• Es un tema que tenemos que afrontar: diputada Sodi Miranda
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por
la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), a través de la subcomisión de Autismo,
elaborará una declaratoria en torno al caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez,
madre de un niño de 11 años con autismo, víctima de feminicidio en Jalisco.
La diputada Sodi Miranda solicitó a las diputadas Janine
Patricia Quijano Tapia (PVEM) y Carolina Dávila Ramírez (PRI), integrantes de
la citada subcomisión, quienes también son madres de hijos con autismo, que
redacten el documento para que sean las voces de este evento tan dramático, que
es un feminicidio causado a las mujeres cuidadoras.
Esperaremos, dijo, el documento para que las y los diputados
que quieran enriquecerlo lo hagan y vaya muy bien elaborado, centrándose en la
exigencia que han expresado las y los legisladores y dar seguimiento hasta el
final.
Nos toca poner en la mesa la discusión sobre los grupos de
las personas con discapacidad para que se atienda este caso y nos sumemos en
una sola voz y que el documento se firme por todos quienes deseen involucrarse,
subrayó.
Apuntó que “es un tema que tenemos que afrontar y tomar
decisiones; está en nuestras manos hacer las acotaciones, los discernimientos y
abrir los espacios; estamos en una segunda etapa y nos estamos enfrentado a
temas diversos que han surgido en la materia. Debemos tomar decisiones”.
Sobre la minuta enviada al Senado de la República en torno
al Programa Nacional de Cuidados, precisó: “No podemos permitir que siga el
impasse en el Senado, que defina si va a aprobar o no la propuesta”. No podemos
seguir con este ritmo y “no está pasando nada” cuando se desarrollan muchas
situaciones en la sociedad a través de los grupos con las variantes de
discapacidad.
Es momento de ejecutar acciones reales y concretas, así como
discutir temas, agregó.
Al respecto, la diputada del PRI, Carolina Dávila Ramírez,
indicó que el asesinato de Luz Raquel Padilla no solamente fue un feminicidio,
sino que se atentó contra la madre de un pequeño con autismo, una mamá que era
la cuidadora primaria de quien necesitaba todas las atenciones. Lamentó que no
hay presupuesto para apoyar a estos pequeños y sus familias. “Como legisladores
y madres las exhorto a dar seguimiento hasta el punto final a esta situación;
esto nos demuestra qué tan deficientes son nuestros programas y fiscalías”.
La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) calificó de
indignante que los responsables sigan libres, por lo que exigió que la fiscalía
los encuentre y enjuicie, llegando hasta las últimas instancias con mano dura.
“Como mamá de un niño con autismo hemos sido señalados, pero imaginar que mi
vida está en peligro porque mi hijo tiene una discapacidad es indignante”.
Por el PAN, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco dijo que se
debe generar empatía hacia las causas y personas con discapacidad, así como
“ponerse en los pies del otro porque nos estamos deshumanizando”. Pidió que el
gobierno haga campañas de difusión sobre estos padecimientos y que la gente
entienda lo que una madre en esta situación enfrenta.
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) señaló
que el problema de fondo es que se carece de un sistema de cuidados para
menores con discapacidad, adultos mayores y personas enfermas, siendo las
mujeres las principales cuidadoras, lo que para ellas se convierte en una doble
o hasta triple jornada. “No solamente no hay, sino que se ha desmantelado el
poco sistema de cuidados que teníamos”.
También del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García
llamó a visibilizar a las personas con discapacidad, sus derechos y que el
contexto de la familia no se acote únicamente al trabajo de la Comisión, pues
debe llegar más allá. “Les pido que nos ayuden a replicar este tema y la red de
apoyo. Si más personas se involucran avanzaremos más rápido y con precisión”.
Por el PAN, la diputada Berenice Juárez Navarrete afirmó:
“Tenemos que legislar para vincular a los tres órdenes de gobierno, en
particular para sensibilizar a los presidentes municipales, directores
generales y regidores; que atiendan las denuncias de violencia de género y a
las personas con discapacidad, al prevalecer la falta de compromiso de muchos
funcionarios”. Advirtió que los presupuestos y mecanismos han sido
insuficientes para erradicar estos fenómenos.
Del PAN, la diputada Mariela López Sosa apuntó que Luz
Raquel Padilla Gutiérrez era madre de un niño de 11 años y no ha sido la única
mujer violentada por el actuar de su hijo. “Es indignante la pérdida de valores
en la sociedad y la falta de empatía con las personas que tienen alguna
discapacidad”, por lo que las y los legisladores debemos ser la voz de quienes
están en silencio. Refirió la creación de un foro en septiembre próximo para
escuchar a esta población, hacer conciencia de la inclusión y estar al
pendiente de sus necesidades.
De MORENA, el diputado Pedro David Ortega Fonseca aseguró:
“Estamos en la mejor disposición para trabajar en estos temas porque nos damos
cuenta que, como ciudadanos, nos falta mucha conciencia en materia de
discapacidad en todos los niveles de los servidores públicos”. Propuso ir en
bloque y unidos como Comisión y expresó su decisión de firmar la declaratoria
que se elaborará y realizar las acciones necesarias al respecto, porque tenemos
que levantar la voz en este asunto tan delicado.
La diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán consideró
que se debe hacer un exhorto muy puntual al gobierno y a la procuración de
justicia de Jalisco por este lamentable suceso. “Con firmeza y fuerza se debe
hacer un pronunciamiento”, afirmó.
Aprueban Opinión
Por otra parte, la Comisión aprobó por unanimidad la opinión
en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de
educación incluyente para personas con discapacidad, a cargo de la diputada
Gabriela Sodi Miranda, del PRD.
Lo anterior, al considerar que la propuesta se encuentra
apegada a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, concretamente en lo relativo a la no discriminación y de participación
e inclusión plena y efectiva en la sociedad, a través de la educación, por lo
que la propuesta se considera procedente.
La iniciativa busca reestablecer los artículos 61 al 68 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, que fueron declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia a la Acción de inconstitucionalidad 121/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
