viernes, 7 de agosto de 2015
UNAM pone el conocimiento al servicio del país: Narro
LA CRÓNICA A 100 días de entregar la estafeta a quien se convertirá en el nuevo titular de la UNAM, José Narro Robles destacó que “en estos tiempos de cambios nacionales, los universitarios hemos reafirmado nuestro compromiso con México y hemos puesto el conocimiento al servicio del país”.
Reiteró su confianza en que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantendrá su esencia académica al tiempo que seguirá respondiendo a las necesidades de la sociedad, pues en la máxima casa de estudios, “desde su creación, se han apoyado el desarrollo y la modernización de México y así se seguirá actuando, estoy seguro”.
Añadió que pronto los universitarios vivirán a plenitud la pluralidad que caracteriza a esa institución para definir sus nuevos rumbos.
En el marco de la ceremonia solemne realizada en el Palacio de Minería en que la UNAM entregó a 11 personas distinguidas el doctorado Honoris Causa, destacó su seguridad de que se tratará de un proceso institucional, dirigido por la Junta de Gobierno.
Será un proceso, abundó, “donde la razón y la tolerancia deberán hacerse presentes; donde los proyectos para el futuro de la Universidad serán lo más importante y donde se expresarán libremente todos los puntos de vista”.
Confió que en los años venideros la institución avanzará con mayor celeridad que la que ha tenido desde su nacimiento como universidad de la nación hace más de un siglo.
“No tengo duda de que seguirá fomentándose el rigor que nos caracteriza a pesar de la existencia de nuevas tecnologías para la enseñanza y la investigación. Nada puede sustituir a la precisión y a la convivencia, al trato personal y a la calidad para transmitir el conocimiento”, enfatizó.
El rector Narro sostuvo que durante su gestión ha afianzado la idea de que el conocimiento no puede ni debe ser neutral. “Debe tener un claro y explícito compromiso con la sociedad, con su bienestar”.
Añadió que la naturaleza pública y el carácter nacional de la UNAM implican una responsabilidad que la obliga a trabajar para contribuir a lograr una sociedad más justa y equitativa.
“Nuestra comunidad lo hace, sin duda, todos los días. Por ello, en distintos momentos de la gestión articulé esfuerzos para responder con propuestas a varios de los problemas más relevantes de la nación”, refirió.
Narro Robles mencionó entre otras las propuestas para transformar el sistema educativo nacional; definir una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación; atender el desafío de la inseguridad; combatir el problema del consumo de drogas o reformar el sistema energético nacional.
Todas ellas, expuso, fueron elaboradas por académicos de la UNAM en interacción con otros expertos nacionales e internacionales y entregadas a los Poderes de la República y sectores y organizaciones con interés en esos temas.
“México puede confiar en su futuro, porque es una gran nación, porque tiene herencia histórica que se suma al capital humano, cultural y natural del que hoy dispone, porque tiene instituciones como la nuestra, como la UNAM”. puntualizó.
Colegio católico expulsa a joven por embarazarse
PROCESO El 28 de febrero del año pasado Andrea Martínez, entonces de 23 años de edad, fue expulsada del colegio Motolinía, una escuela normal católica ubicada en el estado de Michoacán, por el sólo hecho de estar embarazada.
El argumento de la directora del plantel, Ana María Gómez, fue que había incumplido con el reglamento interno que establece “la no gravidez durante la carrera” y porque, al ser un “instituto católico”, no estaba bien que estudiaran ahí alumnas embarazadas”.
Según información difundida en el portal Animal Político, desde entonces la joven no ha podido continuar su carrera porque el colegio se ha negado a hacerle válido el semestre que estaba cursando, pese a que entregó los trabajos para acreditar las materias y pagó la colegiatura.
A raíz de la expulsión, Andrea interpuso una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y solicitó un amparo ante un juzgado de Morelia, pero no tuvo éxito. En ninguna instancia reconocieron la violación a su derecho a la educación, según la información difundida por el portal.
El Consejo Nacional para Prevenir a Discriminación (Conapred) fue la única instancia en darle seguimiento al caso y finalmente acreditó el pasado 8 de julio que la escuela había cometido un acto de discriminación contra la joven, por lo que interpuso una serie de medidas que incluyen que Andrea regrese a cursar la carrera sin pagar colegiatura, como medida de reparación del daño, y que la institución cambie el reglamento de “no gravidez”.
