Resuelven el misterio de Tikal, la mayor ciudad de los mayas

Resuelven el misterio de Tikal, la mayor ciudad de los mayas Reuters. Un equipo de investigadores asegura haber determinado cómo la civilización maya pudo sobrevivir durante varios siglos y construir una ciudad entera en un bosque tropical de la actual Guatemala. El secreto se encuentra en las prácticas eficientes del uso del suelo implementadas por los mayas, aseguran. Tikal, uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina en los siglos I-IX d.C. tenía una población de más de 100.000 habitantes. Los científicos siempre buscaban la respuesta a la pregunta ¿cómo los mayas de Tikal pudieron mantener su población y prosperar en un ambiente de bosque tropical? El estudio dirigido por David L. Lentz de la Universidad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.), determinó que la población maya en la ciudad de Tikal proveía sus necesidades básicas practicando formas intensivas de agricultura: los mayas utilizaban sistemas de riego, la construcción de terrazas y el cultivo de quema y roza, además, de técnicas agroforestales y de conservación de agua cuidadosamente controladas. A pesar de ello, la economía maya dependía en gran medida del agua de lluvia que caía en sus cultivos. Los científicos sugieren que la salida de los mayas de Tikal en el siglo IX se asoció con una grave sequía, que hizo imposible la continuación del funcionamiento de la economía. Los mayas pudieron haber exacerbado las condiciones de sequía a través de la tala de bosques, según los autores del estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El Gobierno federal de México suspende la búsqueda de los 42 estudiantes

El gobierno federal de México suspende la búsqueda de los 42 estudiantes Reuters/Jorge Lopez El Gobierno federal de México ha suspendido la búsqueda de los 42 estudiantes en las inmediaciones de Iguala, estado de Guerrero. Ahora se espera la llegada de los expertos de la CIDH, que apoyarán en la pesquisa. México: Los manifestantes 'secuestran' al alcalde de Acapulco por el caso Iguala El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ha confirmado que el Gobierno federal de México suspendió las labores de búsqueda de los 42 estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala. Además, recalcó que se espera la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisarán cómo están las averiguaciones y los protocolos de indagaciones y apoyarán la búsqueda, informa 'La Jornada'. Hernández señaló que los padres de los normalistas desaparecidos solicitarán ayuda a la Policía comunitaria del estado de Guerrero para continuar con la búsqueda. El especialista subrayó que los padres se han enterado de que las autoridades han perdido interés en la averiguación y en el compromiso de cumplir el plan de búsqueda, por lo que están realizando su propio trabajo para hallar a sus hijos.

APRUEBAN REGULAR GIROS MERCANTILES

· Está ley permitirá el aporte de forma ordenada y perdurable en los ingresos de los municipios · Establecerá las condiciones necesarias para el funcionamiento con garantías mínimas de seguridad y salubridad.

