miércoles, 17 de septiembre de 2014
La señora Wallace, acusada ante la PGR
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Isabel Miranda de Wallace, activista.
Foto: Germán Canseco
Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, acusados del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, no han recibido sentencia firme pese a los esfuerzos de la madre de la víctima, la activista Isabel Miranda de Wallace. Pero el descubrimiento de los documentos anómalos publicados en las ediciones 1961 y 1962 de este semanario motivaron que la señora Miranda demandara a quienes descubrieron esos papeles, que ponen su caso en entredicho. A su vez, las madres de los presos acusaron ante la PGR a la dirigente de Alto al Secuestro, a varios agentes del Ministerio Público y una perito forense de torcer la ley para encarcelar a sus hijos.
Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.
Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.
Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.
A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1976 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Escasez, saqueos a supermercados y riñas en BCS tras huracán
La esquizofrenia no es una única enfermedad: son ocho
'Vampiro' del Estado Islámico: "Nos encanta beber sangre"
Prisión y latigazos para siete jóvenes si vuelven a 'ser felices' en Teherán (Video)
rt.
Revelan plan secreto para liberar al británico que Estado Islámico quiere degollar
Irán sobre el Estado Islámico: "Frankenstein despertó para perseguir a sus creadores"
Un senador acusa a Uribe de narcotráfico y paramilitarismo
Margarita Zavala va por una diputación en 2015; no aclara si será por la vía plurinominal
La CNDH abre investigación por cateo de niños en el Zócalo; exigirá informe a la PF
La CNDH abre investigación por cateo de niños en el Zócalo; exigirá informe a la PF
Menores son revisados por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional antes de acceder al Zócalo a presenciar el Grito de Independencia. Foto: Cuartoscuro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación de oficio por el operativo que realizaron elementos de la Policía Federal (PF) y la Gendarmería Nacional, en el que con la mano revisaron a menores e incluso a bebés como requisito para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México y escuchar el tradicional Grito de Independencia el 15 de septiembre pasado. El segundo visitador general de la CNDH, Marat Paredes, informó que el organismo solicitará un informe a la Policía Federal para determinar si se violaron los derechos humanos de los niños. “Vamos a verificar que existan protocolos, y que estos protocolos, en su caso, hayan sido aplicados. Si no fueron aplicados, pues tomar las acciones correspondientes para efecto de que los derechos sean respetados”, declaró en una entrevista con medios de la capital del país. La Policía Federal tiene un plazo de 15 días para responder al organismo autónomo, el cual investigará quién dio la orden de revisar a los niños y si se hizo bajo consentimiento de los padres. Esta mañana y ante las críticas y denuncias de grupos civiles por lo que se considera un abuso contra los derechos de los infantes, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, justificó el operativo de seguridad en el Zócalo de la capital del país, donde se cateó a niños, incluso en sus partes íntimas, pues “lo que buscaba era garantizar el interés general de los asistentes” a la ceremonia del Grito de Independencia. El funcionario expresó que aunque pudo “haberse generado alguna situación de incomodidad”, aseguró que todo se dio conforme a una actuación diligente: “Todo se dio conforme a los procedimientos de operación con los que se tiene que actuar, así se actuó, de manera acomedida, de manera diligente“. “Si ustedes ven, hubo un gran cuidado, una gran deferencia en el trato con todo el personal. No hubo ninguna acción que violentase la revisión, eso es importante”, expuso en declaraciones retomadas por el diario Reforma. El Comisionado añadió que lo importante, “a final de cuentas”, es que el operativo permitió que la celebración se llevara a cabo de manera armónica. DIPUTADOS EXIGEN INVESTIGAR Este miércoles, el caso de los niños “basculeados” por las fuerzas federales el 15 de septiembre pasado en el primer cuadro de la Ciudad de México generó el rechazo de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, José Isabel Trejo, repudió el hecho y lo calificó como un atisbo de autoritarismo. También dijo que las autoridades responsables de tomar la decisión de catear a los infantes, deben ofrecer una explicación. El Diputado Trejo Reyes expuso que su fracción solicitará que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abra una indagatoria y emita las recomendaciones pertinentes, para que los hechos no vuelvan a ocurrir. “Eso es un exceso, nunca había pasado, es como revisión, como en situaciones de guerra, revisar a los niños, en nuestra opinión, es un excesivo método de la Gendarmería que vamos a pedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga al respecto de si este antecedente va a ser así en todos los eventos, sería para nosotros, un muy mal antecedente”, dijo. “Sentimos como una posición, una actitud de abuso de los elementos al revisar a los niños para tener el acceso, a niños chiquitos de cuatro años, de cinco años, bebés, no es admisible esta actitud, a menos que justifiquen la revisión con algún peligro que hayan tenido”, planteó el líder de los diputados panistas. A su vez, la Diputada Lucía Pérez, demandó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el propósito de que determinen qué derechos fueron violados, quienes son los responsables, qué sanciones merecen y recomendar que dicho abuso no se vuelva a repetir. Desde su curul, la legisladora, quien también es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, calificó como “un total absurdo”, que el Presidente de la República enviara una iniciativa para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y “la policía a su cargo” se atreviera a “cachear, esculcar y revisar a las y los menores” que acudieron a las celebraciones en el primer cuadro de la capital. “¿A qué le tiene miedo el Presidente Peña? ¿Qué puede portar bajo su ropa una niña de tres o cuatro años? ¿Un fusil, una pistola o algún tipo de arma?”, cuestionó indignada, tras aseverar que nada justifica una revisión tan “dura” y un trato “tan indigno” a infantes que apenas pueden caminar.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/17-09-2014/1120062. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley.