Este es uno de las primeros cinco casos en que el Conapred emite resoluciones en contra de particulares, tomando en cuenta que la reforma de 2014 a Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación permite la investigación en casos donde estén involucrados funcionarios de empresas ajenas al Estado y no sólo ser “un conciliador”.
El Conapred concluyó que la escuela atentó contra el derecho de Andrea “a la igualdad y a la no discriminación, a la educación, a sus derechos reproductivos, a una vida libre de violencia, y se afecta su proyecto de vida”.
Según la directora de la escuela, Ana María Gómez, la institución es particular y está en su derecho de expedir las reglas que crean más convenientes.
Al ingresar al colegio “Motolinía”, las alumnas deben firmar una ficha en la que se dan por enteradas que “la institución no admite a madres solteras, divorciadas ni casadas”, y en la carta compromiso se “acepta ser dada de baja de la institución definitivamente si durante su estancia en ésta contrajera matrimonio o quedara en estado de gravidez”.
Según explicó la escuela al Conapred, la directora pidió a la alumna que se diera de “baja temporal” porque el colegio no podía hacerse responsable de los riesgos “para ella y el producto”.
El 21 de marzo, Andrea y su padre, Francisco Javier Martínez, acudieron a la escuela para tratar de conciliar. Pidieron que le permitieran concluir el semestre (al que le restaban dos meses), porque en ese momento no podría incorporarse a ninguna otra escuela debido al avance del ciclo escolar. La directora propuso que podría ser enviada a otra institución como “intercambio”, pero eso no fue posible porque la otra escuela argumentó que “ya no había espacio”.
Durante la investigación del caso, el Conapred solicitó como “medidas precautorias” (antes de llegar a una resolución) que le permitieran cursar lo que restaba del semestre, pero una vez más la escuela se negó, con base en su reglamento. Y, además, “con un policía” se prohibió la entrada a Andrea y a su familia a las instalaciones de la escuela.
El organismo considera que independientemente de la religión o creencia que profesa el instituto, “debe respetar el derecho de las alumnas y no incurrir, como lo está haciendo, en violencia contra ellas, lo que trae como consecuencia que infrinja la ley y los tratados internacionales de los que México es parte”.
Por lo tanto, el reglamento interno debe ser modificado, porque “no puede estar por encima de la Constitución ni tratados internacionales”, además de que “carece de justificación el considerar que el embarazo, la maternidad y el estado civil de las personas constituyen impedimentos para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación en cualquier nivel”.
La resolución del Conapred fue emitida el pasado 8 de julio, y la escuela cuenta con 30 días hábiles para acatar la resolución; sin embargo, hasta el momento ha reiterado su negativa. La institución tiene derecho a interponer un amparo ante un juzgado para no cumplir con las disposiciones.
Andrea confía en que las religiosas acepten que cometieron un acto de discriminación en su contra porque “quiero acabar con mi carrera”, dijo en la entrevista.
Vandalizan pinturas rupestres en cueva de Tlaxcala; el daño es irreversible
EXCELSIOR Diversas pinturas rupestres ubicadas en una cueva del municipio de Totolac fueron dañadas conpintura en aerosol, provocando un daño irreversible, informó el antropólogo José Guadalupe Pérez.
Las pinturas, que representan una bóveda celeste y diversas imágenes de "chamanes", y que se encuentran en una zona natural de ese municipio conurbado a la ciudad de Tlaxcala, fueron dañadas con pintura roja.
El también director de Comunicación Social de ese ayuntamiento señaló en entrevista que las pinturas se encuentran en la zona ecoturística de Peña Pilares.
Expuso que "fueron grafiteadas por desconocidos. Yo visité esa zona hace algunos meses y se veían en buen estado, pero ayer que volví a recorrer la zona ya están dañadas".
Las pinturas "están en una cueva, en una habitación rocosa, en las paredes están las figuras de dos chamanes (figuras mitad hombre mitad animal), uno tiene aspecto de jaguar", detalló.
Mientras que "en la parte de arriba, en el techo está representada una bóveda celeste, la cual la pudieron conocer astrónomos de la UNAM, cuando hace un año hicimos un evento con telescopios", agregó.