Ahora establecimientos de bajo riesgo en la entidad mexiquense, como son: tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, estéticas, entre otros, serán regulados; esto porque fue aprobada la iniciativa que el diputado del PRD, Saúl Benítez Avilés. El legislador perredista, lo propuso al congreso porque el Estado de México carece de una reglamentación uniforme, ya que ocasiones el pequeño empresario es sorprendido por funcionarios para exigir el pago de cuotas extraordinarias por requisitos inexistentes. Sin embargo, con la aprobación de esta Ley de establecimientos mercantiles, se dará certeza en el fomento de esta actividad económica y con ello aporte de forma ordenada y perdurable a la parte sustancial de los ingresos propios de los municipios. Además, de establecer las condiciones suficientes y necesarias para que la autoridad pueda garantizar su buen funcionamiento con garantías mínimas de seguridad y salubridad, que las licencias se ajusten a derecho, se cumplan con las obligaciones hacendarias y no comprometan el crecimiento urbano armónico y sustentable de la entidad. Incluso, se otorgarán atribuciones a las autoridades para intervenir en la expedición de licencias de funcionamiento, con lo cual los particulares o jurídico colectivas pueden acudir de manera directa. Realizar verificaciones para comprobar que se cumpla con las obligaciones contenidas en la presente Ley, fincando sanciones y estableciendo medios de defensa. Se definirán los requisitos para la expedición y contenido de la licencia de funcionamiento, permiso, autorización, avisos y manifestados en la Declaración de Apertura, regulando los juegos de video, electrónicos, mecánicos y electromecánicos, muy concurridos por menores. Así mismo, dentro de la propuesta ya aprobada del diputado Saúl Benítez, se fijan obligaciones de los propietarios de establecimientos mercantiles, que entre otros destaca el destino exclusivo del giro para el cual fue autorizado, por lo cual debe exhibirse la acreditación legal de funcionamiento en un lugar visible, los horarios de funcionamiento, de protección a los no fumadores, señalamientos de rutas de evacuación, la implementación de acciones y programas de protección civil, los límites permisibles para las emisiones sonoras, la prohibición de vender bebidas que contengan alcohol y cigarros a menores de edad, contar con un Seguro de Responsabilidad Civil con el que se pueda hacer frente ante daños causados a los usuarios en su persona o patrimonio. Además, habrá restricción o bloqueo de páginas que contengan pornografía en establecimientos que presten este servicio y al que concurran menores. Impulsará campañas sanitarias destinadas a la prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual, prevención en el consumo de alcohol y drogas, fomenta la cultura de la no violencia, prevención y erradicación del abuso y la explotación sexual comercial infantil, así como aquellas enfocadas a prevenir y evitar el sobrepeso, la obesidad y cualquier otro trastorno alimenticio.

Insulto gubernamental, empresarial y militar

JESÚS CANTÚ

Cienfuegos, Peña y Soberón en el Campo Militar 1. Foto: Benjamin Flores MÉXICO, D.F. (Proceso).- La semana antepasada fue pródiga en declaraciones de autoridades, líderes empresariales y hasta intelectuales que buscan “cerrar esa página”: las protestas sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la denuncia pública por la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente–, sin costo alguno para el gobierno federal y Enrique Peña Nieto. Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: “Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad”. Abunda: “Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto”. Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro. La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa. Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso. Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de “los intereses ocultos” que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: “Más coraje me da” que a “esta gente” que supuestamente “manipula” a los padres de familia, “no le interesan ni los padres ni estos muchachos…”. Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables. El Estado no quiere reconocer que el país vive la “peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años”, según denunció el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la desaparición de uno de sus miembros; son seres humanos que protestan y se manifiestan por el dolor que les provoca la desaparición de un ser querido, no por la manipulación de nadie. También son irritantes las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, quien en rueda de prensa manifestó que se debe dar vuelta a la página de las protestas por los 43 desaparecidos de Ayot­zinapa, ya que “es injustificado” que el “pequeño número de personas” que las realizan estén provocando un “daño terrible” a los “3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 mil familias. No hay proporción”. Y concluyó, de acuerdo con los medios de comunicación: “Para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (…) Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”. Más allá de los sentimientos de ira que generan sus expresiones, éstas muestran los dobles discursos y las auténticas preocupaciones de un sector de los empresarios mexicanos: promueven la cultura de la legalidad y reclaman la vigencia del estado de derecho mientras no toquen sus intereses particulares, y están dispuestos a sumarse a las marchas contra la inseguridad cuando afecta a las familias de sus agremiados si tales manifestaciones no perjudican sus negocios o rendimientos económicos. Ante la desbordada indignación de la ciudadanía, que sin duda trastorna la vida cotidiana, afecta el clima de negocios y muestra la ingobernabilidad, las voces de los beneficiarios del statu quo se unen para tratar de “cerrar esa página”, sin importar que ello implique tolerar los atropellos y abusos de autoridad de los cuerpos armados mexicanos, aceptar la corrupción del presidente de la República y los más altos funcionarios gubernamentales, permitir la violación de los derechos humanos, el incremento de la incidencia delictiva y la creciente inseguridad; en síntesis, decretar la inexistencia del estado de derecho en beneficio de una minoría poderosa política y/o económicamente. Mientras unos demandan hacer justicia y recuperar con vida a sus familiares desaparecidos, los personeros de la clase gobernante, un sector del empresariado y un grupo de la intelectualidad pretenden que todo termine simplemente con un “usted disculpe” para que el país recupere la paz que ellos requieren con el fin de seguir enriqueciéndose.

