INEGI: Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal

Al cierre de 2024, a nivel nacional, se registraron 5 216 personas juzgadoras: 43.9 % mujeres y 56.1 % hombres

• A precios constantes de 2018, los poderes judiciales federal y estatales ejercieron 99 234.9 millones de pesos en 2024, 0.4 % más que en 2023.

• Durante 2024, ingresaron 16 370 asuntos jurisdiccionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 48.3 % correspondió al amparo directo en revisión.

• Ingresaron 194 357 amparos directos a los Tribunales Colegiados de Circuito y 640 161 juicios de amparo indirecto a los Juzgados de Distrito, lo que representó una disminución de 6.9 y 5.4 %, respectivamente, en comparación con 2023.

• En los poderes judiciales estatales ingresaron 2 205 864 asuntos en las materias penal, justicia para adolescentes, civil, familiar y mercantil, y se determinaron y/o concluyeron 1 403 597.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E) 2025. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de la Federación (PJF): Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los Tribunales Agrarios,1 así como del Poder Judicial de cada entidad federativa (PJE). Específicamente, en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para personas adolescentes, justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, servicios periciales y/o servicio médico forense y defensoría pública. Su objetivo es producir información estadística que se vincule con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

I. Personas magistradas y juzgadoras

Al cierre de 2024, a nivel nacional se reportaron 1 416 personas magistradas: 32.2 % mujeres y 67.8 % hombres. Asimismo, se registraron 5 216 personas juzgadoras: 43.9 % mujeres y 56.1 % hombres. En el CJF, la proporción de mujeres magistradas fue de 23.6 %, mientras que la de mujeres juzgadoras fue de 38.9 por ciento. En el ámbito estatal, la mayor proporción de mujeres magistradas se registró en el Poder Judicial de Tlaxcala, con 66.7 %, mientras que la mayor proporción de mujeres juzgadoras se registró en el Poder Judicial de Yucatán, con 71.2 % (ver tabla 1).

1 Aunque el CJF cesó sus funciones a partir del 1 de septiembre de 2025, la información de referencia del CNIJF 2025 corresponde a 2024. La información sobre Tribunales Agrarios se publicó el 3 de julio de 2025 y se encuentra disponible para consulta en la página del Censo https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2025/

II. Presupuesto ejercido

En 2024, el presupuesto total que ejercieron el PJF y los PJE fue de 134 006 467 063 pesos corrientes: 81 381 382 908 pesos correspondieron al PJF y 52 625 084 155, a los PJE. Del total ejercido por el PJF, 88.6 % correspondió al CJF.

A precios constantes de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2024 el PJF y los PJE fue de 99 234.9 millones de pesos: 60 264.8 millones correspondieron al PJF y 38 970.1 millones, a los PJE. En comparación con 2023, la cantidad de presupuesto ejercido aumentó 0.4 % (ver gráfica 1).

III. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Durante 2024, ingresaron 16 370 asuntos jurisdiccionales a la SCJN y egresaron 13 979. Al comparar con 2023, la cantidad total de asuntos jurisdiccionales ingresados y egresados disminuyó 4.9 y 6.9 %, respectivamente. Según el tipo de asunto o procedimiento jurisdiccional, la mayor proporción correspondió al amparo directo en revisión, con 48.3 % en los asuntos ingresados y 61.7 % en los egresados (ver tabla 2).

IV. Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito

En 2024, ingresaron 428 572 asuntos jurisdiccionales a los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) y egresaron 387 798. En comparación con 2023, la cantidad de asuntos ingresados y egresados disminuyó 18.7 y 18.0 %, respectivamente. Según el tipo de asunto jurisdiccional, la mayor proporción correspondió al amparo directo, con 45.3 % en los asuntos ingresados y 40.6 % en los egresados. La cantidad de amparos directos ingresados a los TCC disminuyó 6.9 % en relación con 2023 (ver tabla 3).

En el mismo periodo, los asuntos jurisdiccionales más frecuentes que atendieron los Juzgados de Distrito (JD) fueron los procesos civiles o administrativos federales, con 810 259 asuntos ingresados y 793 457 egresados. Siguieron los juicios de amparo indirecto, con 640 161 ingresos y 597 068 egresos. En contraste con 2023, la cantidad de ingresos de procesos civiles o administrativos federales aumentó 252.4 %, mientras que la de juicios de amparo indirecto disminuyó 5.4 % (ver tabla 4).

V. Poderes Judiciales Estatales

Durante 2024 a nivel nacional se reportaron 2 205 864 asuntos ingresados y 1 403 597 determinados y/o concluidos por los órganos jurisdiccionales de los PJE en las materias penal, justicia para adolescentes, civil, familiar y mercantil. Con respecto a 2023, los asuntos ingresados disminuyeron 1.2 % y los determinados y/o concluidos aumentaron 1.9 % (ver tabla 5).