Las imágenes representadas son "un sol con su luna y puntos (estrellas) en grupos de 28, porque son ciclos lunares; eso fue lo que se destruyó", precisó.
El antropólogo expuso que "es lamentable que este tipo de sitios que representan aspectos de nuestra cultura e historia, verdaderos vestigios históricos, sean dañados por ignorancia".
"Es una situación preocupante porque no existe respeto para este tipo de manifestaciones, no hay una protección real", lamentó.
Guadalupe Pérez detalló que la cueva "está en Peña Pilares, que es un paraje ecoturístico del municipio de Totolac".
Liberan a indígena detenido por llamarse igual que un criminal
PROCESO Un juez penal ordenó la libertad del indígena zoque Víctor Hernández Gómes, preso desde hace 17 meses por llamarse igual que un homicida.
Luego de la que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) se desistió de la acción penal por no haber delito que perseguir, la defensora Francelia Estrada Valdez advirtió que demandará la reparación del daño y una disculpa pública para su cliente.
Víctor Hernández Gómes no habla español, su lengua materna es el zoque, pero por vergüenza simula entender lo que le dicen y a todo responde que sí. Por ese motivo, no es de extrañar que en febrero de 2014 aceptara su participación en el homicidio de Raquel Guillén Santiago, acribillado en 2001 en la comunidad Ocotal Maravillas, del municipio de Villa Corzo.
Los primos de la víctima, Fredy Guillén Tamayo y Octavio Guillén Ruiz, únicos testigos del crimen, denunciaron antes las autoridades judiciales a Víctor Hernández Gómez como responsable del homicidio.
En ese entonces, el indígena zoque trabajaba en el campo, en una comunidad indígena del municipio de Ocotepec, a unos 250 kilómetros de donde ocurrió el crimen.
Agobiado por la extrema pobreza en que vivía con su familia, decidió partir a Oaxaca en busca de trabajo. Deambulando por las calles de esa entidad, Hernández Gómes fue reportado por unos vecinos que lo confundieron con un delincuente.
En la lista de fugitivos de Chiapas, la policía oaxaqueña encontró el nombre de Víctor Hernández Gómez, detuvo al indígena y lo puso a disposición de la PGJ de Chiapas.
En Ocotepec, el padre del acusado vendió todo lo que pudo para pagar a un abogado, quien presentó, entre otros documentos, la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral en 199; una copia certificada del acta de nacimiento donde se comprueba el nombre, lugar de nacimiento y nombre de los progenitores del indígena zoque, y una constancia expedida por el alcalde del municipio en la que se acredita que aquel se ha conducido de manera honorable en su comunidad.
La PGJE no hizo trabajo de investigación para verificar la identidad del acusado y lo puso a disposición del juez penal, quien inició el juicio y le dio ocho años de prisión.
Víctor Hernández Gómes no sabía por qué lo habían detenido, ni siquiera entendía la palabra homicida, hasta que sus compañeros de celda le explicaron. Sorprendido, negó que hubiera participado en algún crimen.
El caso se conoció públicamente cuando la abogada Francelia Estrada Valdez retomó la defensa del indígena, exhibió las irregularidades del caso e impugnó la sentencia condenatoria de ocho años. El juicio se repuso, pero el acusado siguió en prisión.
Tras la denuncia pública, la PGJE, ahora sí, inició la indagatoria y finalmente se desistió de la acción penal al admitir que el verdadero homicida no es Víctor Hernández Gómes, sino Víctor Manuel Hernández Gómez, con “z”, originario de Villacorzo y quien al parecer se encuentra en Estados Unidos.
La abogada destacó que el siguiente paso es la exigencia de que se repare el daño causado al indígena, no sólo en la parte económica, sino también que él y su familia reciban tratamiento psicológico.
Como un segundo punto, agregó, solicitará una disculpa pública en Ocotepec, porque Víctor quedó estigmatizado como homicida, y en su comunidad es muy importante el prestigio y el honor.
Por error y omisión lo mantuvieron privado de su libertad injustamente y eso no le permitió cumplir con sus obligaciones de proveedor de su familia, poniendo en riesgo los derechos de sus hijos (alimentación, salud, educación y vivienda), además de que vulneraron gravemente sus derechos humanos, sostuvo la abogada.