Premiados, los jueces relacionados con el caso Raúl Salinas

JENARO VILLAMIL

Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Foto: Marco A. Cruz MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tras 19 años de litigios, Raúl Salinas de Gortari libró todas las acusaciones. Además, los jueces y magistrados que conocieron del expediente en sus distintas instancias –la mayoría radicadas en el Estado de México– han sido premiados desde que él salió del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el 14 de junio de 2005. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que lo liberaron tras 10 horas de deliberación fueron ascendiendo en los intrincados laberintos del Poder Judicial: José Nieves Luna Castro fue el responsable de elaborar el proyecto de sentencia que autorizó el amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual de Raúl Salinas en el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. Emparentado con la poderosa familia Luna Ramos –que ocupa posiciones centrales en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Luna Castro fue mencionado en 2009 como uno de los posibles aspirantes a ocupar las vacantes que dejaron los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. Y aun cuando no logró la posición en el máximo tribunal, es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo su mando estará el diseño de los 44 centros de justicia federal en todo el país, un proyecto en el que se invertirán más de 4 mil millones de dólares. Adalid Ambriz Landa y Manuel Baráibar Constantino, los otros dos magistrados que le dieron el amparo a Raúl Salinas, también fueron beneficiados por la fortuna. Baráibar fue uno de los 35 aspirantes que se inscribieron en febrero de 2013 para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal. La bancada del PRI en el Senado apoyó a Baráibar y a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ese cargo.

Nestora Salgado, presa por consigna

JESUSA CERVANTES

Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, obtuvo ya la libertad… pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerrerense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez, “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado” MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sin mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejército detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”. El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, consideró que no puede acusarse a Nestora Salgado de “secuestro” o de “delincuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la policía comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero. Con ese argumento el magistrado federal revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde ha estado recluida desde el 21 de agosto de 2013, explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación. Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agrega López Suárez. El legislador considera que el gobierno federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de junio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

La pira que no se vio ni desde el aire

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Peritos trabajan en una fosa clandestina hallada en Cocula, Guerrero. Foto: Germán Canseco MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula. Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos. De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”. Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente. No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal. Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores . Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

La noche de Iguala: el encubrimiento

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa protestaron frente al 27 Batallón de Infantería en Iguala, el viernes 18. Foto: Octavio Gómez MÉXICO, D.F. (Proceso).- La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México. Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento. Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables. La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones. El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”. En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa. “El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.” En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército. El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación. (Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

Una tribu indígena aislada saquea una comunidad vecina con arcos y flechas

Reuters Al menos 200 miembros de una tribu de indígenas que vive aislada en la zona amazónica del sureste de Perú ha saqueado la comunidad nativa vecina de Monte Salvado, próxima a la capital de la provincia Tambopata y la región Madre de Dios. Al menos 200 miembros del grupo indígena de la etnia Mashco Piro, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario en la zona amazónica del sudeste de Perú, saquearon y causaron destrozos en la comunidad nativa vecina de Monte Salvado, ubicada a 153 kilómetros de Puerto Maldonado, capital de la provincia de Tambopata y de la región Madre de Dios, informa el diario andino 'El Comercio'. Según el dirigente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), César Augusto Jojajé, los asaltantes indígenas, todos ellos varones provistos de arcos, flechas y lanzas, mataron animales domésticos y se apropiaron de utensilios de cocina, machetes, hachas y herramientas de uso agrícola. La incursión se registró el pasado viernes, cuando solo 4 de los 53 residentes de la localidad situada a orillas del río Las Piedras se encontraban en la zona. Los locales huyeron del lugar y fueron a buscar refugio al puesto de vigilancia de Fenamad. Se informa que los hostigamientos continuaron el pasado sábado. La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, ha informado al diario andino que el Ministerio de Cultura ha coordinado los ministerios de Defensa y el Interior para llevar ayuda a la zona y que "la falta de alimento" es lo que está llevando a los indígenas a abandonar su hábitat. En julio de 2013, un guarda forestal grabó un vídeo que muestra a miembros de esta tribu de todas las edades y sexos, entre ellos hombres con lanzas, arcos y flechas.

