En el foro 19-A del Parlamento Abierto para la Reforma
Electoral, diputadas, diputados, funcionarios y expertos abordaron el tema
Legislación Electoral Única.
La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral,
diputada Graciela Sánchez Ortiz, sostuvo que este tema implica un nuevo diseño
institucional electoral e integral de la normatividad vigente, lo cual tiene el
gran reto de conseguir estructuras estables, monitoreo institucional,
certidumbre, capacidad y decisión acordes a las necesidades y calidad
democrática de nuestro país.
Refirió el análisis de las líneas temáticas más importantes
de la reforma política-electoral, relativas a la unificación de las autoridades
electorales y administrativas, su jurisdicción y extinción de los Organismos
Públicos Locales, así como de los tribunales electorales de las entidades
federativas.
Asimismo, de la estandarización de los procesos de elección
locales de todas las entidades, así como de los procedimientos sancionadores,
las causas de nulidad, fiscalización de recursos y capacitación de
funcionarios.
Consideraciones de los expertos
Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta
Local del INE en Zacatecas planteó que “sí es necesaria y urgente una
legislación electoral única, pero no la desaparición de los institutos
electorales de los estados, que pueden convivir sanamente y son eje de rotación
de los partidos políticos.
Destacó que los partidos políticos requieren desarrollar y
fortalecer su vida interna. “Es imposible que las elecciones internas de
candidaturas revistan procesos democráticos”; por ello, deben ser operadas por
un órgano ajeno a los partidos.
Armando Hernández Cruz, director general titular de la Sexta
Visitaduría General de la CNDH, dijoes viable tener un sistema nacional
electoral donde subsista el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLES). Propuso suprimir los delitos penales en los códigos estatales y dejar
todo en la ley general.
Además, que los organismos nacionales asuman
competencias que tienen actualmente las instancias locales, sobre todo desde el
punto de vista legislativo, porque la libertad de configuración legislativa que
tienen los estados “choca” y genera enormes espacios de contradicción que no
tienen un mecanismo específico de solución.
Marco Antonio Reyes Anguiano, coordinador de asesores del
consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, indicó que antes de buscar entrar
a la austeridad se debe analizar cómo hacer más eficientes los procesos, lo que
necesariamente nos llevará a ahorros significativos. Se dijo a favor de una
legislación electoral única, ya que el propio reglamento del INE se llega a
enfrentar a normas locales e incluso constituciones estatales al momento de
organizar elecciones.
Se manifestó en contra de la desaparición de los Organismos
Públicos Locales Electorales pues hay oportunidad para que tengan funciones en
tiempos electorales o bien que sean temporales, y actualmente solo reciben
quejas y algunas funciones durante las elecciones.
María Luisa Oviedo Quezada, magistrada presidenta del
Tribunal Electoral de Hidalgo, advirtió que la reforma pretende la
concentración de poder en un órgano todo poderoso que despache desde el centro
y deje a entidades federativas, municipios, grupos étnicos de comunidades
alejadas en una situación de desventaja.
“Una legislación única no resuelve el problema de la
democracia y la participación ciudadana, por el contrario, esas contradicciones
entre normas no se resolverán, será la Sala Superior quien resuelva lo más
favorable al ciudadano”, precisó.
Raúl Ávila Ortiz, profesor-investigador de la Escuela
Judicial Electoral del TEPJF, consideró que nos ahorraríamos muchos problemas
con una legislación unificada, aseguraría una mayor coherencia con los
parámetros convencionales, ahorraría trabajo y costos a la Corte, ya que cada
que se aprueba una reforma en una entidad llueven acciones de
inconstitucionalidad, ya sean legítimas o por estrategia.
Apuntó que si se mantiene como está el sistema se deben
perfeccionar y apretar tuercas y transitar a otra etapa por este camino, pues
con base en datos solo el 30 por ciento de acuerdos y resoluciones de
organismos electorales locales se impugnan en un tribunal electoral local.
Preguntas de las y los diputados
Del PVEM, la diputada Eunice Monzón García preguntó ¿la
promulgación de una legislación electoral única resolvería la necesidad de
homologar reglas y criterios? ¿El que haya una sola autoridad administrativa y
jurisdiccional resolvería el exceso de judicialización de los procesos
electorales? Y ¿qué otros mecanismos proponen para lograr la certidumbre
jurídica que requiere nuestro sistema democrático?
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya planteó que,
dado que parece prudente y necesaria una ley única, los supuestos debiesen ser
de carácter general y abstracto. ¿Esta sería la misma tónica que debe seguirse
en la ley de sistemas de medios de impugnación?
¿Cuál debe ser la solución que debe tomar el Congreso de la
Unión al expedir dicha ley electoral única junto con la supresión de instancias
electorales locales para evitar litigios largos y costosos? En los municipios
que se rigen por usos y costumbres ¿una legislación de este tipo cómo lo podría
contemplar?, cuestionó.
La diputada de MORENA, Susana Prieto Terrazas, solicitó
respuesta sobre ¿por qué una legislación electoral general única que aplique en
toda la República violaría el principio de la división de poderes? Juzgar con
perspectiva de género en marcos jurídicos generales no significa que estemos
obligados a redactar una ley particular en cada caso concreto, ni federales,
municipales y estatale, para juzgar a las mujeres con perspectiva de género.
La diputada Sánchez Ortiz pidió a los especialistas detallar
cómo es posible una legislación única para la organización de procesos
electorales, toda vez que existen otras facultades de autoridades
administrativas electorales locales y si es viable que la autoridad nacional
lleve a cabo todas las elecciones a través de los consejos distritales y, en su
caso, el local.
Respuestas
Al responder a las y los diputados, Chiquito Díaz de León
consideró que la legislación electoral única puede prosperar sin una reforma
constitucional que unifique la interpretación de la norma y establezca
principios claros. El gran problema es que el INE tiene facultad de intervenir
en los procesos electorales locales, haciendo más complejo el sistema.
Hernández Cruz destacó que es oportunidad de incorporar
figuras para regular la paridad horizontal en las gubernaturas. Se daría un
marco más operativo y funcional, permitiría homologar criterios de sobre y
subrepresentación.
Oviedo Quezada señaló que no se reducirá la judicialización,
porque si se cree que una ley unificada reducirá los casos en realidad se
piensa en limitación de acceso a la justicia, cuando se trata de que se
administre a todo aquel que la requiera.
Ávila Ortiz comentó que, en materia de tribunales
electorales, no se ha acabado la transición de la cultura de la legalidad a la
de constitucionalidad. Eso es contrario a las luchas democráticas de todos los
partidos.
Reyes Anguiano indicó que la falta de certeza en el derecho
electoral es un problema. Mencionó que la unificación procesal en materia
contenciosa sí se podría dar, ya que no hay mucha diferencia entre
procedimientos de cada entidad en relación con el federal, por lo que una
legislación única no daría mucha variación, pero ayudaría en los criterios.