Aprueban redefinir lesiópn civil para evitar abusos
Eliminan elementos como ignorancia, inexperiencia y miseria para considerarla, pues cualquier persona puede ser víctima.
En el Congreso mexiquense se aprobó redefinir lesión civil en un contrato, ahora no será necesario acreditar elementos como ignorancia, inexperiencia y miseria para considerarla como tal, esto a propuesta del diputado Silvestre García Moreno, pues consideró que cualquier persona puede ser víctima.
Además, se excluye la desproporción de obligaciones en un contrato, y evita abusos en cualquiera de las partes; y con ello procurar la protección de la dignidad de las personas.
La intención de hacer una norma de protección entre contratantes, previene que la prescripción de la acción de nulidad para la lesión, sea la misma que la acción que se podría intentar para la exigencia de obligaciones.
Anteriormente, dicha situación era de seis meses, que agrava aún más la inequidad entre las partes, ya que el autor de la lesión podría tener una prescripción mayor para la exigencia de las obligaciones, mientras que el lesionado, únicamente cuenta con seis meses para exigir la nulidad.
Al aprobar la minuta del legislador perredista, se adecúa la legislación con la finalidad de que no únicamente se pueda solicitar la nulidad del acto lesionante a través de la acción, sino que también por vía de excepción haya posibilidad de comparar las obligaciones y así evitar la desproporción entre los contratantes.
El legislador Silvestre García Moreno, contribuye a contemplar la equivalencia entre las partes, y considerar como nulo el contrato que se lleve a cabo a través de la lesión civil, ahora, tal precepto no será engañoso.
Hay retraso en la construcción de hospital infantil en Neza
QUADRATÍN La construcción del hospital pediátrico tiene un retraso en su construcción en la zona del Bordo de Xochiaca, por problemas internos, pero se espera que se termine la obra, antes de que el gobierno de Eruviel Ávila, deje la administración, reconoció el secretario de Salud en la entidad mexiquense, César Nomar Gómez Monge. Hasta el momento, sólo se colocó la primera piedra y uno de los problemas es que se tiene con un estacionamiento del un hospital del ISSSTE que se ubica en el mismo Bordo de Xochiaca.
El Gobierno del Estado de México inició la construcción del Hospital para el Niño en Nezahualcóyotl en agosto de 2014 y tendrá una inversión de más de 250 millones de pesos en beneficio de más de 528 mil habitantes.
El secretario de Salud estatal, César Gómez Monge, informó que este nosocomio contará con 30 camas y atenderá a pacientes del oriente de la entidad, principalmente de los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, entre otros.
El funcionario explicó que esta institución, que se prevé esté lista en 2015, contará con la atención de 50 pediatras especialistas en endocrinología, psicología, nutrición, cirugía general, oncología, médicos intensivistas, etcétera. Sin embargo al dejar el cargo como responsable del gabinete del gobierno del Estado de México en Nezahualcóyotl, dijo que el proyecto del hospital seguirá adelante, cuando se resuelva los problemas internos.
Para ello, indicó ya se diálogo con los trabajadores y se espera que antes de que concluya la administración de Eruviel Ávila inaugure el nosocomio. Respecto a su cambio de adscripción como representante del gabinete de Eruviel, Gómez Monge dijo que es importante poder generar nuevos bríos en las diversas regiones del estado "por lo que me corresponde a mí, me voy al gabinete de Naucalpan". “Aquí en Nezahualcóyotl obedece a que la dinámica del estado exige rotaciones importantes cuando hay miembros del gabinete que ya tienen algún tiempo y que han cumplido su ciclo, pues el estado regenera los cuadros y también trata de darle nuevos bríos al gabinete”. Dijo que con la llegada de Javier García Bejos como presidente del gabinete en la zona se le dará un nuevo impulso a Nezahualcóyotl, no solamente en seguridad, sino también en salud, educación y atender todas las necesidades de la población.
En este sentido, el secretario de salud señaló que hay un proyecto muy importante que se impulsará en los próximos meses, que además ya anuncio el gobernador y consiste en llevar a las familias el Programa Prospera “Además de darles consulta médica a su domicilio, en un mes tendremos el programa piloto y Nezahualcóyotl será de los primeros municipios a los cuales irá el programa de la Secretaría de Salud, para que la gente que tenga Prospera, no tenga que trasladarse a los centros de salud, podamos ir a su casa y poder recibir el apoyo”.
