▪ Fundamental que en los entornos escolares se implemente una política alimentaria clara, definida y responsable: Ana Lilia Rivera.
A fin de establecer la prohibición de publicidad de alimentos
y bebidas con bajo valor nutricional dentro de los planteles escolares y sus
inmediaciones, el Pleno aprobó, con 86 votos, el dictamen a una minuta que
busca reformar la Ley General de Educación.
Para ello, el documento que se remitió al Ejecutivo federal
establece que las autoridades educativas serán quienes promuevan ante las
autoridades correspondientes, que dicha prohibición se lleve a cabo de acuerdo
con los criterios nutrimentales de la Ley General de Salud.
Propone que la Secretaría de Educación Pública establezca
los criterios para la preparación, distribución y venta de los alimentos y
bebidas preparadas, procesadas y a granel, dentro de las instituciones
educativas.
El dictamen precisa que para la elaboración de dichos
alimentos, se cumplirán las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de
Salud, mismas que deberán evaluarse y actualizarse al menos cada cinco años.
Además, quienes ejerzan los cargos directivos y las
autoridades escolares, serán los responsables de la aplicación y vigilancia de
estas disposiciones, junto con la autoridad sanitaria, y estarán a cargo de
sancionar en el ámbito de sus competencias su incumplimiento.
En lo relativo a las cooperativas, se propuso que deberán
funcionar con la participación de la comunidad educativa, a fin de fomentar
estilos de vida saludables, agregándose a los establecimientos de consumo
escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes.
También se planteó que la distribución de los alimentos y
bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, comprendan los
criterios de sustentabilidad y la ausencia de conflicto de interés y la
garantía del interés superior de la niñez.
El proyecto sugiere que los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios deberán adecuar sus leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas, en un plazo no mayor de dos años, para cumplir con la
regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados,
saludables, sostenibles y de la región, así como el consumo de agua
potable.
Al hacer uso de la palabra, la Presidenta de la Mesa
Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que por primera vez en la historia, desde
el Senado de la República, se impulsan reformas para garantizar una
alimentación sana, suficiente, sustentable y de calidad, desde su producción,
distribución y consumo.
“Hoy como nunca es imprescindible para el pueblo de México
estar conscientes de que la política alimentaria es una responsabilidad y una
obligación del Estado”, expresó.
Refirió que la pandemia de la Covid-19 “sacó a flote las
pandemias ocultas” por la mala alimentación, así como las políticas
alimentarias que el país no ha tomado como prioridad en la defensa de los
derechos humanos de las niñas y los niños.
Advirtió que de acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud, nuestro país vive una pandemia de azúcar y obesidad, pues siete de
cada 10 adultos tienen sobre peso, así como cuatro de cada 10 niños.
Por tal motivo, indicó, es fundamental que en los entornos
escolares se implemente una política alimentaria clara, definida, con una
autoridad responsable, que determine los alimentos que pueden consumirse dentro
de las escuelas.
“Retomamos el espacio
de las escuelas como el espacio donde se enseña, se aprende y donde se genera
una cultura y una consciencia de sana alimentación”, concluyó.
La Presidenta de la Comisión de Educación, Antares Vázquez
Alatorre, afirmó que esta reforma refleja el interés de las y los senadores de
todos los Grupos Parlamentarios, para promover estilos de vida saludables en
niños, niñas y adolescentes.
Dijo que derivado de estos cambios se podrán prevenir
problemas de salud pública, como diabetes, obesidad, hipertensión y una serie
de enfermedades degenerativas, para ofrecer un nuevo modelo de consumo y
cuidado para las y los estudiantes.
En tanto, la Senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel,
consideró que la obesidad es uno de los problemas más severos para la niñez,
por lo que es indispensable, además de fomentar buenos hábitos alimentarios,
fortalecer la disciplina del ejercicio y la educación física, “porque no sólo
genera organismos mucho más sanos, sino que propicia el trabajo en equipo y el
sano entretenimiento”.
La Senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, señaló que
más de 24 millones de menores de edad se encuentran expuestos a alimentos con
bajo valor nutricional que se venden en las escuelas, lo que repercute de forma
directa en la salud de la población joven y en su calidad de vida.