VI. Impartición de Justicia en Materia Penal en el Sistema Penal Acusatorio

Durante 2024, ingresaron 269 508 causas penales en el Sistema Penal Acusatorio y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: 15 248 al CJF 2 y 254 260 a los PJE. En contraste con 2023,3 el total de causas penales ingresadas aumentó 0.9 por ciento. En el mismo año, se registraron 156 023 determinaciones y/o conclusiones: 10 879 en el CJF y 145 144 en los PJE. En comparación con 2023,4 el total de conclusiones aumentó 5.4 por ciento. Del total de causas penales ingresadas a los órganos jurisdiccionales de los PJE, Baja California, Sonora y Nuevo León concentraron 10.9, 9.3 y 8.8 %, respectivamente. En cuanto a las determinaciones y/o conclusiones, Nuevo León, Ciudad de México y Sonora concentraron 14.2, 13.0 y 10.9 %, de forma respectiva (ver tabla 6).

2 En el ámbito federal no se atienden causas penales en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

3 En el periodo referido se reportaron 266 977 causas penales ingresadas.

4 En el periodo referido se reportaron 148 093 determinaciones y/o conclusiones registradas en las causas penales.

Convocatoria para elegir a jueces, ministros y magistrados se emitirá en tiempo y forma: Fernández Noroña

* El Poder Judicial se niega a entregar información que se requiere para la emisión del documento, señala el senador

El Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que, a pesar de la “reticencia” del Poder Judicial, la convocatoria para elegir a jueces, ministros y magistrados, por el voto universal, secreto y directo de las y los ciudadanos, se emitirá en tiempo y forma.

En conferencia de prensa, dio a conocer que desde el pasado 18 de septiembre, le envió un oficio a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, donde se le solicita el listado para determinar los cargos a elegir por los circuitos federales en el proceso electoral de 2025.

Sin embargo, señaló, se niega a entregar la información, da “respuestas burocráticas y pone obstáculos para cumplir con esta disposición constitucional, pero esto no impedirá que se instrumente la reforma, ni evitará que se lleven a cabo los comicios del primer domingo de junio del siguiente año.

Por ello, hizo un llamado al Poder Judicial para que deje de resistirse, ya que no tiene sentido, y desde hace tiempo ha incumplido con sus responsabilidades constitucionales.

Fernández Noroña subrayó que, ante la falta de respuesta sobre la petición, ayer se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el secretario técnico de la Mesa Directiva, Rubén Cayetano, a quien “le dijeron que tenían, por ley, 15 días hábiles para responder; o sea que, según ellos, les quedan seis días hábiles”.

El presidente del Senado de la República detalló que en el oficio se le solicita al CJF un listado impreso y en formato electrónico sobre la totalidad de los cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las y los magistrados de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El senador indicó que parte de la información es pública, como el número de cargos y la persona titular; pero hay cosas que no lo son, como el hecho de si la persona juzgadora ha decidido participar en el proceso de elección o se piensa retirar, y esos datos la tiene el Consejo de la Judicatura.

“La convocatoria prácticamente ya está. Nosotros tenemos información de la estructura del Poder Judicial, pero, hay alguna información detallada que es necesaria para la convocatoria. Todavía contamos con un plazo de 10 días para su emisión”, puntualizó.

Adelantó que, además de este oficio, hoy hablará por teléfono a la oficina de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, para tratar el asunto directamente.

Integrantes del CJF, abogados y académicos analizan el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”

• En Saltillo, Coahuila, se desarrolla el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

Integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como académicos, abogados y representantes de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en Saltillo, Coahuila, externaron posturas sobre el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”, como parte del octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

La reforma favorece la separación de poderes

La Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, expresó que la reforma al Poder Judicial fortalece su independencia y el principio rector de la separación de los poderes. También, democratiza el acceso a la función judicial, sustenta en la voluntad soberana del pueblo el nombramiento de los jueces y acota la permanencia en los cargos, con lo que se evita la generación de espacios de influencia, autoritarismo, privilegio y corrupción.

Indicó que los cambios al sistema judicial no pueden limitarse a la transformación de los órganos y competencias de los tribunales que integran la Judicatura tanto nacional como local, y precisó que se requiere brindar a los solicitantes de apoyo jurídico un servicio de calidad, suficiente y eficaz. La defensoría pública deberá pasar de una simple y oscura dependencia a un activo fundamental que coadyuve a la mejora del sistema judicial.

Agregó que, en el marco de una reforma estructural y profunda del sistema judicial, el papel del abogado es de gran importancia porque es un baluarte de la defensa y gestión de los derechos de las personas.

Por ello, añadió, los colegios de abogados están llamados a ser caja de resonancia de los problemas para contribuir al adecuado y eficiente desempeño profesional de sus integrantes. Es “inmenso el reto, pero debemos confiar en que las organizaciones de abogados sabrán adecuarse y ser colaboradores para ser una nueva historia de justicia”.