Por su parte, Javier García Bejos nuevo representante del gabinete señaló que esta nueva responsabilidad tendrán que dar resultados en los próximos meses debido a que el municipio requiere de muchos apoyos por parte del gobierno del Estado de México.
Después de multihomicidio, arrecia en Veracruz hostigamiento a organizaciones sociales
PROCESO El Comité Universitario de Lucha, que agrupa a estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Humanidades y activistas sociales y ambientales, denunció que tras el asesinato de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa, el hostigamiento policíaco y de la Fuerza Civil en el estado de Veracruz se incrementó.
En un comunicado, los grupos sociales lamentaron que tras los actos de protesta por los arteros asesinatos de la colonia Narvarte, patrullas de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública han regresado a rondar los planteles universitarios, así como los domicilios de los activistas más visibles.
“Hace unos días, con el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia Vera, nuestra compañera de lucha en Xalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación, también hemos visto partir a Rubén. Al día de hoy (el hostigamiento) no ha cesado, aumenta, es más duro, más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. La SSP, la Fuerza Civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca”, exponen en el comunicado.
Recordaron que en sus últimas entrevistas, Rubén Espinosa solía decir que “la muerte escogió a Veracruz como un lugar para vivir”, y que por ello, el fotoperiodista de Proceso decidió autoexiliarse después del ataque armado a jóvenes y estudiantes universitarios después del 5 de junio.
“Rubén se fue después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Espinosa y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Hemos visto cómo se acercan. Tomamos nota, realizamos las relatorías de rutina, atamos cabos, nos llamamos los unos a los otros por las noches para preguntar si estamos bien, si llegamos a casa, si estamos con vida”.
El pasado martes, cuando el Comité Universitario de Lucha logró concentrar a 200 activistas, estudiantes y periodistas en la Plaza Lerdo –renombrada Plaza Regina Martínez- al cerrar la vialidad de la calle Juan de la Luz Enríquez, unos diez “orejas” de la Dirección de Política Regional y de la Secretaria de Gobierno (Segob) se dedicaron a fotografiar a los asistentes a la marcha; sin embargo, los empleados de Palacio de Gobierno fueron echados a “mentadas de madre”.
El Comité Universitario de Lucha agregó que los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera anteceden a un cúmulo de arbitrariedades, intimidaciones y amenazas por parte del aparato gubernamental de Javier Duarte:
“Es el pan de cada día para muchos de nosotros, hemos sido levantados, paseados, amenazados, detenidos, golpeados brutalmente por elementos de la fuerza pública. Hemos sentido la cacha de los policías en la nuca, la descarga eléctrica de los bastones, la bota en nuestros cuerpos, los machetazos, los batazos, el asedio de los seguimientos y las amenazas, hemos visto nuestros nombres y caras en las listas negras de la SSP”.
El Comité Universitario de Lucha responsabiliza al gobierno de Javier Duarte, al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y a los distintos mandos policíacos de cualquier agresión en su contra.
Eliminan criterios de discriminación para adoptar en Edomex
* Se modifica Régimen de Adopciones, para que pueda acceder cualquier persona que una vez aprobados estudios correspondientes, pueda adoptar.
El Régimen de Adopciones fue modificado por la LVIII Legislatura, para que cualquier persona pueda adoptar, una vez realizados los estudios médico, psicológico, económico y de trabajo social que la norma establece, a propuesta del diputado Epifanio López Garnica. Con ello se eliminó cualquier diferencia o criterio de discriminación.
Además, se sujeta a control de regularidad constitucional las disposiciones del código civil en materia de adopciones que reproduce los principios de discriminación afectando, tanto el derecho de las personas adultas en condiciones de adoptar, como de los menores en situación de desamparo y que hoy viven en los albergues ante la indolencia del legislador.
Esta propuesta fue impulsada, porque de acuerdo al Tercer Informe de Gobierno del Estado, señala que en 2012 había 1,029 menores en desamparo en dichos albergues, cifra que disminuyó en 2013 a 584, lo que representa 445 menores menos, a pesar de que entre el mes de septiembre de 2012 al de agosto de 2013 se logró consolidar la adopción de sólo 56 niños.
