• No es una reforma estética: diputada Aguilar Gil.
• Las y los integrantes de las comisiones de Vivienda y Puntos Constitucionales expusieron dudas y propuestas.
Las Comisiones unidas de Vivienda y de Puntos Constitucionales se reunieron con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, con el propósito de analizar la reforma al artículo 4º de la Constitución Política, en materia de vivienda adecuada y digna.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta de la Comisión de Vivienda, destacó la importancia de esta reforma a la Carta Magna porque cambia de fondo y no sólo de forma la concepción de vivienda.
“No es una reforma estética, sino de mucho fondo”, al reconocer el derecho personal, que no es familiar, a la vivienda y el término de vivienda adecuada, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), apuntó la relevancia de que la materia de vivienda esté en la Constitución Política, al plasmar el derecho fundamental de los seres humanos a tener un hábitat adecuado y digno, ante el incremento en la demanda de vivienda popular en México por la alta tasa de crecimiento poblacional.
Introducir ese concepto significa una responsabilidad mayor del Estado, porque tiene que hacer un esfuerzo más grande para procurar, a través de la gestión, acciones de diversa naturaleza, modificación y adecuación a diferentes normas legales para promover y financiar al sector y que cada vivienda tenga las características que reclaman las necesidades de los ciudadanos.
Participación de las y los diputados
En la primera ronda de preguntas, María de Jesús Rosete Sánchez, diputada del PT, refirió la deuda histórica que tienen las y los legisladores con el 60 por ciento de la población económicamente activa que está en la informalidad y en la imposibilidad a que accedan a una vivienda digna y adecuada. Propuso construir una agenda integral y que de forma coordinada se haga asequible acceder a un hábitat.
Del PRI, el diputado Reynel Rodríguez Muñoz expresó su convicción de que la reforma avanzará en el Congreso. Preguntó si existe la disposición de la Sedatu para facilitar el acceso a sus programas, porque tiene muchas reglas de operación con requisitos que dificultan su acceso y, en ocasiones, pueden impedir que más mexicanas y mexicanos sean beneficiados.
Del PAN, la diputada Carolina Beauregard Martínez señaló que de manera constante desde 2019 se ha visto una disminución en el presupuesto para vivienda nueva, por lo que cuestionó cómo combatirán ese rezago habitacional pues el presupuesto va a la baja, y si se tiene estimada la producción de vivienda nueva para 2023.
La diputada de Morena, Martha Azucena Camacho Reynoso indicó que lo que se requiere para una vivienda es un derecho que todas y todos los mexicanos deben tener, por lo que no se debe considerar una vivienda digna el mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. Solicitó saber las acciones de orientación que realizan las instituciones adecuadas para proteger este derecho.
De Morena, la diputada Flor Ivone Morales Miranda comentó que no se considera que una vivienda digna y decorosa no siempre puede ser adecuada, sino garantizar el desenvolvimiento de sus moradores, una adecuada protección contra la inclemencia y el alejamiento del riesgo.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Rosalinda Domínguez Flores pidió a los funcionarios informar qué relación tiene la Sedatu con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, organismo que se presentó para regular las viviendas asentadas en terrenos de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México.
La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) pidió informar sobre si se dará algún recurso o apoyo a las familias afectadas con la pérdida de vivienda por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite.
En la segunda ronda, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC), consideró que las agendas locales deben ser el punto de referencia en materia de vivienda en concordancia con la federal, a fin de atender la problemática del sector de forma integral, en particular para que los desarrolladores cumplan los acuerdos. Un hábitat adecuado es una medida impostergable para evitar más asentamientos irregulares.
Del PAN, la diputada Noemi Berenice Luna Ayala cuestionó el optimismo del secretario de que pueda haber un aumento presupuestal en el sector, “en la realidad yo lo dudo. Lamentaría mucho que con un recorte del 32 por ciento de lo que fue el presupuesto de 2021 a 2022 esta reforma quedará en letra muerta y no pudiéramos dar cumplimiento a otorgar una vivienda adecuada”.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez consideró relevante que se eleve a rango constitucional el derecho a una vivienda digna y adecuada, que cumpla los requisitos indispensables no sólo de estructura y de espacio físico; además, que cuente con lo necesario para que la familia se desarrolle, a fin de que sea parte de los derechos humanos consagrados en la Constitución, como una tarea prioritaria.
La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) dijo que es urgente concretar el proyecto para construir vivienda para los grupos étnicos; la mayoría de ellos ocupados en el campo han tenido un rezago histórico y carecen de opciones para acceder a este derecho, porque son personas con empleos informales en el agro y la pesca.
El diputado del PAN, Rodrigo Sánchez Zepeda sostuvo que los más necesitados no sólo se encuentran en la región sur-sureste, sino en todos los estados, aun en los ricos. Cuestionó por qué una política pública en vivienda discrimina a las demás zonas del país. Propuso establecer un criterio de proporcionalidad y atención, así como trabajar juntos en la construcción de un presupuesto mayor.
De Morena, el diputado Raymundo Atanacio Luna dijo que la vivienda para el Gobierno Federal es una prioridad. Planteó que en las oficinas estatales del Registro Agrario Nacional se observan largas filas de gente para solicitar trámites, por lo que propuso hacer convenios con los más de 2 mil 400 municipios para evitar el traslado de zonas distantes y gastos que implica.