El Poder Judicial no investiga delitos

El Magistrado y Consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, insistió en que el Poder Judicial no investiga delitos ni está encargado de la procuración de justicia, esa responsabilidad recae en el Ministerio Público, cuya labor investigadora se aleja mucho de lo que se requiere para sustentar una sentencia de condena para el delincuente, “pero lamentablemente esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación”.

Señaló que el discurso de culpabilidad hacia el Poder Judicial “no solo es injusto”, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas que definitivamente no se solucionan extinguiendo una institución como es el Consejo de la Judicatura Federal, que durante casi 30 años ha sido un garante de la independencia y de la carrera judicial, “y mucho menos despidiendo de la noche a la mañana a todos los juzgadores federales y locales bajo el argumento de que con esto, todos los problemas estructurales de seguridad y justicia se van a solucionar”.

Nosotros, dijo, “no necesitamos una reforma en los términos propuestos, lo que necesitamos es una reforma que fortalezca a organismos internos como la defensoría pública para acercar la justicia a la gente”.

Se manifestó por contar con un presupuesto suficiente y seguro para ampliar y capacitar a la plantilla de defensores públicos y asesores jurídicos, con el fin de atender a los usuarios de primer contacto, a las personas imputadas y a los más de 74 mil servicios de asesoría gratuita.

Ninguna defensa es efectiva frente a una Judicatura temerosa

Taissia Cruz Parcero, Magistrada de circuito y Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expresó que en México la defensa pública y de calidad es un derecho de todas las personas; el IFDP cuenta con autonomía técnica y de gestión, laboran más de 3 mil personas, de las cuales 874 son defensoras especializadas en materia penal y 316 son asesoras jurídicas.

Indicó que de 2023 a abril de 2024 atendieron a más de 74 mil personas en asuntos penales y casi 60 mil en el área de asesoría jurídica, principalmente personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas migrantes, así como niñas, niños, adolescentes. Además, la paridad salarial entre fiscalías y defensorías no es un principio constitucional cumplido.

“Es preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas en los tribunales y que tiene como efecto perverso anular el gran valor de principios constitucionales básicos como: legalidad, debido proceso, imparcialidad, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad persona y proporcionalidad de personas. Ninguna defensa puede ser efectiva frente a una Judicatura temerosa. Sin independencia judicial no hay defensa”, añadió.

Con el interés de mejorar los derechos de acceso a la justicia y una adecuada defensa, planteó reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión emita una Ley General que homologue los servicios de defensa pública en materia penal y en todas las demás materias, establezca la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las Federación y las entidades federativas, garantice la autonomía técnica y se aseguren las asignaciones presupuestales para cumplir con la paridad salarial, además de tener personal suficiente y capacitado.

Problemas en el sistema de justicia

El Coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, señaló que los problemas centrales del sistema de justicia son los retrasos y demoras en la solución de conflictos, pues los formalismos impiden resolver de manera eficaz. “Aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte y la descomposición del sistema depende de muchos factores.

Mencionó que existe un vacío respecto a la vigilancia de la profesión y los colegios de profesionistas no cuentan con las herramientas normativas suficientes para poder evaluar e incentivar el adecuado ejercicio de la profesión. La propuesta de reforma al artículo 17 constitucional para imponer plazos fatales en la justicia, no va a brindar soluciones y sólo llevará a privilegiar los formalismos frente al fondo de la controversia.

La defensoría no debe ser la herramienta de ningún poder

Sandra Lucía Rodríguez Wong, Candidata al Doctorado en Derecho Constitucional y catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó que la defensoría no debe ser herramienta de ningún poder, sino un baluarte de la democracia. Consideró imperativo implementar un sistema de formación continua para defensores que garantice su competencia y compromiso.

Comentó que es crucial fomentar una cultura de prevención y conciliación. Opinó que es esencial asegurar que la defensoría cuente con recursos suficientes para que su funcionamiento sea independiente de influencias políticas de cualquier tipo. “La falta de recursos trae problemas operativos como la falta de personal para atender asuntos”.

Defensoría pública, primer contacto con las y los ciudadanos

El Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Arturo Valls Esponda, apuntó que la defensoría pública es muchas veces el primer contacto con las y los ciudadanos que están en la angustia, en el infierno de un conflicto; por eso estimó que ahí es donde se debe hacer un diagnóstico certero, porque es lo que le hace falta al sistema de justicia.

Sostuvo que no puede ser que todos los conflictos se estén resolviendo en los juzgados, “eso es lo que nos tiene las tuberías procesales atascadas, necesitamos diagnóstico de conflicto eficiente”. La defensoría de oficio debe ser uno de los primeros respondientes; de ahí que se requiere dotar de herramientas, destrezas y habilidades de la mediación, y hacer ese primer diagnóstico que pueda dirigir y gestionar cada uno de los conflictos.

