domingo, 15 de noviembre de 2015
La indolencia envuelve la muerte de la niña Andrea Paola
PROCESO Muchos misterios envuelven el caso de la niña de 10 años que falleció tras ejecutar un clavado en instalaciones del CNAR. En tanto que el titular de la Conade, Alfredo Castillo, se ha negado a dar detalles del caso con el argumento de que éste es investigado por las autoridades; el director del centro deportivo, Jesús Camacho, ordenó a sus trabajadores una secrecía total. Por lo pronto, no se sabe si Andrea Paola se hallaba capacitada para realizar prácticas de alto rendimiento, por qué no había un médico del lugar que la atendiera de inmediato y a qué se debe que el entrenador se encontraba ausente de su trabajo cuando la menor se desvaneció.
MÉXICO, DF. En medio de la euforia desatada por el regreso de la Fórmula 1 a México, una clavadista menor de edad, usuaria externa del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), falleció luego de entrenar en el referido complejo que opera y administra la Conade, dirigida por Alfredo Castillo.
El 28 de octubre, Andrea Paola Larios, de 10 años, realizaba sus prácticas en el grupo que está a cargo del entrenador Jorge Carreón, quien se hallaba ausente cuando ella perdió el conocimiento. En los videos que tiene la Conade se observa que la pequeña ejecutó un clavado sencillo de una vuelta y media, sin grado de dificultad, desde el trampolín de tres metros, y que al salir de la fosa del pabellón acuático se sentó y dijo a la asistente del entrenador que sentía dolor de cabeza y mareos. En seguida, la niña se desvaneció.
De acuerdo con el expediente CI-IZP/IZP-6/U1-1S/D/1864/10-2015, Andrea Paola L. fue atendida primero por la doctora Berenice Ambriz, quien arribó al lugar ocho minutos después del desmayo. La clavadista perdió la vida a las 19:50 horas en el ISSSTE Hospital Regional Ignacio Zaragoza, adonde fue trasladada por una ambulancia del mismo nosocomio.
El día 29, mientras se realizaba la autopsia, el director general de la Conade se encontraba a sólo unos metros del CNAR, conviviendo y tomándose fotografías –uno de sus grandes pasatiempos– con los pilotos de la Fórmula 1, en tanto acompañaba en caravana al presidente Enrique Peña Nieto, quien también fue a recorrer el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Ninguna autoridad de la Conade acudió al funeral de la niña.
A su vez, los padres de Andrea Paola, quienes hasta ahora no han querido hablar ni manifestarse públicamente, ya emprendieron acciones legales en la PGR contra quienes resulten responsables por negligencia médica, pues aseguran que su hija no fue atendida oportunamente.
En el CNAR, como en Villas Tlalpan y el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), operados directamente por la Conade, la actividad de un médico de guardia comienza a las 7:00 y concluye a las 20:00 horas. Mas si llegase a salir con alguna delegación deportiva, el CNAR únicamente dispone de un doctor que puede sustituirlo, pero sólo hasta el mediodía.
Cinco días después del trágico episodio, la Confederación Nacional del Deporte (Conade), en voz de su titular Alfredo Castillo, comunicó que la causa de esa muerte fue un paro cardiorrespiratorio ocasionado por una fractura de cervicales.
Entonces –en pleno Día de Muertos y una vez terminada la Fórmula 1–, la Conade difundió una tarjeta informativa en la que lamentaba el deceso, y el miércoles 4, en conferencia de prensa, Castillo insistió en que se trató de “un lamentable accidente”, ante el que habría sido “prácticamente imposible que la atención médica hubiera podido revertir el resultado final.
“…Y perdón por la comparación que voy a hacer –continuó–, pero los doctores nos decían que el daño en las cervicales al momento de caer es muy parecido con lo que sucedió (en mayo pasado) con El Perro Aguayo cuando tuvo el incidente en las luchas, que era una mecánica de lesiones muy similares.”
Sostuvo que por tratarse de una usuaria externa –lo cual significa que no residía ni estudiaba en dichas instalaciones–, Andrea Paola no tenía seguro de gastos médicos.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, el deportista talento debe estar asegurado, sin importar su condición de “externo”, aunque al parecer hoy no cuenta con esa prestación porque meses atrás la Conade cambió de aseguradora.
