• Este martes participaron diputadas, diputados,
funcionarios, especialistas y académicos
• Hicieron comentarios sobre transparencia, combate a la
corrupción, simplificación y reforma al Poder Judicial
En el marco de los “Foros de Diálogo Nacional. Súmate al
debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la
democracia”, organizados por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO),
diputadas, diputados, funcionarios, especialistas y académicos analizaron las
iniciativas de reformas constitucionales para la justicia, con los subtemas:
austeridad republicana, transparencia y combate a la corrupción, simplificación
administrativa, derechos sociales y reforma al Poder Judicial.
Diputadas y diputados
La Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (MORENA) comentó
que con esta reforma el presidente de la República quiere ir realmente al fondo
y homologar los procesos de cuidado contra la corrupción. Asimismo, cuestionó
cuáles son los datos de la disminución de la corrupción en los municipios
Por el PAN, la Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño
señaló que la iniciativa en materia de simplificación que pretende eliminar 17
organismos descentralizados es contraria a la protección de los derechos
humanos de las personas, los cuales quedan trastocados al afectar a niñas,
niños y adolescentes, contribuyentes, al campo, la alimentación, el agua, el
combate a la corrupción. “Aunque el argumento es ahorrar recursos, lo cierto es
que estos temas no pueden estar por encima de la obligación de las
autoridades”.
Lidia Pérez Bárcenas, Diputada de MORENA, aseguró que no
existe un mecanismo de control para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) rinda cuentas al Congreso de la Unión ni hay
una evaluación del resultado de la política en materia de combate a la
corrupción, por lo que el proyecto no elimina ninguno de los derechos humanos,
de acceso a la información, de transparencia ni mucho menos se va impedir el
combate a la corrupción, sino trasladar sus funciones a la Secretaría de la
Función Pública.
El Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) dijo que
no comparten la visión de desaparecer algunos de los órganos autónomos que no
hayan funcionado por un mecanismo previamente preparado para debilitarlo, lo
cual es evidente con la reducción de presupuesto o falta de nombramientos para
después justificar que no se puede seguir gastando recursos porque no dan
resultados.
La Diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA) mencionó que la
propuesta en materia de simplificación es fundamental analizar sobre los
resultados que han dado los organismos en cuanto al combate a la corrupción y
cómo implementar un sistema nacional que realmente se avoque a esta tarea y
abarque todas las entidades públicas. Consideró que la elección de los
ministros no puede quedar en manos del Pleno de la Suprema Corte, en caso de
que el Senado rechace las ternas
Hay que defender el mercado digital anticorrupción
El Secretario Técnico de la SESNA, Roberto Moreno Herrera,
expresó que la Secretaría Ejecutiva no solamente es una instancia que opera en
la Administración Pública Federal, sino es del Estado y uno de sus grandes
retos es administrar la Plataforma Digital Nacional, la cual debe interconectar
a 7 mil 217 órganos internos de control en México y recopila información de los
tres órdenes de gobierno, cuestión que la Secretaría de la Función Pública no
puede, porque no es autónoma y muchas de sus funciones se vuelcan a la Administración
Pública Federal.
Indicó que los municipios con mayores rezagos son los que
más se han interconectado al Sistema. Además, la Secretaría Ejecutiva pesa 90
millones de pesos, que es prácticamente dos centavos de todo el presupuesto de
la Administración Pública Federal y genera ahorros por arriba de 4 o 5 mil
millones de pesos, debido al desarrollo del mercado digital anticorrupción, por
lo que, pasar las funciones de la Secretaría Ejecutiva a la Secretaría de la
Función Pública “es echar para atrás ese mercado, cuando el Sistema Nacional
Anticorrupción deber ser sistemático”.
Se deben tener reformas que garanticen los derechos humanos
El Diputado Local del Congreso del estado de Chiapas, Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano (MORENA), señaló que el problema de la justicia que no
llega debe tratarse de frente, porque buena parte de las y los mexicanos
sienten que las instancias judiciales no son confiables en el territorio
nacional. “Para muchos connacionales es inútil llevar un problema ante las
diversas instancias judiciales porque estas están alejadas de la percepción
respecto a la complicada realidad social que nos rodea”.