Regular la colegiación

Juan Guillermo Ávila Sarabia, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, destacó la importancia de integrar en la reforma la colegiación obligatoria para los egresados de las carreras de derecho, es decir regular normativamente a todos los colegios de abogados. “Es algo que hemos tratado de impulsar y conminamos a que, como parte de la reforma judicial, se integre”.

Opinó que no se puede contemplar una verdadera reforma a la impartición de justicia sin que exista una ley que regule la abogacía y a todos los actores; “debemos ponernos límites, pero también tener derechos “para ejercer la defensa de la defensa”. No hay una norma o límites de restricciones que digan hasta dónde debemos actuar o no, hay estados en donde no existen aranceles para regular los cobros de abogados”.

Que no termine la carrera judicial

En representación de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Diana Berenice López Gómez, comentó que se ignora a los trabajadores y no se les da la oportunidad de expresar su sentir real; sí han invitado a los líderes y a quienes forman la cúpula, pero “nosotros somos los que hemos resentido los recortes presupuestales. Estamos indignadas e indignados porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías”.

Indicó que el proyecto de reforma no tiene una separación real ni un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, el Poder Judicial local y el Poder Judicial de la Federación. “No queremos que se termine la carrera judicial. Nosotros no tenemos acceso a los partidos políticos y trabajamos más de 12 horas continuas. Somos personas patriotas, no somos corruptos. Queremos que nos incluyan, no se trata de prestaciones, sino de profesionalizar”.

Abrir las especializaciones jurídicas

Rogelio Rodríguez Garduño, Analista Jurídico y Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, planteó abrir las especializaciones jurídicas y que el Estado se haga cargo de ver que un abogado penalista sea realmente penalista, a través de “cuatro años en un juzgado, cuatro en una fiscalía, con un centro de enseñanza y una certificación que diga que ése abogado es experto en materia penal”.

Dijo que es importante crear la Defensoría General de la República con una estructura homóloga y semejante en formación y sueldos a la que tendrían los jueces y magistrados y a la Fiscalía General de la República. Necesitamos, agregó, una carrera judicial de verdad, porque “se llega a ser secretario por examen de oposición o actuario y nunca se va a ejercer, sino hasta que el juez o magistrado lo designe”.

Tumbar la carrera judicial no es idóneo

El Titular del Área de Derecho Administrativo de Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, comentó que los jueces también deben estar a debate técnico, así como los abogados litigantes, postulantes y el público en general. “Se busca reformar al Poder Judicial, pero temas como las fiscalías siguen estando olvidados en el debate; hasta que no se ingresen, no se puede tener una solución a medias”.

Sugirió que tumbar la carrera judicial no es idóneo en términos generales cuando se tiene el problema que actualmente los puestos más altos, cuya elección no requiere de carrera judicial; “es un error poner la elección para todos los jugadores, pero hay que elevar los aspectos técnicos”.

La iniciativa presidencial parte de una premisa falsa

José Guadalupe Méndez de Lira, en representación de los trabajadores del PJF, señaló que, como gremio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, “repudiamos la iniciativa presidencial” porque “parte de una premisa falsa para sostenerse”, la cual se apoya en que este poder es corrupto, lleno de nepotismo e influyentísimo. “Nos duele que nos hagan ver como corruptos, nos duele que no reconozcan nuestro trabajo”.

Defendió el derecho a ser juez y magistrado mediante la carrera judicial. La reforma judicial requiere de muchas reflexiones, “no intenten sacar en tres meses una reforma tan profunda”. Llamó a escuchar a la base trabajadora y todas las opiniones que se han dado de los expertos para solucionar el problema de la corrupción para que la justicia sea pronta y llegue a la gente.

Ministro de la SCJN, consejera del CJF y especialistas participaron en cuarto foro de diálogos nacionales sobre reformas al Poder Judicial

• En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se abordó el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrada, juez, investigadores, consultores y especialistas fijaron sus posiciones sobre el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, como parte de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que la Cámara de Diputados organizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El objetivo del foro es escuchar y analizar las propuestas

Al moderar las intervenciones, el Diputado Ismael Brito Mazariegos (MORENA) señaló que el ejercicio republicano de dialogar es fundamental para la convivencia y la armonía entre la sociedad y los pueblos, porque el diálogo como método para crear leyes y disposiciones constitucionales es un ejercicio que fortalece la relación entre poderes y ciudadanos.

Comentó que el objetivo de este foro es dialogar y escuchar, proponer, debatir, analizar y tomar juntos el mejor camino para construir el futuro que el pueblo de México requiere. “Un futuro de certeza jurídica, de confianza en el Poder Judicial y de justicia”.

Jurisprudencia de la Corte data de 2008

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, recordó que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008, fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. Respecto a que el proceso legislativo no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación, dijo que desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que “no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”.