Detienen a funcionario de Matamoros por evasión fiscal de 7 mdp

SDPNOTICIAS.

Los cargos por defraudación fiscal contra Luis Alfredo Biasi se deben a que, según investigaciones, en 2012 recibió ganancias por casi 30 millones de pesos, pero declaró en ceros sus cuentas fiscales, situación que se agrava porque el acto se habría realizado con dolo ante autoridades federales. Reynosa, 20 dic. (SDPnoticias.com).- Luis Alfredo Biasi, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Matamoros, fue detenido esta tarde por agentes federales, por presunta evasión fiscal evasión por 7 millones de pesos en el año 2012. Reportes citados por el diario El Universal, señalan que el funcionario, considerado el brazo derecho de la alcaldesa Norma Leticia Salazar, fue detenido alrededor de las 16:00 horas, cuando encabezaba un evento público. Biasi fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Matamoros y posteriormente fue enviado a la Ciudad de México, donde rendirá su declaración ministerial. Los cargos por defraudación fiscal contra Luis Alfredo Biasi se deben a que, según investigaciones, en 2012 recibió ganancias por casi 30 millones de pesos, pero declaró en ceros sus cuentas fiscales, situación que se agrava porque el acto se habría realizado con dolo ante autoridades federales. Las autoridades también investigan la detención de Jaime Medrano y Juan Eduardo Rodríguez, quienes señalaron a Luis Biasi como la persona que los mandó al DF para dejar más de 1.6 millones de pesos a un licenciado, presuntamente para comprar un rancho. Tras la detención, la alcaldesa de Matamoros se ha negado a hacer cualquier declaración al respecto. Con información de El Universal.

Reportan presunta desaparición del alcalde de Cocula

SDPNOTICIAS.

Reportan presunta desaparición del alcalde de Cocula Foto/Tomada de Inernet. El viernes el alcalde tenía programada una comida con personal del ayuntamiento, sin embargo se confirmó que no asistió debido a que tenía que viajar hacia la ciudad de México para rendir su declaración en la PGR. Cocula, Guerrero.- César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, fue reportado como desaparecido antes de declarar por segunda ocasión ante la Procuraduría General de la República, donde fue citado a declarar el pasado viernes 19 de diciembre, sin embargo nunca llegó y 24 horas después su esposa reportó que no había llegado a casa. La primera vez en que Peñaloza declaró fue el pasado 13 de octubre, donde señaló que desconocía la presunta participación de policías del municipio de Cocula en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la zona de Iguala, Guerrero. Además, el viernes el alcalde tenía programada una comida con personal del ayuntamiento, sin embargo se confirmó que no asistió debido a que tenía que viajar hacia la Ciudad de México para rendir su declaración en la PGR. Hasta el momento la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam ha detenido a 14 policías municipales y un funcionario menor de Cocula, por detectar nexos con la delincuencia organizada. Se ignora si la PGR ya realiza una búsqueda del funcionario. Con información de La Razón.

Es fantasma constructora que prestó camioneta a delegado de Iztapalapa

SDPNOTICIAS.

