La “verdad histórica” se cae a golpes

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER.

Familiares de los normalistas exigen pruebas científicas a la PGR. Foto: AP / Eduardo Verdugo Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso. MÉXICO, D.F. (Proceso) La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas. Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso. Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación. Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula. En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados. Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.

Caso Ayotzinapa: Los detenidos “se lastimaban solos”, dicen marinos

GLORIA LETICIA DÍAZ

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR. Foto: Benjamin Flores La verdad oficial sobre Ayotzinapa se basa en declaraciones autoinculpatorias. Al menos una decena de detenidos mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho, marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto. La sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia. La noche del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones de delincuentes. En un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y abogados advierten que “la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”. El 28 de enero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una carta firmada por su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dirigida a Murillo Karam, en la cual alertaba: la versión oficial de que en el basurero de Cocula se produjo un incendio que destruyó los restos de los 43 jóvenes “se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales”. Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.

Deja un muerto y cinco heridos explosión en Xalapa

Notimex | Una explosión se registró la madrugada de este domingo en un inmueble de la calle Mártires, en Xalapa, Veracruz, al parecer por acumulación de gas. El saldo es de una persona fallecida y cinco heridos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en una vivienda localizada en el domicilio mencionado, conocido como El Dique, a donde arribaron bomberos y personal de Protección Civil. De acuerdo con los primeros reportes, el estallido fue provocado por el mal funcionamiento de un tanque de gas.

México no ha hecho lo suficiente en desaparición forzada: ONG

SDPNOTICIAS.. Foto/Cuartoscuro (Archivo) Desde el 2006, el Gobierno mexicano no investiga, ni juzga a los responsables de desapariciones forzada, indicaron. México.- La desaparición de los 43 normalistas es uno de los casos que más ha impactado e indignado en el tema de las desapariciones forzadas en México, y por lo que el país estará este 2 y 3 de febrero en el banquillo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde el 2006, el Gobierno mexicano no investiga, ni juzga a los responsables de desapariciones forzadas, generando con ello un fenómeno de impunidad que profundiza aún más el problema. Así lo concluyeron diversos colectivos de derechos humanos e un informe que presentarán en el marco del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que analizará por primera vez los avances del país para cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia. Las audiencias serán en Ginebra, Suiza, y de acuerdo con La Jornada, Amnistía Internacional dará a conocer un documento en el cual advierte que en México la tipificación del delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, ya que desconoce las múltiples formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos. También señala que las detenciones arbitrarias, que por lo regular son el inicio de una desaparición forzada, se practican del manera persistente y muy extendida en México, formando parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos graves. Y las medidas que se han tomado hasta el momento para prevenirlas son insuficientes. Fernando Camcho Servín destaca en su nota que en tanto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene un informe en el que indica que pese a las múltiples recomendaciones para que México limite la participación de los militares en labores de seguridad pública, el gobierno no ha realizado acciones para hacer que los soldados vuelvan a los cuarteles. Y lamentó que aunque México firmó y ratificó los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, aún no admite la facultad del CED para recibir quejas individuales, como está establecido en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Jornada también da voz al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que destaca en su informe los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos. En este caso, destacó el papel diversos servidores públicos en dicho crimen, así como la "falta de capacidad del Estado" para esclarecer el delito y encontrar a las víctimas con vida.