Hasta la fecha, la confederación no ha confirmado quién fue el médico adscrito al CNAR que atendió a Andrea Paola ni ha justificado la falta de una ambulancia en dicho centro.
Las causas del accidente, indicó el organismo, deberán determinarlas las autoridades competentes, “para la cual la Conade ha brindado todas las facilidades, así como la información solicitada hasta su esclarecimiento (…) Para no interferir en las investigaciones, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha evitado emitir cualquier pronunciamiento”.
Tampoco ha explicado si la niña pagaba por el uso de las instalaciones del gobierno federal o entrenaba gratis, ni ha oficializado los derechos que tenía Andrea Paola, cuya hermana mayor, Brenda Alejandra, es otro talento deportivo, ya que ha obtenido varios premios y medallas y fue deportista interna del CNAR de enero a agosto de 2013.
Proceso buscó al entrenador Jorge Carreón desde el 30 de octubre llamando a su celular. No quiso declarar con el argumento de que iba manejando, y pidió que se le llamara a las 15:00 horas de ese día. Para entonces, ya había desactivado el celular.
Cerrazón y amenazas
En su comparecencia ante senadores y diputados el jueves 5, Castillo no se refirió a la responsabilidad que tienen la Conade y los servidores públicos por la integridad física y la salud de los deportistas externos e internos que hacen uso de un espacio público del gobierno federal.
El caso de Ana Paola se agrava porque al producirse el percance, el director del CNAR, Jesús Camacho, no se encontraba en el lugar en horas laborales.
En cambio, desde el día del percance, en el CNAR se dictó línea de absoluta secrecía, pues de acuerdo con testigos, Jesús Camacho Domínguez literalmente encerró a las personas que presenciaron el desvanecimiento de la menor para prohibirles hablar del caso, al grado de advertirles que intervendrían todos los teléfonos de los trabajadores para constatar que, en realidad, no hubiera fugas de información.
Además, en tanto que los rondines de los elementos de seguridad se incrementaron en todo el inmueble, los niños y jóvenes deportistas se ven obligados a abandonarlo en cuanto terminan sus entrenamientos.
El mismo silencio prevalece en otras instancias: En la PGR se niegan a dar informes. Para variar, el jefe de los Servicios de Análisis e Información del ISSSTE, Manuel Antonio Pérez, se comprometió a entregar el parte médico, y días después dijo encontrarse en una reunión, que regresaría la llamada telefónica en 15 minutos, pero nunca lo intentó.
Hasta ahora no se sabe qué funcionario o autoridad de la Conade otorgó los permisos para el ingreso de la pequeña clavadista al CNAR con el fin de integrarla a un equipo que, bajo las órdenes de Jorge Carreón, desarrolla un programa técnico de alto rendimiento.
De acuerdo con el metodólogo Vladimir Ortiz, quien fue director de alto rendimiento de la Conade en la gestión de Bernardo de la Garza, para dimensionar la gravedad del accidente habría que determinar con precisión los ángulos de entrada al agua y el grado de experiencia de la niña en las ejecuciones de su rutina.
No obstante, advirtió: “No conozco antecedentes de cosas semejantes en condiciones normales en la ejecución de un clavado. Hay deportistas que en plataforma, desde el punto de vista mecánico, han entrado en un ángulo incorrecto y sufren traumatismo, pero no tengo conocimiento de reportes de la naturaleza” de lo ocurrido a Andrea Paola.
Ortiz se dice extrañado porque considera que no son frecuentes las lesiones en los niños que practican clavados. Según el metodólogo, en esta disciplina el riesgo es menor si se le compara con la gimnasia. Y estima que la velocidad aproximada en la caída del trampolín de tres metro es de 10.6 metros por segundo.
Por último, confirma que en sus tiempos en la Conade los deportistas, externos e internos, contaban con seguro de gastos médicos, y que todo lo ocurrido dentro de las instalaciones es responsabilidad de la institución.