La empresa constructora Amexire ha sido consentida de la delgación que gobierna Jesús Valencia, pues se le han asignado al menos tres contratos millonarios. Ciudad de México.- El Delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, ha otorgado contratos por alrededor de 50 millones de pesos a una la empresa constructora Amexire, de la cual se detectó que tiene un domicilio fantasma. No obstante, esta empresa ha sido consentida de la delgación que gobierna Valencia, pues se le han asignado los contratos millonarios IZP-DGODU-IR-PF-O-075-13, IZTP/DGA/AD/324/2014 y IZTP/DGA/AD/325/2014. El domicilio reportado por la empresa en internet es Primavera 210, colonia La Joya, en el municipio mexiquense de Santa Cruz Atizapán, lugar donde actualmente sólo hay una bodega en desuso, según publicó el diario Reforma en su portal de internet. . Vecinos del lugar señalaron que dicho almacén fue utilizado para fabricar y almacenar ropa, sin embargo, ya tiene mucho tiempo que fue abandonado. "La bodega ha cambiado en tres ocasiones de dueño. Primero era una fábrica de ropa. Había costureras y diseñadoras que trabajan todo el día, pero al año cerró", explicó el propietario de una tienda cercana. El último dueño del local, según el comerciante, usó la bodega como lavandería durante algún tiempo. Este escándalo se desató luego de que el jefe delegacional de Iztapalapa chocara el miércoles pasado una camioneta Jeep Cherokee modelo 2015, con valor de 877 mil pesos, la cual presuntamente es propiedad de la constructora Amexire. Con información de Reforma.

El aumento al minisalario es insuficiente: Miguel Barbosa

Cecilia téllez Cortés | LA CRÓNICA DE HOY.

El aumento de 4.2 por ciento al salario mínimo resulta insuficiente para resolver las necesidades de los trabajadores, aseguró el senador del PRD, Miguel Barbosa. Tras urgir a hacer una revisión integral de la política salarial, el legislador destacó que este anuncio no atendió los llamados que desde la sociedad, las organizaciones sindicales, el gobierno de la ciudad de México y el Congreso se hicieron para colocar este tema como una prioridad, y está lejos de responder a las necesidades de los trabajadores y de sus familias. El legislador señaló que desde el gobierno no se ha entendido que la prioridad es apoyar el aumento de los ingresos de los trabajadores. Barbosa Huerta dijo que son falsas las afirmaciones hechas por el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que señalan que al no concluirse el proceso legislativo en materia de desindexación, se imposibilitó el inicio de la recuperación salarial. Desde su perspectiva, “se trata de un intento de trasladar al Senado la responsabilidad que corresponde al gobierno y, sobre todo, a la ausencia de una estrategia efectiva de recuperación económica”, dijo. “La desindexación no tiene nada que ver con el incremento en los salarios. Lo que vemos es la falta de voluntad y decisión del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Hablamos de procesos productivos, de creación de mecanismos que permitan transparencia, combate a la corrupción, el aumento de la competitividad y con esto, el mejoramiento de los salarios, de los salarios remuneradores, como lo establece la Constitución”, agregó. Barbosa Huerta mencionó que afirmaciones como las del titular de la Conasami son un pretexto que no contribuyen a generar los consensos que permita avanzar hacia una revisión profunda de la política salarial en México. “La situación del salario obedece a un proceso de deterioro desde hace tres décadas y a un escenario económico complejo”, sostuvo. El senador señaló que desde el Congreso se impulsarán medidas legislativas para crear condiciones que ayuden a lograr salarios mejor remunerados para los trabajadores.