Militares detuvieron vivos y luego fusilaron a los 21 de Tlatlaya, Edomex, dice testigo.
Pablo Ferri Tórtola (texto) y Nathalie Iriarte (fotos)
Una testigo dice a Esquire que el Ejército mexicano ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. “Ellos [los soldados] decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces [los soldados] dijeron: ‘¿No que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron [de la bodega]. Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron…”
Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega. Foto: Esquire
El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”. En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena. El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”. Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla. El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax. El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones. El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “Tampoco había señales de un tiroteo continúo dentro del edificio, (se veían) pocas marcas de bala y ningún casquillo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos rodeados por una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”. El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Esquire sobre la versión de la testigo, el departamento de prensa de la PGJEM informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto. El departamento de prensa de la PGR dijo a Esquire que esta es una investigación en proceso en la que hay dos personas consignadas, sobre cuyas identidades y presuntos delitos no puede comentar. La Sedena no ha contestado a las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Esquire.
La bodega marcada con sangre. Foto: Esquire *** Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32,181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134. Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120,000 habitantes. Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cartel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato. En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia —San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa— el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya. En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia. *** Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia —que fue liberada por las autoridades tras interrogarla— dice que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua. Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del SEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años. La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “no nos maten, no nos maten, estamos secuestradas”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros. La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos treinta minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo —como a las 7:00 de la mañana, dice Julia— mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia. Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la PGR atrajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega. Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el SEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/17-09-2014/1120291.
El informe de diputados pide cerrar Cananea; se desconoce dónde tira sus tóxicos
Dos alcaldes en Puebla y Tlaxcala violan la Constitución al dar el Grito con la banda presidencial
Dos alcaldes en Puebla y Tlaxcala violan la Constitución al dar el Grito con la banda presidencial
El Alcalde perredista de Izúcar de Matamoros, Manuel Madero González. Foto: Twitter. (SinEmbargo).– El Alcalde perredista del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, Manuel Madero González, dio el Grito de Independencia portando una banda presidencial, la cual, de acuerdo con la Constitución Mexicana, sólo debe ser usada por el Jefe del Ejecutivo federal en turno, es decir, Enrique Peña Nieto o en su defecto, debe ser otorgada por éste. El pasado lunes, durante la ceremonia celebrada en el Palacio Municipal, Madero González hizo uso de la prenda, sin tomar en cuenta que, al hacer alusión a la Bandera Nacional y al Poder Ejecutivo Federal, sólo debe portarla el Presidente de la República, según el artículo 34 de la “Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional”. En la ley se estipula que el mandatario está obligado a usar la banda presidencial en la transmisión del Poder Ejecutivo. Además, sólo se puede portar en ceremonias oficiales y solemnes como al rendir el Informe de Gobierno, la noche del 15 de septiembre y en eventos con gobernadores de otras naciones. Las fotos se publicaron en la página de Facebook del gobierno de Izúcar de Matamoros, pero tras la polémica fueron retiradas. Por su parte, el Alcalde del municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Javier Hernández Mejía, decidió también portar una banda presidencial.
Alcalde del municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Javier Hernández Mejía. Foto: Twitter. La foto de Hernández fue difundida por medio de redes sociales y la prensa local. Según el Artículo 55 vigente de la ley, “las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera, o el Himno Nacionales”.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/17-09-2014/1120109.
La síndico Diana Méndez solicitó se atienda a las familias afectadas por la inundación del viernes
• Las fuertes lluvias ocasionaron el desborde del cauce de las Venitas en la comunidad Tierra Blanca.
Destacando que Gobierno Municipal ofreció continuar brindando atención a las familias que resultaron seriamente afectadas el pasado viernes por el desborde del cauce de las Venitas en la comunidad Tierra Blanca, la tercer síndico de Ecatepec, Diana Méndez Aguilar, indicó que dará seguimiento a este caso para que se atienda con prontitud a todos los vecinos perjudicados.