En consulta indígena, continuó, se tiene la obligación constitucional: “legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena consulta a los pueblos y comunidades indígenas”; mencionó que 116 asuntos en la Suprema Corte, en 91 nunca se les consulta. “Ese asunto llega a la Corte impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones y yo pregunto, si ustedes estarían en mi lugar, ¿qué harían?”.

La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le dio

La Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en graves malformaciones, exceso de gastos, privilegios inaceptables, pero el mayor defecto es su corporativismo, el cual la ha aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna. “La justicia no funciona, está paralizada en sus prácticas de control, influyentísimo y parcelas de poder”.

Comentó que la transformación que se busca no reduce el espacio del Poder Judicial, solo toca su método de nombramiento, permanencia y una reconfiguración de su competencia. “La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado y del Consejo de la Judicatura, hay que decir que las estipulaciones normativas y esquemas administrativos que fueron expedido para regularlo lo han colapsado”.

Se requiere de personas juzgadoras con altos niveles

Julia María del Carmen García González, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, indicó que en el Poder Judicial de la Federación se sabe que es indispensable una reforma y que hay una deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana; sin embargo, para ello se debe entender que lejos de minar sus cimientos se debe fortalecer sus presupuestos, “de lo contrario solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan a los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes”.

Resaltó que México requiere personas juzgadoras con altísimos niveles de profesionalización, experiencia en la altura de su responsabilidad republicana, “lo que difícilmente se logrará desmantelando la carrera judicial”; además, con esta propuesta se ignora la carrera judicial que mucho personal tiene. Cuestionó cómo la elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular daría como resultado una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.

Analizar qué tipo de reforma se quiere

El Juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, Mario Felipe Mata Ríos, subrayó que la elección actual de ministras y ministros ha brindado ejemplos de éxito, pero el último ejercicio dejó en claro que se debe de cambiar y que casi cualquier sistema que se elija será mejor que el de designación directa; no obstante, el cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial, y aclaró que el hecho de que los jueces no sean populares no significa que no hagan bien su trabajo ni mucho menos que sean corruptos.

Relató que a ellos nadie los propone para el puesto, sino que han llegado a ser juzgadores por sus méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial. Llamó a analizar qué tipo de reforma se quiere, una que potencie al sistema judicial, en donde se mejore el régimen jurídico, el cual incluye fiscalías, tribunales locales y administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes, o se pretende una reforma como la planteada que no resuelve los problemas, y donde “su principal error, es que está cimentada bajo primicias falsas y por eso no estamos de acuerdo. Nosotros venimos del pueblo”.

El sistema judicial debe ser eficiente y confiable

Rosario Chacón Sánchez, Presidenta del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, mencionó que la reforma judicial ha abierto un camino de transformación que busca fortalecer la transparencia, eficiencia y acceso a la justicia, y es una respuesta a las demandas de una sociedad que exige un sistema judicial más justo, equitativo y accesible. “Entre los puntos más destacados de esta reforma, es la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias”.

La reforma judicial y el fortalecimiento del notariado mexicano, puntualizó, representan un paso firme hacia un México mejor en el que la justicia y legalidad sean siempre pilares indiscutibles de nuestra sociedad. “Todos tenemos un papel en este proceso de transformación y juntos construiremos un sistema judicial más justo, eficiente y confiable”.

Legislar desde la evidencia y no experimentar con la justicia

Arturo Espinoza Silis, Abogado y Socio de la Consultoría “Strategia Electoral”, comentó que no se puede negar la necesidad de una reforma que se centre en mejorar la impartición de justicia y garantice de mejor manera los derechos, porque el acceso e impartición de justicia son un derecho y el Poder Judicial tiene áreas de oportunidad. “Como usuarios del sistema de impartición de justicia sabemos de las deficiencias, pero también se entiende la importancia de tener una Judicatura sólida que genere contrapesos. Busquemos una reforma para fortalecer al Poder Judicial no para debilitarlo”.

Relató que en ningún país del mundo se elige a la totalidad de la Judicatura mediante el voto popular, por lo que se debe legislar desde la evidencia y no experimentar con la justicia. La reforma al Poder Judicial, dijo, debe ser integral, incluir a las fiscalías, a los ministerios públicos, a los tribunales administrativos agrarios y a la judicatura local, pues “se garantizará una mejor impartición de justicia. La transformación de la justicia es de abajo hacia arriba, es tiempo de más derechos y que exista un verdadero acceso a la justicia y para ello se necesitan tribunales independientes y profesionales”.

Se dialogan temas que a todos importan

Andrés Norberto García Repper Favila, Abogado Especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, dijo que con estos diálogos nacionales se hace historia porque “estamos dialogando temas que a todos nos importan” y aquí hay juristas, politólogos, políticos y público en general que vienen a escuchar razones.