Si soy responsable en la investigación, renunciaré: Valencia

Héctor Cruz López | LA CRÓNICA DE HOY. Aun cuando desde la noche del viernes el jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, anunció a sus asesores que no respondería más llamadas telefónicas, porque sólo lo hacen caer en más contradicciones sobre los hechos del miércoles pasado, cuando estrelló una lujosa camioneta, ayer desde temprana hora el funcionario respondió en su cuenta de Twitter todo tipo de cuestionamientos. Esta acción lo llevó a enfrentarse con el senador del PAN Javier Lozano Alarcón, con quien mantuvo un intercambio de opiniones por alrededor de 40 minutos, para concluir con que renunciará al cargo si resulta responsable en la investigación que realice la Contraloría, lo que los cibernautas consideraron insuficiente, luego de calificarlo de “borracho, corrupto y mitómano”. Durante su exposición de motivos, a través de su cuenta de Twitter, Valencia Guzmán negó rotundamente cualquier conflicto de intereses entre su persona y la empresa constructora Amexire, propietaria de la camioneta que chocó el pasado miércoles en el sur de la ciudad de México. De inmediato, el senador del PAN Javier Lozano Alarcón lo retó a un debate twittero, para que explique lo que verdaderamente ocurrió en el accidente, donde destrozó una camioneta Jeep Gran Cherokee, dadas las contradicciones en las que ha caído. A través de su cuenta de Twitter y con el hashtag #ValenciaRenuncia, Lozano Alarcón expresó: ¿Qué les parece que el Jefe Delegacional de #Iztapalapa @Valencia_Guzman ya se me puso bravo por esta vía? Los invito a seguir el debate. Como era de esperarse, los usuarios de esta red social rápidamente respondieron al debate y externaron su opinión, en la que varias veces llamaron borracho a Valencia Guzmán, además lo relacionaron con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, calificándolo de corrupto y le exigieron su renuncia. El panista retuiteaba y respondía “RT@editorialc: @JLozanoA @Valencia_Guzman y no es por tener mala visión pero si le da un aire al afamado Abarca . O no?/Coincido. En todo. @Gabotour: @JLozanoA @Valencia_ Guzman me suena, me suena? #YaMeCanse9”, entre otros comentarios. Valencia Guzmán intentó defenderse. Sostuvo que posee un coche, pero aquella noche (la del miércoles pasado) utilizó uno prestado, y juró y perjuró que sólo bebe jugo de naranja. El altercado llegó a calificarse como bravuconería por parte de Javier Lozano, quien escribió: Y no puedo ir con los #AvisosParroquiales por estar atendiendo la bravuconada del Jefe Delegacional @Valencia_Guzman. Gran corrupto. A lo que respondió Valencia Guzmán con: @JLozanoA No es bravuconeria Sr senador es un hecho real, usted junto con otros son responsables de esos muertos y no tienen memoria, aunque no especificó a qué personas fallecidas se refería. Una vez acabada la disputa, el usuario identificado como @rcervantes19 declaró ganador al senador Javier Lozano: Declaramos vencedor del #DebateTuitero al senador @JLozanoA con un gran gancho al hígado y sin alcohol a @Valencia_Guzman #PAN vs #PRD. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal anunció que exigirá la comparecencia de Jesús Valencia, para que explique las supuestas prebendas de empresarios a los que su administración ha asignado contratos.

Hipólito Mora anuncia que se presentará a declarar junto con sus hombres ante juez

