¿Hacia la privatización del agua?

Alina Rosas Duarte. A decir de organizaciones sociales, ecologistas e intelectuales, la nueva propuesta de Ley de Aguas hecha por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, sí pretende la privatización del líquido, sin embargo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera insiste en lo contrario.

“Es imposible adivinar por qué las autoridades del GDF, el propio Ramón Aguirre [director general del Sistema de Aguas del Distrito Federal] entre ellas, niegan que la participación de los dineros privados en las tareas que corresponden al gobierno signifique la privatización de las mismas, y que ello lleve necesariamente al aumento del precio del abastecimiento del líquido”, escribió este jueves Miguel Ángel Velázquez, columnista del diario La Jornada. Para Velázquez, “si las cosas le salen bien a Ramón Aguirre” la iniciativa privada podrá operar por los próximos 15 años, la construcción de plantas potabilizadoras, de tratamiento de aguas residuales, programas de detección y suspensión de fugas además de la instalación de medidores. Sumadas las críticas del escritor, el movimiento “Agua para todos, agua para la vida”, del cual forma parte la organización ecologista Greenpeace, indicó que la propuesta de ley de aguas contrapone el precepto constitucional de garantizar el Derecho Humano para el acceso al Agua y al Saneamiento. Para el movimiento, la iniciativa conlleva una serie de riesgos para la población mexicana, “pues apuestan a la ‘privatización’ fáctica de los recursos hídricos del país”. El pasado 15 de marzo, Miguel Ángel Mancera presentó el Plan Agua para el Futuro CDMX, dentro de los cuales se incluye la Nueva Ley de Agua y Sustentabilidad, la inversión histórica de 10 mil millones de pesos para la preservación del agua en la capital y la renovación de 3 mil 115 kilómetros de tuberías. Para Mancera, la reforma no significa la privatización del servicio potable, sino de una “modernización”, para el jefe capitalino se trata de un plan hídrico de largo alcance, transexenal y cuyo propósito sea dar garantía de abasto, suministro equitativo y de calidad en la prestación del servicio. De consumarse la iniciativa, mediante la firma de contratos de prestación de servicios, la iniciativa privada tendría el agua en sus manos. “El pretexto es el mismo, y la lógica mata al engaño. Si una empresa privada que construirá plantas potabilizadoras, que atenderá las fugas, y en fin, que se hará cargo de brindar el servicio, y que para ello deberá realizar inversiones millonarias, no requiere recuperar y tener ganancias del negocio, ¿para qué existe?, se preguntaría uno, y luego en otra reflexión la pregunta salta: ¿qué, dotar de agua a los habitantes de una población no es un derecho humano, y por tanto las autoridades deben de realizar esta tarea?” cuestionó Miguel Ángel Velázquez. La necesidad de una nueva ley nacional El pasado mes de marzo, el gobierno mexicano respondió por las 176 recomendaciones en materia de derechos humanos que la Organización de Naciones Unidas hizo a través del Examen Periódico Universal; entre ellas, el derecho humano al agua y saneamiento. No obstante el derecho al agua se encuentra garantizado constitucionalmente, el 8 de febrero del 2012 se modificó por mandato oficial el tercer artículo transitorio, quedando establecido que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas, y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos finos”. A más de un año de haberse modificado el artículo, los legisladores no emitieron la Ley General de Aguas que debió ser consecuencia del cambio, razón por la cual Agua para todos, agua para la vida, ha propuesto su iniciativa. En esta iniciativa proponen tres ejes fundamentales. Una planificación consensada y vinculante (ciudadanía-gobierno) en cada cuenca para cumplir con las siguientes metas nacionales: agua para ecosistemas, agua y saneamiento para tod@s y para seguridad alimentaria; fin a la contaminación, destrucción de cuencas y acuíferos e inundaciones y sequías provocadas por mal manejo de cuencas. Un nuevo sistema de concesiones con instrumentos para proteger y restaurar cuencas en extremo estrés hídrico. Contraloría Social del Agua y Defensoría Socio Hídricoambiental. En aras de hacer contrapeso a la propuesta de Conagua, Agua para todos, agua para la vida realizó en días pasados 12 preguntas dirigidas a las autoridades mexicanas bajo el consenso de más de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades del país. ¿Cómo garantizar un papel real para la ciudadanía en la consecución del acceso sustentable y equitativo al agua, como dicta la Constitución? ¿Cómo rediseñar el sistema de concesiones, para poner fin a la actual crisis de sobreconcesionamiento e inequidad? ¿Cómo garantizar la restauración y manejo sustentable de las cuencas y los acuíferos, única fuente segura de agua de calidad para las generaciones actuales y futuras? ¿Cómo garantizar que las obras hidráulicas autorizadas sean las que tengan menores costos y mayores beneficios sociales, hídricos y ambientales? ¿Cómo garantizar de manera efectiva y exigible el derecho humano al agua de las poblaciones rurales y urbanas marginadas del país, y aprovechar la larga historia de manejo comunitario? ¿Cómo lograr que el agua sea gestionada para dar sustento prioritariamente a la vida, ante la presencia de fuertes presiones por sujetar su manejo a la lógica del lucro? ¿Cómo superar las crisis de eficacia, transparencia y credibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento? ¿Cómo lograr que la poca agua potable con la cual contamos se dedique a las necesidades humanas básicas, a pesar de que otros usos y usuarios estén dispuestos a pagar mucho más por el recurso? ¿Cómo frenar la sobreurbanización de las cuencas en grave crisis hídrica, hasta que puedan resolver sus problemáticas (inundaciones, grietas, hundimientos, falta de disponibilidad)? ¿Qué políticas fiscales nos permitirían avanzar en el cumplimiento con el derecho humano al agua? ¿Cómo prevenir la realización de proyectos que resultarían en daños graves e irreversibles a las cuencas y los acuíferos (como son minería, fracking, contaminación agrícola e industrial, eliminación y disposición de sustancias tóxicas o radiactivas)? ¿Cómo lograr sistemas efectivos de vigilancia, inspección, contraloría y defensoría, y poner fin a la actual crisis de impunidad hídrico-ambiental? Las organizaciones han anunciado que continuarán organizando foros de debate y cualquier espacio que ponga a discusión una nueva Ley General de Aguas, propuesta que cuenta el respaldo de organizaciones como Greenpeace, Alianza Cívica Chiapas, Comisión de Cuenca y de los ríos Amecameca y La Compañía, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, entre otras.