Diputada del PVEM considera necesario establecer la definición de contaminación acústica

• La diputada Corona Nakamura (PVEM) pide reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) plantea reformar la fracción VI del artículo 1 y adicionar una fracción VI Ter al artículo 3 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para incorporar la contaminación acústica y su definición.

Se establece que se entenderá por contaminación acústica: La presencia en el ambiente de sonidos que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes o aquellos que, por su intensidad, duración o frecuencia, impliquen daño, riesgo o perjudiquen el bienestar de las personas, con independencia de la fuente que los origine.

La propuesta turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, señala que la contaminación acústica es un serio problema en la actualidad y genera diversos padecimientos en la salud tanto física como emocional.

Indica que la contaminación acústica no está incluida ni definida, por lo que es necesario incorporarla para darle visibilidad al problema y poder, a partir de ello, generar estrategias y políticas públicas de protección a la sociedad ante este serio y grave problema que representa una seria amenaza al derecho a la salud, un ambiente sano y el disfrute de condiciones favorables de vida.

Muestra que en materia de prevención y combate a la contaminación acústica se tienen serias carencias y omisiones en las principales leyes, por lo que es importante atender esta problemática.

El documento subraya que en el año 2011 la Organización Mundial de la Salud especificó que el ruido o contaminación acústica es el segundo factor más perjudicial para la salud, después de la contaminación del aire

Asimismo, se estableció como parámetro seguro para los seres humanos una exposición a ruidos no mayores a 60 decibeles (dB), arriba de 60 y hasta 90 decibeles es asumida como exposición dañina y la exposición a ruidos con niveles de más de 90 dB es asumida como crítica.

Mientras que, la exposición persistente a niveles de contaminación acústica por arriba de los tolerables, pueden causar serias afectaciones a la salud que van desde molestia, trastorno del sueño, ansiedad y estrés, hasta problemas y deterioros cognitivos o auditivos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, o bien, muerte prematura, indicó la diputada María del Rocío Corona Nakamura.

Pide el PRI en la Cámara de Diputados sensibilizar al personal de salud en violencia obstétrica para prevenir y erradicar la problemática

• La diputada de la Torre Valdés (PRI) presenta iniciativa de reformas a las leyes generales de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de Salud.

Con el objetivo de reconocer y definir en el ámbito federal la violencia obstétrica, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) impulsa una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de las leyes generales de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de Salud.

En la propuesta remitida a las Comisiones de Unidas de Igualdad de Género y de Salud, señala que es de vital importancia sensibilizar en materia de violencia obstétrica, para prevenirla, atenderla, y en su caso, sancionarla.

Explica que es un problema invisibilizado y minimizado, por lo que se debe concienciar a los profesionales de la salud, para que brinden una atención oportuna, de calidad y con estricta observancia de los derechos humanos.

“Como representantes populares, tenemos la obligación permanente de contribuir a que la legislación nacional atienda de manera oportuna, transversal e integral las problemáticas, demandas y exigencias que hay en nuestra sociedad”.

Plantea adicionar la fracción VI al artículo 6 de dicho ordenamiento para incluir la definición de violencia obstétrica como toda aquella acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto y puerperio; expresado en un trato cruel o inhumano hacia las mujeres y/o un abuso de medicación de los procesos naturales, que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, así como del alumbramiento y el nacimiento.

En el artículo 46 plantea agregar las fracciones III Bis, para que la Secretaría de Salud cree programas de capacitación para el personal del sector, para identificar y evitar la violencia obstétrica contra las mujeres, con un enfoque de protección y garantía de los derechos humanos.

También propone agregar el inciso f) a la fracción XII para establecer que dicha dependencia apoye a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando información relativa a los casos de violencia obstétrica ocurridos dentro de las instalaciones del sector salud, que permita identificar a las víctimas.

Pide reformar la fracción XI del mismo artículo 46 para que la dependencia capacite al personal de salud para que detecten y eviten la violencia contra las mujeres.

Los cambios propuestos a la Ley General de Salud son para adicionar la fracción V del artículo 64, donde señala que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán programas de capacitación para la promoción del trato digno y respetuoso y atención de calidad a las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio al personal médico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud.