Comentó que es necesaria una reforma estructural que
reconozca al Poder Judicial como aliado de la sociedad para el beneficio del
interés general y la garantía de los derechos humanos. También se requiere dar
continuidad a la política de transformaciones hacia una sociedad más
equitativa, ya que, si hay inequidades, pobreza y marginación, siempre abra
espacios amplios para la impunidad.
Se desaparece al CPC del Sistema Nacional Anticorrupción
Vania Pérez Morales, Consejera del Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), destacó que la
iniciativa de simplificación administrativa implica la desaparición de la
Comisión Ejecutiva y la desaparición de la facultad del CPC y la SNA para
realizar exhortos a las autoridades del Comité Coordinador del Sistema, así
como para instar a las instituciones a implementar acciones relativas a la
política nacional anticorrupción.
Apuntó que también representa un obstáculo para el ejercicio
de las atribuciones conferidas para el Comité de Participación Ciudadana, ya
que la eliminación del apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción dejaría al CPC sin herramientas para presentar
propuestas que abonen en el control de la corrupción. Además, vulnera el
artículo 113 constitucional y los tratados internacionales signados en la
materia.
Se pretende desmantelar el Sistema Mexicano de Justicia
Enrique Barber González de la Vega, maestro en Derecho,
afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación pretende
desmantelar el Sistema Mexicano de Justicia en menos de un año, busca
desintegrar los 33 poderes judiciales en menos de 12 meses, deshacerse de todos
los ministros, magistrados y jueces federales y locales para sustituirlos por
candidatos electos por el voto de los ciudadanos, cuando “ningún Estado en el
mundo y ninguna democracia liberal ha adoptado la elección popular directa como
método de elección de sus juzgadores constitucionales”.
La iniciativa, dijo, hace a un lado al Poder Judicial de la
Federación como un poder del Estado, autónomo, independiente, imparcial y
profesional, y pretende construir un Poder Judicial politizado, representante
de las mayorías políticas coyunturales, absolutamente ajeno a la carrera
juridicial, cuyos integrantes tendrán un origen político incontrovertiblemente,
lo cual sería un contrasentido.
El IMTA es un instituto que hace ciencia y desarrolla tecnología
Jorge Humberto Salgado Rabadán, especialista en hidráulica,
señaló que el agua es un tema complejo, es trasversal a todas las actividades
económicas que existen en el país. Agregó que el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) cuenta con más de 50 disciplinas para atender
integralmente la problemática hídrica de México y es el centro público de
investigación único y referente a nivel Latinoamérica.
“Nosotros hemos insistido, justificado y argumentado por qué
debe permanecer el IMTA en las condicionales actuales. Este instituto hace
ciencia, desarrolla tecnología y con base en eso realiza proyectos que en un
momento dado pudieran tener una respuesta ante una controversia hídrica que
pudiera darse en el ámbito nacional”, agregó.
No es conveniente elección popular de las y los juzgadores
Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia
en la Justicia de México Evalúa, expuso que es fundamental ampliar los
requisitos para los aspirantes al cargo de ministras o ministros, que estos no
tengan una relación profesional, familiar o política con el Ejecutivo ni que
sean militantes de algún partido. Asimismo, pidió que en el proceso de
selección se garantice la máxima transparencia, mayor participación ciudadana y
la posibilidad de impugnar por la ciudadanía.
Resaltó que no es conveniente la elección popular de las
personas juzgadoras, toda vez que hay miedo de que intervengan los grupos del
crimen organizado. Apuntó que en un estudio realizado en 19 poderes judiciales
se encontró que de 2012 a 2023 han sido asesinadas 17 personas juzgadoras y
seis actuarias. Añadió que la reducción presupuestal en materia de seguridad a
los juzgadores es un error.
El pueblo puede elegir, pero hay que poner requisitos
El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y presidente fundador de Confianza Ciudadana A.C, Jaime Miguel Moreno
Garavilla, expresó que la Constitución no es un mero documento de 136
inscripciones estipuladas por un constituyente, sino que es el instrumento que
contiene valores, principios y las máximas aspiraciones de un pueblo. Afirmó
que es peligroso que se partidice la impartición de justicia.
Llamó a no tenerle miedo al pueblo, pues puede elegir
siempre y cuando se pongan requisitos de elegibilidad claros; por ejemplo, si
las y los aspirantes presentan un examen transparente, abierto y público en la
Escuela Federal de Educación Judicial, “para que todos nos demos cuenta de que
efectivamente saben y están capacitados”.