Respuestas del titular de la SEDATU y funcionarios del sector
Al responder a las y los diputados, el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, afirmó que la meta general de la política de vivienda es que el Estado garantice que el mayor número de ciudadanos tengan acceso a un crédito o un subsidio.
Para la reconstrucción y mejoramiento de vivienda en Guerrero, dijo que se han invertido más de 700 millones de pesos con nueve mil acciones.
Sobre el presupuesto, consideró que es probable que se incrementen los recursos para el próximo año para atender el rezago habitacional.
Aseguró que se hace un esfuerzo coordinado para atender la demanda.
Respecto al modelo de vivienda, dijo que el cambio sustancial es que “ya no se ve a la vivienda como una mercancía, sino como un derecho” sustentado en una demanda legítima a nivel nacional.
Se ha hecho un trabajo importante por el Infonavit y el Fovissste para ofrecer mayor número de créditos a tasas preferenciales a la población de menores recursos.
Además, aumentar el porcentaje de préstamos al mejoramiento y autoproducción de vivienda; es donde está el tema central de la política pública del Gobierno Federal, porque cada familia sabe en dónde se requiere remodelar su vivienda con apoyos directos, subrayó.
Precisó que se han disminuido las deudas de muchas familias, a través de la reestructuración de créditos a nivel nacional, donde se han logrado buenos resultados; de condonación de préstamos fueron 61 mil millones de pesos que se les quitó la carga a las familias mexicanas, es un apoyo muy importante que se hizo al respecto.
Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que el concepto de que toda persona tiene derecho a disfrutar una vivienda adecuada tiene como principios fundamentales la seguridad en la estancia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Al explicar los avances en vivienda en lo que se refiere a apoyos directos a la población, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Cervantes Peredo, comentó que se han otorgado recursos a más de 58 mil familias por casi nueve mil millones de pesos, además de 49 mil apoyos para reconstrucción de vivienda completa a quienes se vieron afectados por los sismos de 2017.
El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, resaltó que se amplió la base de población que atienden y no se reduce a los 21 millones de cotizantes del IMSS, por lo que la seguridad social en materia de vivienda se da ahora a quienes antes eran discriminados bajo pretexto de riesgo, como son los policías.
Al dar respuesta, Vega Rangel señaló que el millón de familias que ya no están en rezago de vivienda dice mucho, pues se han hecho muchas más acciones en todos los organismos y diseñado políticas públicas, aunado a que la mayor parte de los recursos de la Conavi es para atención de personas de escasos recursos y población indígena.
A su vez, Cervantes Peredo explicó que las reglas de operación fueron adecuadas a la realidad y a las necesidades de las familias, además de que se ha facilitado el acceso a programas, como el Programa Nacional de Reconstrucción donde sólo debía acreditarse el daño a la vivienda.
Martínez Velázquez destacó que las viviendas transaccionadas con algún subsidio federal tenían un costo de 23 por ciento mayor, además de que existe un compromiso de parte de empresarios de producir este año alrededor de 230 mil viviendas.
Con relación a lo sucedido en el cerro del Chiquihuite, la directora general de Conavi explicó que ya se cuenta con un predio que será donado por el municipio por Tlalnepantla y otro por parte de la Ciudad de México, por lo que actualmente se está elaborando el proyecto ejecutivo y la gestión de recursos.
El subsecretario de Ordenamiento Territorial dijo que el Programa Nacional de Reconstrucción no terminará hasta que se atiendan todas las solicitudes, siendo Oaxaca donde más recursos se han orientado con más de siete mil millones de pesos, particularmente en la zona del Istmo.
El titular del Infonavit aseguró que ya no se entregan créditos para viviendas que no cuenten con servicios completos o estén situadas en zonas de riesgo. “Hay historias de desarrollos que se quedaron a medias y sin servicio, pero los municipios y estados no tienen una política de vivienda”.
En su primera participación, el secretario Meyer Falcón destacó que el rezago habitacional es de 8.5 millones concentrado en el centro y sur del país.
Para atender ese déficit o rezago, las acciones se centran en el mejoramiento y ampliación de vivienda actualmente existente, mediante préstamos y subsidios.
Refirió que el 61 por ciento de la vivienda tiene un problema de pago, hay 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, concentradas en estados fronterizos del norte del país, principalmente porque se conformó un modelo de vivienda que atendía una necesidad de mercado, pero no de los ciudadanos.
Para atender a los ciudadanos, se realizan acciones coordinadas a la autoproducción, subsidios y más créditos a nivel nacional, con lo que en la actual administración se ha apoyado a más de 200 mil familias vía subsidios directos, desde 35 mil pesos para mejoras y hasta 90 mil pesos para ampliaciones, entregadas en su mayoría a amas de casa.
Se han promovido en total más de un millón de acciones en préstamos y subsidios, César Buenrostro Moreno, vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), resaltó las acciones realizadas de 2019 a la fecha, que ascienden a un millón 865 mil 735, con una inversión de 845 mil millones de pesos, a través de un esfuerzo coordinado con la Sedatu.
Son avances importantes en los nuevos polígonos de actuación en busca de que no haya desarrollos de vivienda que se conviertan en zonas abandonadas o ciudades fantasma.