SSPDF detiene a 45 vagoneros más en el Metro
Autoridades sabían del itinerario de mexicanos atacados en Egipto
PROCESO MÉXICO, DF . “Señor director de la Policía Turística, señalamos la llegada del grupo turístico de la empresa Windows of Egypt e informamos lo siguiente. Nombre del grupo: Windows of Egypt. Fecha de llegada: 11/09/2015. Fecha de salida: 25/09/2015. Nombre del chofer: Jassem Al Din Mohammed Ali. Número: 10 (sic). Nacionalidad: mexicanos. Nombre del guía: Nabil Mohammed Ali. Matriculación del vehículo: 857, Turismo de El Cairo”.
El documento, redactado en árabe, fue recibido el pasado 7 de septiembre y consiste en un tablero en el que aparece el itinerario, etapa por etapa, que realizaría el grupo de turistas mexicanos durante su estancia de dos semanas en Egipto.
De acuerdo con el itinerario, después de dos días en El Cairo –donde arribaría en la madrugada del viernes 11 de septiembre con el vuelo KLM 553–, el grupo arrancaría a temprana hora el domingo 13 rumbo a Bawity, una ciudad ubicada en el oasis de Baharyia.
Dedicaría el lunes a conocer la región y sus monumentos, como primera etapa de la ruta de los oasis; y el grupo pasaría los tres días siguientes: en Dakhla, luego en Kharga, hasta llegar a Louxor el 17 de septiembre.
De ahí, descendería al Nilo y realizaría paradas en los templos y vestigios arqueológicos que se encuentran a la orilla del río. El miércoles 23 de septiembre volaría de regreso hacia El Cairo, y conocería la pirámide de Sakara. Su último día en la capital egipcia la ocuparía a lo que cada uno quisiera –aparece como “día libre” —y saldría del país con el vuelo KLM 554 a las tres de la madrugada del viernes.
El documento empezó a difundirse en las redes sociales el pasado lunes 14 de septiembre para evidenciar que las autoridades egipcias conocían el itinerario preciso del grupo, conformado por 14 mexicanos y ocho egipcios.
El día anterior, mientras el grupo se dirigía hacia el oasis de Baharyia en cuatro vehículos 4×4, realizó una parada a las dos de la tarde en el Desierto Occidental. Estableció un pequeño campamento en el desierto, a poco más de un kilómetro de distancia de la carretera para almorzar, cuando un helicóptero Apache de las fuerzas de seguridad egipcias surgió y atacó.
De acuerdo con Susana Calderón, una de los sobrevivientes del ataque, a la que entrevistó El Universal en su cama del hospital de Dar Al-Fouad, el “bombardeo” duró cerca de tres horas, y los turistas y sus guías sufrieron ataques “como cinco veces”. Dejó a ocho mexicanos y cuatro egipcios muertos, y otros diez heridos, seis mexicanos y cuatro egipcios.
En un comunicado que publicó el 13 de septiembre, el Ministerio del Interior egipcio reconoció que “durante un operativo conjunto entre policía y ejército para perseguir elementos terroristas en el área de Wahat, en el Desierto Occidental, fuerzas dispararon por error sobre cuatro vehículos todoterreno que resultaron ser un convoy de turistas mexicanos que había entrado en una zona restringida”.
“Doce personas fallecieron y diez mexicanos y egipcios fueron heridos y trasladados al hospital para su tratamiento”, informaron las autoridades, al añadir que “un equipo ha sido conformado para investigar las causas y circunstancias del incidente y las razones detrás de las cuales un convoy turístico entró en una zona restringida”.
Horas después, el Ministerio del Turismo publicó otro comunicado afirmando que los guías de la agencia Windows of Egypt no contaban con el permiso para estar en la zona.
Esto generó molestia en las organizaciones de turismo, pues los turoperadores de la región informan a las autoridades sobre sus recorridos y suelen cruzar retenes militares. En la propia página de Internet de Windows of Egypt aparece la oferta comercial de atravesar el desierto de Al Wahat.