Considera que es oportuno incorporar el relativo a la violencia obstétrica para visibilizar esta problemática con el objetivo de prevenirla, atenderla y erradicarla porque es uno de los problemas públicos con mayor impacto para la esfera jurídica de las mujeres.

De ahí “la idoneidad y urgencia de incorporarla expresamente en la ley debido a que representa una de las formas de violación a los derechos humanos más graves, que pone en peligro la integridad e incluso, puede derivar en la muerte materna”.

Instan a elevar el nivel de debate en el nuevo Ayuntamiento de Naucalpan

• Al parecer, existen ediles que han sido con esta ocasión, la segunda vez que participan como síndicos o regidores, unos por reelección y otros, en otros momentos, lo que infiere y ojalá lo sea, elevar el ideario de debates.

Por Mario Ruiz Hernández

NAUCALPAN, Méx., a 6 de enero del 2022.- Instalando el órgano de gobierno de Naucalpan, y al entrar en funciones, es de suma importancia y, de entrada, la actuación y el desempeño de los ediles.

En ese sentido, podemos encontrar y también, un ayuntamiento suponemos de trayectoria y experiencia en este cuerpo colegiado con sus concejales “noveles o rasos”, y que sí los hay.

Es decir, síndicos y regidores en la que ésta será su primera experiencia y ojalá y lo sea, enfrentar un debate digno y de altura, y no pasar así, nada más, de “levantamanos y aprobones”.

Claro que hay ediles con experiencia, unos que, con este órgano de gobierno, llevarían dos ayuntamientos en su currícula en distintos momentos, pero unos más en la reelección al mismo cargo.

De entrada, la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, en un segundo periodo de gobierno en Naucalpan después de diez años, vuelve a administrar la hacienda pública.

En se orden de ideas, y también podemos inferir de los regidores reelectos como la primera; María Paulina Pérez González del (PAN), y Graciela Alexis Santos García (morena).

Igualmente, en la asamblea de ediles y en su segundo ayuntamiento en diferente periodo, el síndico segundo, Carlos Alberto Trujillo Anell (morena), la regidora perredista, Lucina Cortes Cornejo y la regidora, Silvia Rojas (PRI).

Sin embargo, y uno de mayor trayectoria, el regidor Raymundo Garza Vilchis (PAN), con una legislatura en el congreso mexiquense encima, podríamos deducir que habrá “nivel de debate”.

Por otra parte, dos cuadros importantes que no se pueden dejar de lado, el cuarto regidor, Agustín Belgodere (PAN), y el del PT, Mauricio Aguirre, que tienen un trabajo acreditado en el servicio público.

Destacar los de su primer contacto con una aproximación a un parlamento, a una microcámara de representantes populares; el síndico primero (PRI), Omar Melgoza Rodríguez, el segundo regidor, Víctor Manuel Navarro Ruiz (PRI), Úrsula Cortes (PAN), Eliseo Carmona (morena), Juana Berenice Montoya Márquez (morena) y Flavio Calderón Bárcenas (MC).

Del ayuntamiento electo y en funciones, en realidad habremos de esperar a que los temas de la agenda municipal sumamente álgidos, fijen sus posturas y todos, y sean propositivos.

El órgano de gobierno, ese cuerpo colegiado de representantes populares habrá que honrarlo, que tener altura de miras, enriquecer el tan demandante ideario de debates y motivarlo.

Bajo esa lógica, el llamado ciudadano en algunos países Europeos de impulsar una proposición de ley para reformar el reglamento del Congreso de los Diputados y hacer obligatoria su celebración.

No obstante, y pese a que prevalecen posturas encontradas al respecto, hay la posibilidad de la obligatoriedad del debate, unas más duras y otras menos rígidas, pero lo extraordinario es hacerlo.

Dicho sea, y no sean más los ayuntamientos para algunos ediles, una grandiosa beca por venir y levantar la mano, o ser él o las porristas del jefe de la asamblea; el voto seguro y sin saber “qué onda”.

Lo trascendente en que en las diferencias encontrar las coincidencias, y que defienda la suficiencia de la mera práctica parlamentaria o para el caso, la legislación municipal en su fase reglamentaria.

