Sexismo, discriminación y violencia sexual en marchas y detenciones

MILENIO México Activistas de derechos humanos coincidieron en que la respuesta de las autoridades a las manifestaciones tiene como fin silenciar la protesta social a través de la violencia, las detenciones arbitrarias y la criminalización de quienes participan en ellas, pero en el caso de las mujeres, la represión tiene elementos de carácter sexual y discriminatorios.

El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), Fernando Ríos Martínez, aseguró que esta forma de represión no es nueva en la historia de las movilizaciones en México, y que la violencia sexual ha sido una práctica común del PRI para enviar un mensaje intimidatorio a quienes se manifiestan, en particular a las mujeres. Recordó el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra habitantes de este municipio que se oponían a la creación de un nuevo aeropuerto. Como saldo, 26 mujeres denunciaron agresiones sexuales por parte de los elementos de seguridad, quienes las increparon por “no haberse quedado en su casa”. El objetivo, dijo en entrevista con Cimacnoticias, “es negar a las mujeres su derecho a la movilización, a la protesta y la libre expresión que tantos años de lucha les ha costado conseguir”. Las mujeres enfrentan el riesgo de ser detenidas y que les inventen delitos por los que enfrentan juicios; pero la represión en su contra es discriminatoria y sexista: los agentes policiales consideran que “ellas no deben participar en las movilizaciones”, y por tanto se refieren a ellas con frases despectivas como “viejas chismosas” o que “deberían estar en sus casas”. Lo anterior lo señaló Edgar Cortez Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien detalló que las manifestantes detenidas arbitrariamente durante las pasadas marchas fueron trasladadas a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, para dificultar la cercanía y el apoyo de familiares, así como de su defensa legal. Otro riesgo latente en cada movilización, dijo Cortez, son las agresiones de carácter sexual, o intimidaciones y amenazas contra sus hijos o familia. “Es evidente que los protocolos y capacitaciones que se han hecho por parte del gobierno capitalino no han sido suficientes. Se tendría que revisar cómo construir perspectiva de género dentro de las instituciones de seguridad pública” enfatizó. Cortez Morales explicó que si bien esta forma de represión ya es común entre las defensoras de derechos humanos, ahora se está usando contra jóvenes y estudiantes que están saliendo a manifestarse pacíficamente. Este tipo de agresiones, que se consideran tortura sexual, quedaron documentadas en el informe temático presentado por varias organizaciones civiles defensoras de derechos humanos ante los comités contra la Tortura y el de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, instancias de las Naciones Unidas.

En él detallan que la tortura sexual tiene el objetivo de reprimir, intimidar y humillar a las mujeres activistas y demuestra que agentes policiales, militares y marinos ejercen tortura con un componente de sexualización y refleja estereotipos de género. REPRESIÓN CON SAÑA Tania Ivonne Damián Rojas, estudiante de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien participó pacíficamente en la marcha del 20 de noviembre, explicó que tras negarse a declarar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) fue aislada del resto de las personas detenidas, fotografiada contra su voluntad e incomunicada durante 25 horas. La joven declaró que conjuntamente con dos jóvenes fue trasladada al día siguiente de su detención al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, donde estuvieron recluidas una semana. Hilary Analí González Olguín, quien también participó en la misma marcha porque su tesis es sobre movimientos sociales, fue humillada en la Seido por su apariencia física, por su forma de vestir y por llorar junto a su madre cuando ésta la visitó, 24 horas posteriores a la detención. Además no fue informada debidamente sobre sus derechos. Liliana Garduño Ortega, estudiante de preparatoria abierta y quien participó en la marcha para tomar fotografías, narró que a un costado de Palacio Nacional elementos de la Policía Federal trataron de arrancarle la ropa y le rompieron el sostén. En la Seido, la joven fue cuestionada sobre sus dos hijos menores de edad y luego intimidada al respecto. En la manifestación del 1 de diciembre, Karina Ríos, voluntaria del Colectivo Marabunta (quien asistió como observadora de derechos humanos), narró que policías capitalinos la golpearon, escupieron e insultaron. La misma suerte corrió la comunicadora Verónica Galicia, de la Voladora Radio, radiodifusora del Edomex, a quien además le robaron su equipo de grabación. Jacqueline Santana López, activista y estudiante de la UNAM, fue detenida por agentes de inteligencia encubiertos el 15 de noviembre afuera de su domicilio, pero debido a la intervención de policías del DF, fue presentada al Ministerio Público, donde los policías la acusaron del supuesto robo de 500 pesos a una policía. Por este cargo, Jacqueline —quien se asume como luchadora social pacífica— permanece en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla en espera de sentencia. Las organizaciones civiles que defendieron a las jóvenes coincidieron que estas agresiones y detenciones arbitrarias no pueden ser calificadas como “errores”, porque forman parte de una estrategia del gobierno federal para intimidar a las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó las agresiones por parte de elementos de seguridad contra activistas, comunicadoras y estudiantes que participaron en las movilizaciones, pero no ha emitido una sola observación para destacar la violencia y discriminación que están recibiendo las manifestantes por ser mujeres. Tampoco se ha pronunciado contra las violaciones a derechos humanos que las organizaciones civiles documentaron durante las detenciones arbitrarias. Entre 2013 y 2014 se calcularon más de 15 mil marchas solo en el DF, de acuerdo con la base de datos de la SSP-DF, y un aproximado de 335 detenciones arbitrarias y 85 ilegales, según la CDHDF; sin embargo, no hay datos desagregados por sexo. Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género www.cimacnoticias.com.mx cimac@laneta.apc.org