Por ello, el diputado Epifanio López Garnica en nombre del GPPRD celebró la aprobación de esta iniciativa.
Crece deterioro ambiental en la Tierra: UNAM
Liberan a estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México acusado de narcotráfico
PROCESO El estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México Óscar Álvaro Montes de Oca salió del penal de Tepic, Nayarit.
Sus padres lo recogieron en Nayarit y lo regresarán esta tarde al Estado de México.
Óscar Álvaro Montes de Oca, padre del estudiante, declaró que no presentará denuncia contra las autoridades. En entrevista con Grupo Fórmula, cuestionó: “¿Qué le van a decir a mi hijo?, ¿usted disculpe, me equivoqué?”.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de ejercer acción penal contra el universitario detenido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por presunto tráfico de 20 kilos de cocaína.
Se determinó que el joven de 23 años fue víctima de una organización criminal que desde hace meses intercambia el equipaje de pasajeros que hacen escala en el aeropuerto de Lima, Perú.
Crearán Instituto Estatal para el apoyo de víctimas
* Instituirán mecanismos que mejoren el tratamiento y apoyo a víctimas.
* Se ampliará el catálogo de derechos de las víctimas que refiere la Ley General de Víctimas, generando así una mayor protección.
Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, así se nombrará a la instancia que establezca mecanismos que mejoren el tratamiento y apoyo a víctimas en el estado de México, con base en la Ley General de Víctimas de la entidad, a propuesta del Diputado Armando Soto Espino (PRD). Al mismo tiempo, se coordinará la legislación general, respetando lo que se establece en la misma, y otorgará una mayor cobertura en los derechos de la población mexiquense.
De tal modo, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, como lo mandata la Ley General, se designan las autoridades que lo conforman y se le otorgan facultades ejecutivas al Director General del Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, pues es a través de esta nueva figura que se le otorga mayor efectividad a la actividad de apoyo a las víctimas.
Con esto, el diputado Armando Soto Espino contribuye a la reestructuración de las instituciones de procuración a las víctimas, ya que actualmente se cuenta con la defensoría de víctimas y el Instituto Estatal de Protección a Víctimas, siendo que hay una dualidad de funciones, por tal motivo, se propone la derogación de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que las funciones del actual Instituto, sean retomadas por el de nueva creación, pero ahora dependiente de la Secretaría General de Gobierno, como es hasta ahora la Defensoría Especializada de Víctimas.
Ahora, desde el momento en que exista la simple presunción de ser víctima de un delito o de hecho victimizante, el Estado tendrá la obligación de procurar justicia, otorgar un apoyo y un tratamiento especial por la calidad de víctima que tiene una persona que ha sido vulnerada en sus derechos humanos.
Con la aprobación de la iniciativa del diputado Armando Soto, la reparación de daño material será a través de una restitución para los derechos humanos, la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil, como lo es el dinero; respecto al daño inmaterial, es el que se refiere a los efectos psicológicos y emocionales sufridos debe ser atendido a través de la utilización de los principios de equidad, pues cuanto mayor sea el daño, mayor podrá ser la indemnización por este concepto y el Estado podría contribuir a través de las instituciones de salud para la mejor recuperación anímica causada por el daño causado.
El catálogo de derechos de las víctimas se ampliará, y generará una mayor protección, obligando a los agentes del Ministerio Público al respeto de los mismos, sin necesidad de que el asesor jurídico o la víctima, tengan que invocarlos al momento de estar ante su presencia.
Incluso, se retoma la propuesta de la obligación de la Ley General, con ello otorga la facultad al DIF para la entrega de paquetes escolares y uniformes adicionando becas que no contempla la referida Ley, mismas que deben ser suficientes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo del Estado.
Destituye Pemex a funcionario por conflicto de interés
PROCESO Petróleos Mexicanos (Pemex) destituyó e inhabilitó por 10 años a José Aroldo de Hoyos Morales, funcionario de Pemex Exploración y Producción (PEP), luego de comprobar su participación en actos ilícitos.
En un comunicado, precisó que Hoyos Morales tenía a su cargo la supervisión de la obra del contrato celebrado por PEP con el consorcio Chamsa Grupo Corporativo SA de CV y Mava Group Inc., siendo que es socio de la empresa subcontratada Encino Integrated Services LLC, junto con Eduardo Javier Natividad Maqueda, quien además funge como presidente de Mava Group.