Consideró que en el transcurso de los años los “tres poderes se convirtieron en feudos y no deberían llamarse poderes sino ramas”, la rama Judicial, Ejecutiva y Legislativa. Eso, dijo, ha hecho, aunado a la opacidad, que se emitan resoluciones como “la suspensión ilegal la reforma en materia electoral” y que un juez decidiera “invadir la competencia de un órgano constitucional diciendo que le daba 24 horas para nombrar magistrados”.

Que decisiones de la Corte se sometan a referéndum

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, consideró necesario que las decisiones de los tribunales supremos o de la Corte puedan ser sometidas, en algunos casos y cuando el pueblo lo demande, al referéndum, o pensar en el instrumento que contiene la carta de derechos de Canadá, que establece cómo el Congreso con una mayoría, en este caso el parlamento canadiense, puede suspender o revocar decisiones de la Corte Suprema.

No obstante, indicó, se debe tener cuidado con los tratados, pues México ni puede estar firmando tratados sin ton ni son, ya que los tratados de derechos humanos que tienen la jerarquía de la Constitución “al menos debieran de ser aprobados con el mismo procedimiento de reforma de la Constitución y, en su caso, ser aprobados por el referéndum de los ciudadanos”.

El interés legítimo se ha deformado

Eduardo Andrade Sánchez, abogado y doctor en ciencia política, comentó que una de las principales virtudes de un encuentro como este es que se aproveche el revisar la confrontación que se tiene respecto de algunos conceptos. Dijo que otro aspecto que debe ser corregido en la academia y aplicación de justicia es el exceso por parte del Poder Judicial.

“Debo decir que esta figura del interés legítimo tampoco tuvo la pretensión de convertirse en la base de acción política de grupos que quieran ir contra las decisiones mayoritarias, que quieran obtener por la puerta de atrás de la Judicatura lo que no obtuvieron por la puerta de enfrente de los votos. El interés legítimo se ha deformado, se ha convertido en un interés difuso”, agregó.

Magistrados, representantes del CJF y de trabajadores del Poder Judicial fijan postura sobre reformas constitucionales

• Participan en el segundo foro de los diálogos nacionales que organiza la Cámara de Diputados

Magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados.

Se busca escuchar a todos los sectores de la población

Al moderar la mesa, el Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA) dijo que en 1994 bastaron dos meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial, no se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que la aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal, hubo una disminución de 26 ministros a 11.

“Hoy no queremos hacerlo en el Recinto Legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar”, comentó.

Necesario, justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial

El Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial.

Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.

La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

El Poder Judicial debe contar con autonomía presupuestaria

Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.

Hacer dignificante la labor

Carolina Villagrán, visitadora judicial “B” del Consejo de la Judicatura Federal, relató que son 19 visitadores a nivel nacional que revisan la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. “Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa. Los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado a nuestra institución; no solo afectan nuestra imagen, sino también los derechos de los trabajadores; hay titulares enfermos de poder, de querer manipular y controlar”.

Llamó a fortalecer la Unidad especializada en combate de acoso laboral y sexual, ya que “es una realidad que viven y vivimos todas las funcionarias del Poder Judicial de la Federación. El acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, el nepotismo, nos equivocamos, y la consecuencia, es que el pueblo de México no confía en nosotros, por lo que se debe hacer dignificando nuestra labor; no es un tema de recursos sino de vocación, claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”.

Hacer profunda reflexión sobre sistema de elección

Sergio Arturo López Servín, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del CJF, consideró que el contexto actual del país obliga a hacer una profunda reflexión sobre el sistema de elección de las y los juzgadores, tal como lo plantea la reforma, dando la importancia que merece, por lo que “así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco debe haber impartidores de justicia improvisados, se debe precisar el perfil que se requiere”.

Hizo votos para que la propuesta de la reforma constitucional para la elección por voto popular como un nuevo sistema selectivo permita contar con más juzgadores de excelencia humana y profesional, como muchos de los que ya existen en las filas del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de la protección de los gobernados, así como en respuesta a una sociedad que reclama justicia y exige de sus funcionarios el máximo apego a las leyes y la defensa de los derechos humanos.

Juzgadores no crean tribunales ni distribuyen cargas de trabajo

El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Lamentó que quienes integran la carrera judicial sean los de “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”. Agregó que crear un Tribunal Especializado de Disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo.

Eliminación de fideicomisos promueve una mayor transparencia

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Señaló que los ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. “No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad; afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría, esos jueces y juezas son los que harán que el Poder Judicial en el país prospere”.

