especulaciones" y comentarios "lejanos" a la realidad y sin "sustento" que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), quien aseguró que el Ministerio Público federal incurrió en imprecisiones en la recolección y procesamiento de pruebas en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La dependencia federal recordó que el equipo de especialistas extranjeros fueron aceptados a la investigación sólo por el interés de los familiares de los estudiantes, a pesar de que sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, "por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos". La institución que encabeza Jesús Murillo Karam dijo que no es aceptable que los argentinos busquen "sembrar la duda" de que en el basurero de Cocula no fueron ejecutados e incinerados los estudiantes. "La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa (del 27 de enero del 2015), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría", afirmó la dependencia en un comunicado. Los argentinos, abundó la PGR, "no son autoridad" en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas "rebasa" las funciones que le fueron asignadas. La PGR precisó que el equipo argentino no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior. "La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan, aún cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia", mencionó la institución. Subrayó que además del agente del Ministerio Público de la Federación que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un fiscal de la PGR, buzos de la Secretaría de Marina y más de cien personas de diversas instituciones del gobierno federal resguardando la zona. "Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF", puntualizó. Con relación al señalamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la representación social de la federación señaló que el equipo de peritos "no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético". Detalló que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, "por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados". Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se dejó claro que el EAAF no fue convocado, "dado que no" se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes. La Procuraduría General de la República detalló que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el Equipo Argentino de Antropología Forense participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. "A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas". La PGR exhortó a los argentinos a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa. "Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación, por tal razón, pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares". Sin embargo, señaló la dependencia, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación. La PGR mencionó que quienes llegaron primero al basurero fueron los miembros del equipo argentino, y quien los recibió fue el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición. "Respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de transcripción, fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que 'no hubo una explicación clara al respecto'. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones", agregó. Sobre la aseveración realizada en el comunicado en la que señalan que "la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014", en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros. "De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad", puntualizó. Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula, son parte de las evidencias aún en estudio. "Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos. Hoy la Procuraduría General de la República ha trabajado únicamente con información de perfiles genéticos aportados por la Fiscalía del Estado y por el propio EAAF. Sin omitir que de las declaraciones de los propios autores materiales del multihomicidio se desprende que en dicho lugar habían realizado ejecuciones previamente". La Procuraduría General de la República aclaró que no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos, y reitera, que se ejerció acción penal en contra de quienes confesaron con detalles el secuestro y homicidio de los estudiantes normalistas, en los plazos que marca la ley y que son irreductibles, con base en todas las evidencias encontradas, las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas. "Por el contrario, de atender los argumentos poco sustentados que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha publicado, no se habría podido ejercer acción penal en contra de los autores de este trágico evento, lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad mexicana", enfatizó. La PGR finalizó diciendo que en todo momento ha actuado con transparencia y profesionalismo, permitiendo que los familiares y sus representantes, así como el propio equipo argentino, colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos que comprenden la investigación, y manifiesta que seguirán haciéndolo, porque lo que la Procuraduría busca es que se haga justicia.

Imágenes impactantes: Choques entre policías y manifestantes por Ayotzinapa

RT Los violentos enfrentamientos entre la Policía Federal de México y los manifestantes durante los preparativos para un concierto en solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, han dejado al menos 25 heridos.

La Policía ha denunciado ante la procuraduría General de México la agresión a varios agentes en los choques producidos durante las manifestaciones populares que han venido exigiendo justicia ante la desaparición de los estudiantes.

La Policía ha denunciado ante la procuraduría General de México la agresión a varios agentes en enfrentamientos de policías federales con estudiantes y maestros en Chilpancingo, capital del sureño estado mexicano de Guerrero, informaron fuentes de seguridad citadas por Efe.

Las fuentes de la Policía Federal indicaron que los estudiantes y maestros irrumpieron en la madrugada de este domingo en un hotel donde se alojan miembros de esa corporación y secuestraron a tres de ellos, a los que golpearon y abandonaron posteriormente en las calles de la ciudad. Según esta versión, cinco agentes que habían salido en busca de sus compañeros secuestrados fueron atropellados por una camioneta que supuestamente era conducida por los inconformes. Posteriormente, los policías se enfrentaron a golpes con los manifestantes, ocho de los cuales resultaron heridos. Sin embargo, maestros y estudiantes aseguraron que la violencia se inició cuando los policías los agredieron mientras colocaban vallas para la realización de un concierto de rock en apoyo a las protestas por la desaparición de 43 alumnos de una escuela rural para maestros ocurrida en septiembre en Guerrero.