El citado contrato consistía en trabajos de instalación de aparejos de tubería flexible y operaciones con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de los activos de la región norte, por un importe de más de 100 millones de pesos y de poco más de 21 millones de dólares, sin incluir IVA.
Pese al conflicto de interés que tenía Hoyos Morales, apuntó, no se excusó en intervenir en la supervisión del contrato que benefició a su socio, además de que no reportó ese hecho ante Pemex y tampoco en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública.
En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades resolvió destituir e inhabilitar por 10 años al funcionario, y presentó la denuncia penal correspondiente ante la procuraduría General de la República (PGR) por conductas posiblemente constitutivas de delitos cometidos por exservidores públicos y trabajadores en activo de la empresa productiva del estado.
Pemex también realiza una auditoría por los trabajos ejecutados y pagados, para esclarecer el supuesto ilícito y deslindar responsabilidades.
De acuerdo con una nota publicada por el diario ‘Milenio’, en mayo de este año Chamsa y Mava Group, de Natividad Maqueda, ganaron el 6 de octubre pasado una licitación para hacer trabajo de mantenimiento en la Cuenca de Burgos, en el norte del país, y otros pozos, mediante la utilización de maquinaria de tubería flexible.
Lilia lleva ocho meses presa por droga sembrada
24 HORAS A Lilia Angélica López le quitaron la libertad en el Aeropuerto capitalino cuando regresaba de Bogotá, Colombia, en un vuelo de Avianca, el 31 de diciembre de 2014. Su maleta no se perdió, pero fue de las últimas en salir por la banda y cuando la tomó la policía la detuvo.
La separaron de su equipaje y cuando se lo mostraron ya estaba abierto, tenía los sellos rotos y había tres kilos de cocaína en tabiques. Ella asegura que fueron sembrados.
Seis horas después fue entregada al Ministerio Público y pasó el Año Nuevo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde sólo le permitieron hacer una llamada y fue así como se enteraron en su casa que estaba detenida.
Estuvo incomunicada los siguientes tres meses mientras estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, de Tepic, Nayarit, a donde fue consignada acusada de tráfico de droga y delincuencia organizada.
A través de un amparo, el abogado defensor consiguió que Angie, como le dicen de cariño, fuera trasladada al Penal Femenil de Santa Martha para estar cerca de su familia.
“A Santa Martha llegó el 12 abril, una semana antes de su cumpleaños. La reacción fue abrazarla y nos pusimos a llorar, es la mayor de mis tres hijas, nos abrazaba y nos besaba.
“Entonces, se me quedó viendo a los ojos y tomada de la mano me dijo: papá, te juro que no hice nada”, recuerda su padre Jorge López , que hace una pausa para secarse las lágrimas, por segunda ocasión.
Un grito de libertad
El deseo de sobresalir en lo que más le gusta la llevó a Pereira, Colombia. Fue a participar en el casting para un grupo internacional de danza folklórica, no fue elegida, pero estaba convencida de que el arte escénico es lo suyo. Cursaba el segundo semestre en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del INBA.
De regreso, en la terminal aérea de Bogotá, pasó tres filtros: el detector de metales, perros que olfateaban en busca de drogas o armas y por último una banda donde las maletas fueron abiertas frente a Angie para verificar que no contenían nada ilegal. Pasó sin problemas.
La empleada del mostrador documentó dos maletas: una negra, grande, con llantitas, y otra igual, pero de mano y las metió a la banda.
Al principio mi hija estaba destruida, pero le dije que tiene que seguir su sueño donde sea y ahora está tomando clases de danza. La directora del penal le preguntó un día: ¿por qué no das clases? Aceptó y sigue ensayando.
Por ahora, el grito de su papá es para exigir justicia; para Angie, el sueño es su libertad.
Establecen situaciones para revocar concesiones a transportistas
· Falta de capacitación a conductores y muertes provocadas por transporte público serán algunos motivos.
Aprobada, iniciativa de la diputada suplente Iliett Sue Ann Vilchis Eleno (PRD), para establecer situaciones en la que sea pertinente revocar la concesión a conductores del transporte público, esto cuando el mantenimiento de las unidades sea deficiente, la falta de práctica del conductor (debe darse constante capacitación).