El 14 de septiembre, mientras surgía el permiso de la policía turística en las redes sociales, personal de la agencia confirmó a medios locales e independientes, entre ellos el portal de noticias Egyptian Chronicles, que contaba con todos los permisos requeridos y que un agente de la policía turística acompañaba a la caravana durante su visita.
Susana Calderón confirmó la presencia del policía durante la entrevista.
Lo anterior exhibiría la ausencia de coordinación entre las distintas agencias del gobierno y dañaría la imagen del ejército, en un periodo de militarización creciente del régimen –dirigido por el mariscal golpista Abdelfattah Al-Sisi–, que anunció en noviembre pasado un incremento del presupuesto militar en 9% anual hasta 2019.
Preguntado al respecto por el New York Times el pasado lunes, el general Mohamed Samir deslindó la responsabilidad de las fuerzas armadas respecto del ataque aéreo, y afirmó que los asuntos relacionados con turistas recaían en la competencia del Ministerio del Interior.
“Este incidente no tiene nada que ver con el ejército aun cuando el ejército y la policía llevaron a cabo el operativo juntos”, dijo a los reporteros, al añadir: “Así funciona el sistema en este país y usted no tiene derecho a cuestionarlo”.
En la carta abierta que dirigió al pueblo mexicano el pasado 15 de septiembre, el canciller egipcio Sameh Shoukry se aferró en la defensa de las fuerzas armadas –“son los más cautos y cuidadosos cuando se trata de preservar la vida de otros”, escribió– y denunció que algunas personas explotan el incidente para “alegar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley egipcia no cuentan con un estricto protocolo de acción y que actuaron de manera indiscriminada”.
Se eleva el tono
El pasado viernes, el gobierno mexicano repatrió a los seis heridos mexicanos y los trasladó de inmediato al Instituto Nacional de Rehabilitación para reponer su salud. Los cuerpos de los mexicanos fallecidos durante el ataque permanecieron en Egipto, y la cancillería agiliza los trámites para que su regreso ocurra lo más pronto posible.
Con la repatriación de los heridos y de los cuerpos, la diplomacia mexicana cerró la “primera etapa” de la crisis, pero todavía queda pendiente que las autoridades egipcias cumplan con su compromiso de investigar los hechos.
Desde el pasado lunes, Claudia Ruiz Massieu, titular de la SRE, como el presidente Enrique Peña Nieto multiplicaron los contactos con las autoridades de Egipto –el presidente Abdelfattah Al-Sisi y el canciller Sameh Shoukry– y plantearon la necesidad de que Egipto realice una investigación exhaustiva y de fondo.
Sin embargo, pese a los reiterados compromisos del gobierno egipcio, hasta la fecha no dio a conocer resultado alguno sobre una supuesta investigación encabezada por el primer ministro Ibrahim Mehleb.
Es más: el pasado miércoles emitió un decreto que prohíbe a los medios egipcios e internacionales presentes en el país publicar cualquier información sobre el incidente que no fuera basada en los comunicados oficiales.
Y el pasado jueves, en una nueva carta abierta –firmada por Ahmed Abu Zeid, el vocero de la cancillería– criticó de manera muy violenta al New York Times, al que acusó de realizar “periodismo falso y engañoso”.
En un artículo publicado el día anterior, el periódico estadunidense de referencia planteó que el ataque aéreo contra los turistas mexicanos “necesita una rendición de cuentas entera y pública; desafortunadamente, bajo el régimen cerrado y represivo de Al-Sisi, esto resulta poco probable”.
Ante la falta de resultados, en apenas una semana la SRE convocó tres veces al embajador de Egipto en México para entregarle notas diplomáticas, exigiendo una investigación con un tono cada vez más ríspido.
En la tercera nota, entregada en la noche del pasado jueves, la SRE exigió al gobierno egipcio la reparación “integral” de los daños causados a las víctimas y que la investigación proporcione “sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y que deslinde responsabilidad para sancionar a quien corresponda”.
Al arribar a México en la mañana del viernes, Ruiz Massieu recibió un alud de preguntas de los reporteros presentes. Muchas de ellas se concentraban sobre la supuesta investigación de las autoridades egipcias y las opciones que tenía México para imponer el derecho internacional.