La reforma es acertada

El Encargado de Despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, José Carmen Castillo Ambriz, indicó que estos diálogos buscan conocer la expresión de los sectores de la sociedad sobre esta reforma y que, desde su punto de vista, es acertada, principalmente sobre la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, pues este consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

La reforma, afirmó, es acertada porque ahora la función de administración se le otorgaría a un órgano administrativo judicial, y las otras de vigilancia y disciplina a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial, pero estos dos organismos “ya van a regular, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial; esa es la importancia y lo acertado de esta reforma”.

Oportunidad para construir un nuevo México

El Doctor en Derecho Jaime Miguel Moreno Garavilla, manifestó que no se debe ver a esta reforma como una guerra fratricida, sino como la oportunidad de construir juntos al nuevo México y la nueva infraestructura social, institucional, jurídica y política que haya de servir a las nuevas generaciones.

“Nuestros padres y abuelos no nos dejaron este país como estaba en 2018, ellos querían la felicidad para nosotros, entonces vayamos a participar y a aportar”. Llamó a no temer lo que ha pasado en otros países, porque hay “las luces suficientes y necesarias para construir nuestras propias instituciones”.

La austeridad es un criterio indispensable

José Reyes Doria, Politólogo, Asesor Parlamentario, Consultor y Columnista, comentó que la reforma al Poder Judicial en curso, plantea una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres poderes de la Federación al establecer la elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y si el principio de austeridad republicana se instaura adecuadamente, se tendrán beneficios significativos para la vida pública nacional.

Señaló que la austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público, ya que es indispensable porque “nuestro país presenta profundas desigualdades sociales”.

La Comisión de Presupuesto y la SCJN analizan los requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024

• El Poder Judicial de la Federación solicita 80 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año

Con el propósito de analizar y conocer los requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el Diputado Erasmo González Robledo, se reunió con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Diputado González Robledo dijo que el papel de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos. En este contexto, hoy dialogamos con el personal del Poder Judicial de la Federación para conocer los principales aspectos de la propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.

Afirmó que para mantener un auténtico sistema de frenos y contrapesos es necesario tener un Poder Judicial fuerte, funcional y que tenga la capacidad de asegurar la impartición de justicia; además de salvaguardar la solución pacífica, justa y equitativa de controversias, debe garantizar el Estado de derecho y acceso a la justicia.

“Estos son aspectos que, lejos de coyunturas políticas, deben ser respetados en aras de una sana vida democrática para el país”, indicó.

Solicitó información sobre los indicadores de productividad que tiene el Poder Judicial de la Federación, “porque todos nos tenemos que apegar al ejercicio de presupuesto con productividad, cuántos casos tiene pendiente de resolver la SCJN y cuál es el grado de avance”. También cuestionó si tienen considerado en este presupuesto una solicitud por la creación de nuevas plazas.

Puntualizó que en este análisis faltan datos sobre en qué capítulo van “al mil, al dos mil, entonces es una información que requerimos en la Comisión. Necesitamos más datos, tal vez otra reunión, porque me quedan muchas dudas”.

El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) cuestionó sobre algunas partidas como la relativa a los jardines, donde se pide cerca de 4 millones de pesos; y preguntó por los salarios de los consejeros de la Judicatura, de magistrados y jueces de distrito, así como las prestaciones de ley, los bonos de riesgo y si todos los jueces y magistrados revisan casos que implican riesgo. 

En tanto, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró importante que se transparente lo que hacen porque luego les toca juzgar a “verdaderos delincuentes”. Refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo algunas recomendaciones sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y se sugirió emitir una legislación general que los regule. 

La Diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA) comentó que llama la atención que en una partida del Poder Judicial se destinen para 2024 casi tres mil millones de pesos para servicios de vigilancia. “Debemos explicar al pueblo porqué el Poder Judicial solicita esta cantidad, cuando, en este recurso deben transparentarse las necesidades”.  

De MORENA, el Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas afirmó que estas mesas de trabajo tienen la finalidad de conocer todos los elementos que sirvan para tomar una decisión a la hora de votar el presupuesto. Mencionó que en el rubro de producto alimenticios están destinados un millón 247 mil 449, por lo que preguntó ¿cuántos servidores públicos superiores son? y ¿por qué se gasta el 66 por ciento de este rubro en productos alimenticios para servidores públicos superiores?

El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que sí se pueden hacer ajustes en sueldos y plazas. “Sería bueno que hicieran un planteamiento de lo más austero que pueda ser y se lo presenten al presidente de la Comisión para intentar un ajuste republicano, creo que es posible en muchos conceptos, particularmente en servicios personales, que es lo que lleva el mayor gasto”.

SCJN y CJF solicitan 80 mil millones de pesos

La Oficial Mayor Gisela Morales González puntualizó que la SCJN solicita seis mil 109.1 millones de pesos que representan un crecimiento de 8.5 por ciento, y el CJF pide 74 mil 793.3 millones de pesos, en total, ambos órganos solicitan 80 mil 902.4 millones de pesos.

