Será una constitución con un carácter feminista con pleno
respeto a la libertad de expresión y de protesta, entre otros.
Los derechos establecidos en la Constitución serán
inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, exigibles e irrevocables.
El Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma
Constitucional del Estado de México analizó el Título Segundo ‘Del sistema de
derechos humanos’, en el que se garantizan los derechos de la población en
general, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la pluralidad de
las familias mexiquenses, a la protesta social y al buen gobierno, el ejercicio
periodístico, el disfrute de la ciudad y el acceso al agua potable.
En sesión del Tercer Periodo del Parlamento Abierto para la
reforma constitucional, encabezada por Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador
general del Sectec, y conducida por Arturo Huicochea Alanís, vicepresidente de
la Mesa Directiva del Parlamento Abierto, Rubén Islas Ramos, secretario técnico
del Sectec, sostuvo que la nueva Constitución tendrá un carácter feminista,
mientras que las y los parlamentarios destacaron que se deben garantizar los
derechos de pueblos originarios y de las mujeres.
De acuerdo con el actual anteproyecto, los artículos están
seriados de lo individual a lo colectivo y se basan en la territorialidad, lo
que significa que cualquier persona que se encuentre en la entidad estará bajo
el amparo de estos derechos, que serán inalienables, imprescriptibles,
irrenunciables, exigibles e irrevocables.
El título se basa en los principios pro persona, de igualdad
y no discriminación, de perspectiva de género, de enfoque diferenciado (adultos
mayores, menores, LGBT), y de protección a grupos en situación de
vulnerabilidad, mientras que las autoridades deberán garantizar la aplicación
de los derechos humanos, e investigar, sancionar y reparar su posible
violación.
Se plantea que, ante la violación de estos derechos, la
nueva Constitución otorgue protección, indemnización, reparación del daño y
acceso a las acciones de inconstitucionalidad.
Durante la sesión las y los parlamentarios analizaron los
derechos al desarrollo individual, a la Identidad, a la Identificación Digital
Única, a la No Discriminación, a la Seguridad Jurídica, a la Protesta Social y
a la libertad de expresión.
Se incluyen el derecho a la Integridad y a la seguridad de
las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos, los derechos de niños,
niñas y adolescentes, así como el derecho a decidir la forma, tipo y estructura
de las familias, reconociendo su pluralidad y diversidad.
También incluye los derechos sociales y económicos, a la
educación, a la cultura, a la alimentación y la nutrición, a la vivienda digna,
a la ciudad, acceso al agua potable y saneamiento, buen gobierno y la
administración pública, de acceso a la información pública y gubernamental, a
la transparencia, a los beneficios del desarrollo tecnológico y científico, a
la conectividad y los servicios de telecomunicaciones y los derechos digitales.
De las y los parlamentarios, David Rodríguez pidió precisar
el alcance de la identificación digital única y establecer un límite en el
derecho a la vivienda con respeto al medio ambiente; Sobre el derecho a la
seguridad jurídica, Miguel Ángel Pavón propuso considerar la imputación de
delitos y hacer precisiones sobre los derechos políticos y reproductivos de las
mujeres, con focalización a las mujeres indígenas, y Nancy Mendoza pidió no
integrar a los pueblos indígenas entre los grupos vulnerables.
Claudio Contreras propuso mayores precisiones respecto a la
protección a los adultos mayores y el acceso al agua, así como garantizar el
respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas; Elías Velázquez,
propuso la protección de sustantividad en organizaciones policiales, y derechos
de policías; Eugenia Hernández, pidió una educación desde una perspectiva
bilingüe e intercultural, y puntualizar los mecanismos para otorgamiento de
becas en este sector.
Ángel Castillo propuso lineamientos sobre postulaciones de
grupos indígenas; Joaquín Vela, precisar derechos de las comunidades ejidales
sobre sus tierras, así como la creación de empresas tripartitas que incluyan al
sector social; Enrique Soteno, especificar los derechos colectivos de los
pueblos originarios; Miguel Reina, reforzar la protección a los mantos
acuíferos y que las comunidades indígenas se contemplen en la elaboración de
los planes de desarrollo.
Anelís Reyes planteó mecanismos para garantizar los derechos
de todas las comunidades indígenas; Juan Carlos Hernández, el fomento de
principios y valores para la construcción de la democracia en infancias y
adolescencias; Regino Héctor, solicitó el registro de más pueblos originarios y
que sean así denominados, no indígenas; Rodolfo Soriano, privilegiar el
ordenamiento ecológico antes que el urbano en lo referente al derecho a la
Ciudad y considerar el alcantarillado en lo referente al acceso al agua.
Todas estas observaciones fueron registradas y mencionadas
al final de las rondas de intervenciones por Estefany Posadas Márquez,
secretaria de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto y del Parlamento Abierto
Regional.
Finalmente, Oscar Silva Macedo realizó la declaratoria de
receso de estos trabajos, para reanudarse el 31 de octubre, luego de agradecer
la participación del grupo técnico que realizó la propuesta de borrador.
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afectividad”, para el 9 y 12 de noviembre.
