Entrega Gobierno del EdoMéx 1,450 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos para que continúen sus estudios

• La acción, encabezada por la SECTI, Consejería Jurídica y la CEAVEM, se realizó de manera simultánea en 15 sedes del Estado de México.

• El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez destinó 15.9 mdp; cada persona beneficiaria recibe 11 mil pesos en una sola exhibición, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Toluca, Estado de México.– El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez entregó mil 450 “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica a Personas Víctimas y Ofendidas del Delito”, con el propósito de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México continúen con sus estudios.

El evento, realizado en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, fue encabezado por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI); Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica, y Antonio Rodríguez Beiza, encargado de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

En su intervención, Hernández Espejel señaló que la SECTI destinó 15 millones 950 mil pesos para otorgar las mil 450 becas para evitar el abandono escolar, desde preescolar hasta nivel licenciatura. Cada beneficiario recibe 11 mil pesos en una sola exhibición, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Enfatizó que la escuela debe ser el primer espacio de estabilidad, de acompañamiento y de esperanza para las personas víctimas de delitos. Por ello, estas acciones se fortalecen con la Red Interinstitucional del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), que coordina esfuerzos para promover entornos escolares seguros, incluyentes y respetuosos, así como la cultura de paz, derechos humanos e igualdad de género en las comunidades educativas.

Por su parte, Jesús George Zamora informó que las becas se entregaron de manera simultánea en 15 sedes, en beneficio de 980 estudiantes de nivel básico, 336 de preparatoria y bachillerato, así como 134 universitarios. Asimismo, les reiteró que el Gobierno estatal mantiene el firme compromiso de acompañarlos en la construcción de su futuro, donde la educación será la base de su desarrollo y bienestar.

“Esa es la encomienda que nos ha dado nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez: llegar a quienes más lo necesitan para transformar su realidad, asegurando que el poder de servir sea el camino de esperanza y justicia que requieren nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Por su parte, el encargado de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Antonio Rodríguez Beiza, habló de la labor que realiza el personal de la CEAVEM, en particular el trabajo comprometido de las y los trabajadores sociales quienes acompañan de manera directa y cotidiana a las víctimas que resultaron beneficiadas con estas becas.

Piden ampliar temporalidad de las medidas de protección a víctimas de delitos

• La Diputada Román Ávila (MORENA) propone reformas legales en la materia

La Diputada María Guadalupe Román Ávila (MORENA) impulsa reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las medidas de protección y las providencias precautorias tengan una duración “mínima” de 60 días naturales y éstas sean prorrogables “las veces que sea necesario”.

La iniciativa señala que actualmente los artículos 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen que dichas medidas tienen una duración de “hasta” 60 días, prorrogables “por 30 días más”, lo que es insuficiente y limita el actuar de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Por ello, agrega, es necesario ampliar la temporalidad de las medidas de protección en favor de las víctimas de los delitos y de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal, porque en la mayoría de los casos, tienen que regresar a las oficinas del Ministerio Público a renovar las medidas de protección ante el eminente peligro.

Enfatiza que es imprescindible ajustar los preceptos jurídicos que regulan el marco de actuación del Ministerio Público para que brinden a la víctima una protección más amplia que en derecho proceda, sobre todo cuando el imputado presente un riesgo eminente en contra de la seguridad y bienestar de la víctima, con el fin de proteger sus derechos humanos en términos de la Constitución Política y de los tratados internacionales que el Estado tiene obligación internacional de cumplir.

El documento resalta que las medidas de protección son para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, no es factible ni permisible que la misma ley limite la temporalidad de dichas medidas de protección; en cambio, debe favorecer los principios y modalidades para garantizar la mayor protección de los derechos humanos, el desarrollo y el bienestar, conforme a los principios de igualdad y seguridad.

Recalca que dichas medidas son un tema primordial y de vital importancia cuando se trata de salvaguardar la integridad de las víctimas, ofendidos, testigos de cargo y, en general, de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal, principalmente en los casos de violencia familiar y de género que ameriten que las autoridades competentes dicten, motivadamente, la aplicación de órdenes cautelares.

Ante ello, es importante reformar dichas normas legales y hacer que las medidas de protección sean prorrogables por el tiempo y las veces que sea necesario.