Refirió que la solicitud de recursos para el Ejercicio Fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación considera un incremento de 3.3 por ciento en términos reales, de acuerdo con la información y expectativa de inflación, y este incremento equivale a dos mil 610 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado para este año.

Informó que el presupuesto solicitado por la SCJN y CJF para 2024 representa una disminución en términos reales de 13.4 por ciento respecto al autorizado en 2017. Por su parte, el autorizado a la SCJN ha disminuido 21 por ciento. “Ambos órganos han presentado una tendencia a la baja en su presupuesto autorizado”.

Detalló que el CJF plantea utilizar 466 millones de pesos para crear 45 órganos jurisdiccionales: seis centros de justicia penal Federal; tres centros Regionales de Ejecución Penal, 22 Tribunales laborales, nueve juzgados de Distrito, cuatro Tribunales Colegiados de Apelación y un Tribunal Colegiado.

Asimismo, añadió, se destinarán recursos para servicios personales, gasto corriente y gasto de inversión; también para crear 49 mil 987 plazas, mil 712 personas juzgadoras, 892 personas defensoras públicas y 319 asesoras jurídicas.

Mientras que para la SCJN el recurso solicitado lo destinará para priorización la protección de los derechos y el orden constitucional, fortalecer la función jurisdiccional y la impartición de justicia centrada en las personas, con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos y reforzar las acciones de control del gasto.

Asimismo, para fortalecer la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, prevenir y atender la violencia de género, combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Mencionó que el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión y su responsabilidad es vigilar el cumplimiento de las leyes federales, así como revisar que los actos de autoridad estén alineados a la Constitución y a los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Informó que el PJF se integra por tres órganos, la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para cumplir con sus responsabilidades, el Poder Judicial de la Federación requiere de recursos adecuados y suficientes, así como para lograr un incremento progresivo de los mecanismos para acceder a la justicia.

Morales González refirió que en los últimos años el Poder Judicial Federal y sus tres órganos han implementado medidas de racionalidad y austeridad que permiten tener un mejor ejercicio del gasto.

Comentó que el CJF se compone por 906 Órganos Jurisdiccionales que incluyen Juzgados de Distrito, Tribunales Laborales, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Colegiados de Apelación y Plenos Regionales. También tiene seis Órganos Auxiliares como la Defensoría Pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, el IFECOM y órganos de vigilancia. De igual forma, áreas administrativas indispensables para garantizar su operación.

En el CJF se resuelven 1.8 millones de asuntos al año, tiene presencia en más de 40 ciudades y desarrolla sus actividades en 696 inmuebles.

De la partida de jardinería y fumigación, la Magistrada Morales González precisó que incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes, fertilización, poda de árboles, plantas y hiervas. Se presupuestan 4 millones de pesos y se piden porque se tienen que atender 42 inmuebles a cargo de la SCJN.

Detalló que en años anteriores el presupuesto que se asignaba al Poder Judicial de la Federación en su conjunto y a cada uno de los órganos era alto y a partir de 2019 han disminuido las asignaciones de recursos, y lo que ya no se gasta o tiene un destino específico, se reintegra a la Tesorería de la Federación.

Respecto a los fideicomisos, aclaró que se constituyeron antes de que hubiera una disposición expresa que impidiera concentrar los remanentes y se prohibiera, a finales de los años 90 cuando existía la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y no se establecía la obligación para que los órganos del Poder Judicial de la Federación concentraran sus remanentes al cierre del ejercicio fiscal en la Tesorería de la Federación.

En cuanto a la remuneración de consejeros, indicó que son los mismos montos y conceptos que se han aprobado en años anteriores; tanto los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Electoral como los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y los ministros de la Suprema Corte, tienen sus salarios homologados. 

El Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resaltó que el bono de riesgo es una “contraprestación al riesgo que asumimos en una sobreexposición de nuestra vida”, la cual está en riesgo asunto por asunto y no solamente se limita a los asuntos penales y se tienen casos emblemáticos. Ejemplificó el asesinato de diversos jueces derivado de la función. “Hay muchos casos en que nuestra labor cotidiana se pone en riesgo momento a momento”.

En su oportunidad, César Campa Campos, Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería, expresó que, respecto a la partida de seguridad y vigilancia, en el Consejo de la Judicatura el monto que se pretende obtener es de dos mil 769 millones de pesos para servicio de vigilancia intramuros en 695 inmuebles y para mitigar situaciones que impliquen riesgo en la seguridad de jueces, magistrados, personal y sociedad que acude a los mismos.

Este recurso también se destina para el servicio de escoltas que proporcionan dos empresas. Uno es el de protección federal a cargo del Poder Ejecutivo y otra privada. “Tenemos una comisión de seguridad que fija los criterios que analizan el grado de riesgo que se pueda tener y sobre ese se atienda la demanda de la población específica, ya sea juez o magistrado, fijando las medidas de seguridad que corresponda.