Ignacio Roque en Morelia | Estoy dispuesto a permanecer en la Fuerza Rural y seguir la lucha, dice Mora Chávez. Hipólito Mora, ex líder de los autodefensas de la tenencia Felipe Carrillo Puerto —conocida como La Ruana—, en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, dijo que se presentará a declarar la próxima semana ante un juez, junto con sus hombres, tal y como lo solicitó el comisionado federal para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Reiteró que no tiene nada que ocultar ni nada que temer, por lo que se presentará con “gusto” ante las instituciones que lo reclamen por el caso del enfrentamiento ocurrido el miércoles, ya que son inocentes y lo único que hicieron él y sus hombres fue defenderse de la gente de Luis Antonio Torres, El Americano, lo que está documentado en varios videos. “Será la próxima semana, porque a mí me interesa más que nadie que se esclarezcan los hechos”, señaló Mora Chávez. Se abstuvo de precisar el día de su presentación a declarar, pero adelantó que se presentará junto con su compadre Jesús Torres, La Paloma, quien ha sido su brazo derecho desde que iniciaron el movimiento de autodefensa en febrero de 2013. A través de las redes sociales, recalcó que está dispuesto a permanecer en la Fuerza Rural y que seguirá en la lucha: “Quiero hacerlo por ideales míos, yo siempre he pensado así, y ahora que me matan a estos chamacos y entre ellos a mi hijo, quiero demostrarle a mi hijo que no se equivocó al confiar en mí”. El todavía comandante de la Fuerza Rural mencionó que tiene información de que las corporaciones estatales y federales continúan realizando tareas de vigilancia en el municipio de Buenavista, pero dijo desconocer cuál es el ambiente que existe en la zona, ya que no ha salido de su casa. Por su parte, el comisionado Castillo Cervantes sostuvo que se actuará conforme a derecho y sin inclinación alguna a cualquiera de los involucrados en el enfrentamiento en que murieron 11 personas. Será a partir del lunes cuando los señalados se presenten ante el juez. Hasta este sábado 113 ex autodefensas habían declarado ministerialmente.

Normalistas fueron calcinados en basurero, concluye peritaje

Daniel Blancas Madrigal |

Con el estudio, la PGR busca probar que fue en el basurero de Cocula donde una célula de Guerreros Unidos asesinó y calcinó a un grupo numeroso de entre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los restos de las llantas localizados en dos bolsas rescatadas del río San Juan corresponden a los rastros neumáticos encontrados en el basurero del municipio de Cocula, fue la conclusión de un análisis pericial realizado por especialistas de la Procuraduría General de la República. Con el estudio la dependencia federal busca probar que fue en este lugar donde una célula de la organización Guerreros Unidos (GU) asesinó y calcinó a un grupo numeroso de entre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Según la PGR incontables llantas fueron quemadas a mil 500 grados centígrados en el basurero, durante alrededor de 13 horas; se utilizó diesel y gasolina como combustible para desaparecer los cuerpos. Sin embargo, resultó posible corroborar que las partículas identificadas ahí son las mismas que se hallaron en el río. “No hay duda de que los restos neumáticos que aparecieron en el basurero coinciden con los de las bolsas rescatadas por buzos de la Policía Federal y de la Marina-Armada de México”, se refiere en el estudio. Además de estos resultados periciales, la Procuraduría presume al menos otros cinco testimonios -entre testigos y recolectores de basura- para documentar su hipótesis de la manera cómo los estudiantes fueron asesinados. Hasta ahora se sabía que el expediente estaba basado en las confesiones de tres integrantes de GU detenidos en Cuetzala del Progreso, Guerrero: Patricio Reyes Landa El Pato, Jonathan Osorio Gómez El Jona y Agustín García Reyes El Chereje, quienes aceptaron que policías municipales les entregaron a los normalistas. Conforme a las indagatorias de la Procuraduría, los delincuentes subieron a los jóvenes a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor, para conducirlos al basurero de Cocula, descrito como “un barranco oculto a la vista, limitado por una reja, y en un perímetro sin casas a 10 kilómetros a la redonda”. La PGR cuenta con por lo menos tres testimonios de personas -algunos en funciones de halcones o informantes- “que declaran haber visto pasar la comitiva por el punto que tenían la encomienda de vigilar”. A la par de estos testigos, el expediente incluye las narraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, “quienes señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal, identificado como la unidad 01, fueron interceptados por dos de los detenidos -ya reconocidos- quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran”. El Procurador Jesús Murillo Karam ha reconocido que no hay coincidencia sobre la hora en la que ocurrieron los hechos ni tampoco en el número de personas que fueron eliminadas en el basurero, pero que estas imprecisiones no alteran la investigación. “El número si no lo vamos a precisar nunca, el número de los que ahí fueron sacrificados; sabemos que era un grupo numeroso, pero no tenemos un número preciso, unos declaran una cantidad y otros declaran otra”, aceptó.