La funcionaria se limitó a responder de la misma manera a cada una de las inquietudes: repitió de manera mecánica las exigencias del gobierno mexicano e informó que el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará “una valoración de los pasos a seguir”.
De esta forma, como primer tarea le tocó a la exsecretaria de Turismo, quien no tiene experiencia en la diplomacia, exigir a un gobierno militar que investigue la responsabilidad de su propio ejército en una violación grave a los derechos humanos.
Estudia Metro la aplicación de varias tarifas
EXCELSIOR CIUDAD DE MÉXICO. El presupuesto anual que recibe el Sistema de Transporte Colectivo (STC), cifrado en 15 mil millones de pesos en 2015, no es suficiente para que el organismo opere y revierta el proceso de deterioro que afrontan sus instalaciones y trenes.
Eso ha llevado a que el organismo busque alternativas, entre ellas una revisión de sus esquemas tarifarios, de subsidios y gratuidades, que le permitan alcanzar un equilibrio financiero entre lo que se gasta y lo que ingresa.
El STC estima que al menos 30 por ciento de sus usuarios diarios, es decir, un millón 500 mil personas, podrían pagar un boleto sin subsidio, es decir, que podrían costear los 11.14 pesos que vale cada viaje sin el subsidio del 60 por ciento que asumen las finanzas locales.
La estratificación tarifaria ayudaría a que el Metro comenzara a frenar el retraso presupuestal que le afecta; sin embargo, su implementación presenta dos retos básicos: el uso universal de la tarjeta de recarga electrónica y la personalización por usuario de cada plástico.
Fernando Páez, director de Transporte del Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS), apuntó que en la ciudad las tarjetas que reciben estudiantes para pagar una tarifa de tres pesos son ejemplos de una personalización de usuarios para diferenciar el cobro de tarifa.
"Tecnológicamente es posible hacer esto, la solución es personalizar la tarjeta, lo cual implica que la tarjeta sea propia; entonces a cada usuario se le programa la tarjeta de acuerdo con el nivel que se determine y se le cobre 10 y no 5 pesos. Es una propuesta viable porque la tecnología la permite, pero es compleja en su implementación”, expuso el especialista.
El uso universal de la Tarjeta de la Ciudad de México (TCDMX) sería fundamental para la diferenciación tarifaria, dijo Páez, proceso que requeriría de la eliminación del boleto de cinta magnética como medio de pago, lo que también permitiría al organismo ahorros presupuestales.
Otra opción que permitiría la TCDMX sería el cobro por distancia; sin embargo, el especialista del CTS consideró que al contar con cobros plenos en todos los servicios que usan la tarjeta, como Metrobús, los usuarios de menores ingresos resultarían perjudicados.
"Cuando te subes al Metro se marca el sitio de ingreso y vuelves a marcar cuando se sale, como lo tiene el Suburbano; pero esto afecta a quienes hacen los viajes más largos que habría que estudiar a qué sector pertenecerían esos usuarios”, expuso.
Páez agregó una tercera forma de diferenciación tarifaria que tiene que ver con la integración de la tarifa en un mismo medio de cobro electrónico, el cual permitiría que se hicieran cobros íntegros en algunos servicios y parciales para otros.
"Cuando tienes la tarifa integrada se puede cobrar únicamente por el transbordo y eso permitiría que se tuvieran unas tarifas más altas para quien usa sólo el Metro y no se cobran los transbordos a otros transportes como Metrobús. Pero esto tiene que ver con temas financieros de cada sistema”, explicó.
El director de Transporte del CTS consideró que mantener una tarifa plana tiene beneficios para el usuario que paga 5 pesos independientemente de su capacidad de pago; sin embargo, para el Metro se traduce en el pago de subsidios para usuarios que no los necesitan.
Jorge Gaviño, director general del STC, ha expresado la necesidad de que el Metro, por ejemplo, reciba descuentos en el pago por consumo eléctrico que cada año absorben al menos dos mil millones de pesoso.