Insistir a la sugerencia el que no es posible que pasen y pasen ediles más con pena que con gloria, que, en lugar de debatir, se quejen, acusen y sigan ofendiéndose de los que unos hicieron, otros para nada y algunos más, el “levantarse el ego y cada tres años escuchar lo mismo, del mejor cabildo” …

“Movimiento Ciudadano nunca fue promotor de los actos violentos ocurridos en Amanalco”: Miguel Ángel Lara

• El síndico negó participar en los Actos de protesta que se le imputan.
• Lara comentó que efectivamente, la ciudadanía está molesta e inconforme de que hoy se esté proclamando un gobierno morenista cuando la ciudadanía le dio su voto de confianza a MC en las urnas.  
• Recordó, que el Movimiento de Regeneración Nacional era quien gobernaba el municipio.

Por Mario Ruiz Hernández

VALLE DE MEXICO., a 6 de enero del 2022.- El síndico municipal Miguel Ángel Lara nunca participó en el acto de protesta ni tuvo responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan.  

Respecto a los hechos acontecidos al exterior de la Presidencia Municipal de Amanalco, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano; encabezada por el también senador, Juan Zepeda, asentó que el partido ni sus funcionarios han promovido acto alguno de violencia. 

Respecto a los señalamientos en contra del síndico municipal de MC, Miguel Ángel Lara, el funcionario se deslindó de las presuntas agresiones con gas lacrimógeno de las que habría sido objeto la alcaldesa, María Elena Martínez. 

El representante popular explicó que, al momento de los hechos, él se encontraba al interior de las instalaciones para cumplir con el requerimiento legal de la entrega recepción, del cual, incluso, fue notificado el mismo día y no pudo llevarse a cabo, por lo que a las 9 de la mañana ingresó al Ayuntamiento y no se retiró de ahí hasta después de las dos de la tarde. 

Comentó que en ningún momento salió del lugar, pues las puertas del inmueble fueron cerradas con candado. 

De las acusaciones hechas directamente en su contra, dijo estar dispuesto a responder a las autoridades, pues no hay hecho alguno que pueda imputársele. 

Relató que un grupo de ciudadanos se hizo presente para mostrar su inconformidad, actos que solo pudo percibir en algún momento desde la sala de cabildos, pero jamás tuvo acercamiento alguno con las personas ahí presentes. 

Por otro lado, el síndico comentó que, efectivamente, la ciudadanía está molesta e inconforme de que hoy se esté proclamando un gobierno morenista cuando la ciudadanía le dio su voto de confianza a Movimiento Ciudadano en las urnas.  

Recordó, que era morena quien gobernaba el municipio y la gente decidió no refrendar esa confianza en ellos, por lo que hoy la ciudadanía está inconforme que por una decisión política de la actual alcaldesa de proclamarse de ese partido pasada la elección, sean las mismas personas quienes sigan dentro de la administración. 

Sin embargo, aclaró que aun siendo así, jamás incitaría a alguien a realizar un acto que implique violencia.  

“Nunca me he conducido de manera violenta ni lo haré, no estoy de acuerdo con ningún acto que implique violencia; pero la propia gente que se encontraba afuera expresaron que en ningún momento la protesta se había tornado violenta y las agresiones con gas lacrimógeno fue un acto que se le salió de las manos a las mismas autoridades”, señaló.

Comentó que los videos constatan como en todo momento estuvo presente el representante de gobernación, a quien siempre se le ve junto a la alcaldesa.   

Lamentó que morena y la actual munícipe estén utilizando los falsos señalamientos para legitimar un gobierno cuyo triunfo la ciudadanía le otorgó con su voto a Movimiento Ciudadano, no al partido que hoy se levanta como gobernante solo porque la edil se proclamó morenista una vez ganada la elección.  

Para finalizar, de la presunta demanda que pesa en su contra, subrayó que en ningún momento ha sido notificado, pero que, de requerirse, responderá conforme a la ley porque no tiene nada que ocultar, ni hecho alguno que pueda involucrarlo. 

Por su parte el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, externó la confianza y respaldo del partido al síndico municipal Miguel Ángel Lara ante los falsos hechos que se le imputan y que, como siempre, responderán respaldados en la ley, y de manera respetuosa.

Proponen modificar el artículo 123 de la Constitución Política para aumentar el descanso de maternidad

• Que las mujeres gocen de un descanso de siete semanas anteriores al parto y siete semanas posteriores.