.jpg)
La síndico Méndez Aguilar indicó que solicitó a Gobierno Municipal, en sesión de Cabildo, se dé el apoyo necesario a las más de 20 familias cuyos bienes resultaron dañados y perdieron buena parte de sus pertenecías debido a la inundación de más de un metro de altura que les dejo el desbordamiento del cauce de las Venitas, a la altura de la Avenida de las Venitas, esquina con calle Cancún.
.jpg)
Informó que dirigentes comunitarios se acercaron a ella para explicarle que después de la inundación, se acumularon grandes cantidades de lodo y basura dentro de los hogares y en las calles, así como el reblandecimiento de tierra que propició se abrieran boquetes por doquier, en los que cayeron algunos automóviles que tuvieron la mala fortuna de circular por el lugar, autos que los mismos vecinos ayudaron a sacar.
.jpg)
Comentaron que hace más de un mes gestionaron el chaponeo y desazolve del cauce de las Venitas para prevenir este tipo de contingencias, sin embargo, argumentaron, se presentó una cuadrilla de trabajadores municipales sin el equipo necesario para realizar estos trabajos por lo que quedaron nuevamente pendientes.
Acusaron que hasta el momento no se había presentado ninguna autoridad municipal para revisar las afectaciones, únicamente acudió personal de Protección Civil, quien se concretó a acordonar la zona para evitar más accidentes.
.jpg)
Por su parte el Secretario del Ayuntamiento, licenciado José Jorge Díaz Hernández, aseguró que desde ese viernes se atendió a cuatro familias que sufrieron afectaciones por la inundación y se comprometió con la tercer síndico Diana Méndez, que personal correspondiente de Gobierno Municipal continuará trasladándose a ese sitio para brindar apoyo y atender a la población que lo necesite.
.jpg)
Finalmente, los dirigentes comunitarios de Tierra Blanca, Javier Flores e Irene Gutiérrez, refirieron que este miércoles 17 de septiembre, nuevamente gestionaron en las oficinas de Sapase, con el director, arquitecto Eduardo Bobadilla Martínez, para que se apoye a la comunidad con el desazolve urgente del cauce de las Venitas para evitar más inundaciones y serias afectaciones en el patrimonio de los vecinos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ex tesorero de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero
1-0, Barcelona gana al Apoel
EPN regresará a BCS para supervisar acciones este jueves
Rick Perry culpa a México del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera
Odile tocará tierra en el noroeste de Sonora
Senadores piden consulta para reducir sueldo a funcionarios federales
Pemex adjudica a española ACS proyecto por 560 mdd
Lluvias fuertes prevalecerán en el Valle de México
Se registra un terremoto de magnitud 7,1 cerca de la isla de Guam
Misterio resuelto: Científicos revelan las causas de la muerte del rey inglés Ricardo III
¿Qué causó realmente el cráter de Managua?
EE.UU. reconoce que el 'fracking' sí causa terremotos
Obama: "El virus del Ébola está saliendo de control"
Exrehén del Estado Islámico revela por qué periodistas decapitados lucían tranquilos en videos
Un diplomático iraquí advierte de que el asesinato del papa Francisco es inminente
Iglesias: "Arreglar con bombas el problema islamista que trajo EE.UU. es miopía"
© AFP Gerard Julien.
Fue EE.UU. quien apoyó "fórmulas de islamismo radical" y es "una miopía" pensar que ahora el problema podrá resolverse lanzando bombas en Irak o Siria, insiste el eurodiputado español del partido Podemos Pablo Iglesias.
"No se me olvida quiénes crearon el terrorismo islámico y eso tiene que ver mucho con EE.UU.", aseguró Iglesias, según recoge el portal 'Libertad Digital'. El eurodiputado recalcó que todo el mundo se siente alarmado con las barbaridades de la milicia yihadista del Estado Islámico, pero subrayó que Washington provocó el problema apoyado "fórmulas de islamismo radical".
Si uno analiza las políticas de EE.UU. hacia Afganistán, Irak, Libia y Siria, no tardará en descubrir que Washington estuvo detrás de una ofensiva consciente contra el panarabismo laico, insistió Iglesias, quien recordó cómo EE.UU. apoyó a los talibanes para combatir a la URSS en Afganistán y promovió simpatías hacia ideologías radicales, cuando "las películas de Rambo contaban que los muyahidines eran héroes de la libertad".
En cuanto a la campaña actual estadounidense en Irak y sus planes de bombardear también las posiciones del Estado Islámico en Siria sin acordarlo con el Gobierno del país, Iglesias comentó que se trata de "llamadas efectistas" que hace Barack Obama "en el crepúsculo de su mandato". Según insiste el eurodiputado, "no hay soluciones militares a los problemas políticos". "Pensar que con bombas y con soluciones de fuerza se puede solucionar un problema que trajo EE.UU. es tener una enorme miopía", concluyó el político, y precisó que está en contra de que España participe en una coalición internacional contra el Estado Islámico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)