La dirección del STC ya hizo pública la necesidad de que el organismo reciba al menos 20 mil millones de pesos para gastar el próximo año, 33 por ciento más comparado con el presupuesto que recibió este año.
Gaviño estimó que los 20 mil millones de pesos serían suficientes para cubrir los programas de mantenimiento correctivo y preventivo que requieren trenes, vías y estaciones, así como el mantenimiento especial que necesita la Línea 12.
Señaló que el organismo ha afrontado gastos extraordinarios. “Estas cosas nos afectan muchísimo porque nosotros tenemos que invertir ese recurso aquí”.
Sin embargo, el secretario de Finanzas, Édgar Amador, ya dejó entrever que esa cantidad no formará parte del Proyecto de Egresos 2016 que presentará en poco más de un mes a la Asamblea Legislativa para su discusión.
EN PUERTA, MILLONARIAS EROGACIONES
Además de los gastos diarios de operación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) afronta egresos extraordinarios y otros que deberá realizar como parte del proceso de rehabilitación y reapertura de la Línea 12 del Metro.
Respecto a los gastos extraordinarios derivados del cierre de la Línea 12, el director del Metro, Jorge Gaviño, detalló que el organismo ha desembolsado un millón de pesos diarios para la operación de 123 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Explicó que con la reapertura de cinco de las 11 estaciones que fueron cerradas en marzo del año pasado, el Metro logró reducir por día 300 mil pesos en el pago del servicio extraordinario de RTP.
Indicó que hacia finales de año el STC gastará 20 millones de pesos para el pago del proyecto ejecutivo correspondiente al plan de mantenimiento correctivo para las curvas afectadas.
La Línea 12 también transmitirá costos especiales al Metro durante 2016 debido al mantenimiento anual que requerirá para tener el desgaste ondulatorio en parámetros seguros de operación; lo que costará entre 140 y 180 millones de pesos.
El gobierno atiza la violencia en Guerrero
PROCESO El domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixtla, después que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas… De nuevo, la violencia atizada desde el Estado.
CHILPANCINGO, Gro. La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29.
A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó esta semana la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible.
Todo ello ocurre en el contexto de la interminable confrontación de las bandas delictivas que se disputan las zonas de producción y trasiego de narcóticos en la Sierra de Guerrero, que provoca el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia y, peor, los presuntos nexos de las autoridades y las Fuerzas Armadas con el narco.
La situación tocó fondo el jueves 12, cuando más de mil personas de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo retuvieron a unos 200 soldados, después de que éstos desarmaran y arrestaran a guardias comunitarios que se enfrentaban con una célula criminal liderada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano en el poblado de El Naranjo, en el municipio de Castillo.
Los pobladores denunciaron públicamente que los soldados, adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, se abocaron a neutralizar a los guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en vez de capturar a los delincuentes.
Alrededor de un millar de personas, la mayoría hombres armados de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y el Ranchito, interceptaron a los militares en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Los comisarios de al menos 20 comunidades de la región de la Sierra informaron en un comunicado que, tras horas de tensión, los pobladores liberaron a los 60 comunitarios retenidos y recuperaron las armas que les habían decomisado los elementos del Ejército.
No obstante, los serranos enfurecieron cuando se enteraron de que, tras la detención de la autodefensa en El Naranjo, la banda de los Villalobos asesinó a 15 policías comunitarios de Ojo de Agua, pueblo considerado la guarida de esa banda, que días antes fue expulsada por la fuerza de Polixtepec, en General Heliodoro Castillo.
La gente acusó al Ejército de actuar en contubernio con la organización delictiva y retuvo a los militares porque se negaron a regresar a Ojo de Agua para verificar la información.
Los soldados fueron liberados la mañana del viernes 13, cuando infantes de Marina arribaron a la Sierra y realizaron un operativo en la zona de influencia de los Villalobos. Sin embargo, los marinos no confirmaron la ejecución masiva de comunitarios y sólo encontraron rastros de la batalla, entre ellos cuatro camionetas incendiadas.
En las inmediaciones de Ojo de Agua se localizó a tres policías comunitarios que se ocultaron en los cerros y fueron reportados como desaparecidos.
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