Con el fin de incrementar el descanso de maternidad, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN) propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política y establecer que las mujeres gozarán forzosamente de un descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete semanas posteriores al mismo.

El documento señala que “convertirse en madre es sin duda una de las alegrías más fuertes que puede llegar a sentir una mujer, desafortunadamente, puede convertirse en una situación de estrés si somos mujeres trabajadoras”.

Refiere que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, mismas que componen 51.2 por ciento de la población total y, del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39.0 por ciento son mujeres.

Agrega que, con base en datos otorgados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se identificó que, para el primer trimestre de 2019, 7.4 millones de madres de 15 a 49 años son trabajadoras subordinadas y remuneradas.

Reconoce que el avance en nuestro país a favor de la perspectiva de género en cualquier ámbito de nuestra vida ha ido en avance; sin embargo, aún se tienen grandes retos por cumplir como la desigualdad laboral, porque ocho de cada 10 hombres forman parte de la población económicamente activa y sólo cuatro de cada 10 mujeres la integran.

De las mujeres que no tienen empleo remunerado, 45 por ciento señala que la razón es su dedicación al hogar y 27 por ciento por trabajo de cuidado o porque se los impide la familia, indica.

Asimismo, por cada diez horas de trabajo que las mujeres invierten en el mercado laboral y las actividades domésticas o de cuidado, los hombres dedican ocho. Las mujeres generan 75 por ciento del valor total de actividades como la alimentación familiar, el mantenimiento y la administración del hogar, lo que asciende a 59 mil 617 pesos al año por mujer.

Menciona que, como una manera de impulsar la protección a la maternidad desde el reconocimiento de lo que esto representa no sólo en la vida familiar de las personas, sino también en los beneficios que trae para el Estado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un convenio de protección en esta materia y México es parte de este convenio

Por ello, considerando las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) de homologar la legislación mexicana con dicho convenio, el objetivo de la presente reforma es incrementar el descanso de maternidad al piso mínimo de 14 semanas, tal como lo establece el convenio número 183 de la OIT y del cual, México forma parte.

La propuesta se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Impulsan iniciativa para garantizar el derecho de las PAM al trabajo digno y socialmente útil

• La diputada Barrón Perales (PRI) impulsa reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que tengan mejores condiciones de trabajo.

La diputada Karina Marlene Barrón Perales (PRI) propuso modificar los artículos 5°, 10 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (PAM), con el propósito de garantizarles el derecho a contar con mejores condiciones de trabajo que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, su independencia e individualidad de manera digna.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea adicionar la fracción V del artículo 5, que se refiere al derecho del trabajo y sus capacidades económicas para gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo digno y socialmente útil.

En la fracción XV del artículo 10, establecer entre los objetivos de la política nacional sobre las PAM propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para acceder a un empleo digno y socialmente útil.

La reforma a la fracción I del artículo 19, es para señalar que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social garantizar, en beneficio de las personas adultas mayores, la implantación de los programas necesarios para promover empleos y trabajos dignos y socialmente útiles.

“La propuesta es retomar el proceso de la armonización legislativa, establecido en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, para incorporar el contenido de los tratados internacionales sobre derechos humanos a la Constitución y se traslade a las disposiciones legales”.

De ahí la importancia de incorporar las cualidades del derecho al trabajo, establecidas en la Constitución, para que las opciones que se ofrezcan a los adultos mayores tengan ese mínimo.

Barrón Perales argumenta que ante el intenso y acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta el país, es urgente analizar las condiciones de vida y los principales problemas económicos de este grupo poblacional y atender sus demandas y necesidades, así como adecuar la legislación y establecer principios para crear mínimas condiciones para acceder a una vida digna y de pleno desarrollo.

Agrega que el proceso de envejecimiento poblacional que se proyecta en los próximos 30 años se transformará de manera radical en su composición, porque un gran porcentaje de las personas que viven en México sería población adulta mayor

“Está realidad completa y crítica representa un importante reto para el país, porque debe tener respuestas a las diversas necesidades y demandas de este sector, sobre todo asegurar que pueda disfrutar de una vida digna que contribuya al desarrollo del país y de las personas”.

Explica que uno de los principales desafíos es la sostenibilidad económica de las y los adultos mayores. “Es nuestro deber lograr que disfruten y gocen de una vida digna”.