Con la militarización está en juego el régimen democrático y los derechos humanos.
Expertos en el tema de seguridad y la dirigencia del PRD, coincidieron que la militarización de la seguridad pública no es la solución para atender la crisis de inseguridad que enfrenta el país y que se ha agudizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante el Foro “Seguridad Pública en manos de los militares”, que realizó la agrupación Futuro 21 y la dirigencia del PRD, la ex senadora Angélica de la Peña Gómez aseguró que con mayoría en el Congreso, el presidente cambia la Constitución Política para oficializar la figura de la Guardia Nacional, “modelo obsoleto del siglo antepasado, y ahora define hasta el último momento, que la Guardia Nacional va ser constituida y dirigida por militares”.
Dijo que desgraciadamente en ambas cámaras, pese a la oposición se dejó pasar un transitorio que establece que durante los primeros años de la restauración y conformación la Guardia Nacional va a estar integrados por militares.
Mencionó que en los hechos el Ejecutivo Federal está decidiendo por militares, “aunque la Constitución lo prohíbe; quienes deben de estar al frente de la Guardia Nacional deben ser civiles y al Presidente de la República le vale sombrilla el precepto constitucional, se sale con la suya y de facto decide que sean militares”, expresó.
Sobre la desaparición de la Policía Federal, de la Peña Gómez advirtió que México enfrenta un “enorme riesgo y peligro que conlleva una decisión como la que está tomando López Obrador, por ello hay que seguir discutiendo y reflexionando, debemos de ponernos las pilas sobre el gran desastre que habrá cuando desaparezca la Policía Federal y entre en operación la Guardia Nacional Militarizada”.
En su intervención, el experto y escritor en temas de seguridad, Pedro Arturo Aguirre mencionó que la militarización que inició el expresidente Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto y que ahora ha profundizado Andrés Manuel López Obrador, no ha funcionado.
“Vemos las gráficas de violencia, de muertes, de sangre que corren por las calles y nos damos cuenta que desde que se militarizó el tema de la seguridad pública las estadísticas ascienden de manera estratosférica. Definitivamente no ha sido la solución militarizar la seguridad en México, y esto es muy claro. El hecho de que se quiera profundizar en esa vía, absolutamente nos dice que hay una vocación claramente autoritaria por parte del actual régimen”, dijo.
Mostró su preocupación por que en estos momentos está en juego el régimen democrático y los derechos humanos. “La militarización lo único que ha traído es una mayor violación a los derechos humanos, justamente porque las Fuerzas Armadas están entrenadas para destruir al enemigo, no es su vocación combatir al crimen organizado”.
En ese sentido, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, refirió “que este gobierno empieza a construir y deconstruir las instituciones, dando oportunidad a los delincuentes”.
Mencionó que “el desmantelamiento de la Unidad Antisecuestros de la Policía Federal, los recortes presupuestales, el descabezamiento de la Coordinación Nacional Antisecuestro, así como la falta de supervisión de los gobernadores, ha facilitado que hoy tengamos un aumento del secuestro de más del 20 por ciento respecto al año pasado”.
En ese sentido, cuestionó el desmantelamiento de las instituciones en esta nueva administración, un gobierno que promueve, en particular, la prevención del delito, “no puede recortarle un 27% al total de los recursos destinados a la prevención del delito; el 3% al antisecuestro; más del 50% a la búsqueda de personas, el 17% a la prevención del delito, más del 30% a las aportaciones estatales, el 10% al combate al crimen, definitivamente todos los discursos no está sustentados en el presupuesto”.
En tanto, la integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), Estephany Santiago expresó que “la aprobación de la Guardia Nacional fue bajo un mando civil y no militar, como lo está imponiendo el titular del Ejecutivo Federal”.
En ese sentido, la dirigente indicó que la política del gobierno se basa en las ocurrencias del Presidente de la República. “El actual gobierno debiera resaltar, enaltecer e incentivar los derechos humanos, pero lo que estamos viendo todos los días, es la ocurrencia de lo que él cree que debe ser la seguridad pública y por eso estamos aquí debatiendo y analizando, tratando de construir propuesta que se vayan consolidando para mejorar lo que vemos en el país”.
En tanto, el investigador Daniel Antonio Vázquez Herrera explicó que el actual gobierno emprendió una campaña de descredito en contra de la Policía Federal para polarizar a la población e imponer una Guardia Nacional militarizada, violando derechos laborales y sobre todo, esparcir la violencia en el territorio.
En tanto, el policía en activo Ricardo Cortés defendió el movimiento legítimo integrado por elementos de la Policía Federal, luego de que el presidente ordenara su desaparición y que estos se integraran a la Guardia Nacional o que estos tomaran diversas opciones, las que calificó como inviables. “El movimiento es justificado, es legítimo, con todo respeto señor Presidente”, subrayó.
“La decisión del Presidente es una falta de respeto grandísima para los policías federales que han dejado su vida, a sus hijos, a sus familias, por estar protegiendo a alguien más”, dijo Cortés, quien aseguró que con la desaparición de la Policía Federal incrementará la calidad de la delincuencia organizada debido a que el ejército no podrá controlarla.