También, el incumplimiento del reglamento de tránsito correspondiente o cuando se manejen las unidades bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, en un periodo de seis meses continuos, se vean involucrados en más de dos accidentes en los que alguna persona pierda la vida o sufra lesiones que la pongan en peligro.
Con esto se evitarán más accidente provocados por el transporte público ya que hasta el primer trimestre de este año, los medios de comunicación informaron de ocho accidentes en los que por lo menos una persona perdió la vida, siendo el mes de marzo el que mayor incidencia reporta, así como 12 incidentes vinculados con el Mexibus.
La medida propuesta de ninguna manera limita la responsabilidad de los hechos en el conductor de la unidad, en primer lugar porque este actúa bajo mandato del titular de la concesión y en segundo término porque el propio Código Administrativo considera al concesionario o permisionario como responsable solidario de los daños causados por sus trabajadores.
Una vez más, el GPPRD coloca en el centro de atención al usuario y peatón, ya que en el último año se han apreciado que los accidentes de tránsito, en los que participan o se ven involucradas las unidades del transporte público de pasajeros, se han incrementado, todo lo cual pone en riesgo a las personas.
Despiden a funcionario que confirmó el hallazgo de narcofosas en Veracruz
PROCESO El gobierno de Javier Duarte decidió cesar este martes al subprocurador de la Zona Sur, Arturo Herrera, por haber confirmado el hallazgo de narcofosas en un rancho ubicado en el municipio de Tres Valles, colindante con Cosamaloapan, de donde fueron exhumados 31 cadáveres.
El propio funcionario confirmó su cese al portal Cambio Digital. “Hoy fue nuestro último día en la Subprocuraduría y me regreso a mi despacho a seguir trabajando”, dijo.
El exfuncionario manifestó que su error fue dar a conocer la existencia de varias narcofosas en el rancho El Diamante, cuando el gobierno y la Fiscalía estatal mantenían la información en total hermetismo.
Herrera no quiso dar más detalles de dónde surgió la orden: “Si sigo hablando capaz me corren hasta del estado”.
El ahora exsubprocurador admitió que desde el día que reveló la existencia de las narcofosas, comenzó a escuchar “rumores” de que sería relevado del organismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Una situación similar ocurrió con el subprocurador de Cosamaloapan, Guilebaldo Maciel Mercado, quien debió desdecirse en rueda de prensa que él mismo convocó para hablar del hallazgo de 31 cadáveres en la zona rural del municipio de Tres Valles, en los puntos limítrofes con el ejido de Nopaltepec.
El miércoles pasado antes del mediodía, Maciel citó a rueda de prensa para dar pormenores del hallazgo. Ahí estuvieron reporteros del puerto de Veracruz, Alvarado, Santiago Tuxtla, San Andrés, Tierra Blanca, Tres Valles, Minatitlán, Coatzacoalcos y hasta de Tuxtepec, Oaxaca.
Sin embargo, minutos antes de que Maciel saliera a dar la información un “telefonazo” desde Xalapa ordenó cancelar la rueda de prensa, según dio cuenta Proceso en su edición 1964, actualmente en circulación.
Desde el inmueble de la PGJE existe incertidumbre, pues desde ayer trascendió que habrá varios cambios en las oficinas regionales y en las del Ministerio Público.
Apenas el lunes 23 por la tarde, y una semana después del hallazgo de 31 cadáveres, el gobernador Javier Duarte decidió romper el silencio al asegurar que se trataba de una “cuestión atípica”.
Duarte de Ochoa insistió en que en la entidad la delincuencia organizada “ha perdido fuerza”, tanto en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río como en el sur de la entidad, donde se descubrieron las narcofosas.
“El índice delictivo va a la baja en todo el estado, este tema por supuesto es un tema que lo eleva de repente pero es una cuestión atípica esto que pasó en el municipio de Tres Valles, sin embargo, en la mayoría de los casos en la zona conurbada o en el sur del estado los índices siguen a la baja”, aseguró.
El gobernador insistió en que las investigaciones sobre el hallazgo de los 31 cuerpos han “avanzado a buen ritmo”, pues expuso que ya se ha logrado identificar a varias de las víctimas, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares para el trámite funerario de rigor.
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