• Garantizan derechos lingüísticos de las personas sordas y
accesibilidad cognitiva
• El proyecto de decreto fue enviado al Senado
En sesión semipresencial, el Pleno aprobó con 463 votos el
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de derechos
lingüísticos de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad cognitiva.
Se establece que dentro de las medidas para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad se garantice la accesibilidad
cognitiva, que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con
accesibilidad cognitiva y las vías y el espacio público deberán diseñarse
contemplando información en formatos accesibles.
Menciona que cuando se trate de personas hablantes de
lenguas indígenas o de lengua de señas mexicana o regional, la atención deberá
prestarse asegurando que la comunicación se lleve a cabo en su propia lengua.
El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, destaca que,
ante la sistemática discriminación hacia las personas con discapacidad, así
como en respuesta a la enorme deuda histórica que se tiene ante su derecho a
una movilidad accesible, resulta ética y jurídicamente necesario reafirmar y
subrayar en los diversos cuerpos normativos sus derechos y las obligaciones
irrenunciables del Estado ante ellos y ellas.
Indica que la lengua de señas mexicana, de acuerdo con el glosario de la Ley
General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, se entiende
como “la lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de
signos gestuales articulados con las manos y acompañados de
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento
corporal, dotados de función lingüística, forma parte
del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan
rica y compleja en gramática y vocabulario como
cualquier lengua oral”.
Argumenta que quienes utilizan la lengua de señas mexicana no tienen una
discapacidad en materia lingüística, como se define actualmente en la Ley
General de Movilidad y Seguridad Vial y, por ende, el cambio es pertinente.
La accesibilidad cognitiva, expone, es de relevancia no solamente para la
comunidad de sordos, así como otros usuarios con discapacidad, al eliminar las
barreras para la orientación y la comprensión a través de comunicación e
información efectiva de pictogramas, señalética, recorridos bien diseñados del
espacio, aplicación de tecnologías, entre otros; usuarios vulnerables como
adultos mayores y niños también se verán beneficiados en el ejercicio de su
derecho a la movilidad”.
Pluralismo cultural múltiple de lenguas
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Movilidad, la diputada
Catalina Díaz Vilchis (MORENA) indicó que se incluye el término de
accesibilidad cognitiva que nombra de manera específica la incorporación de
textos, pictogramas, señalamientos y otro tipo de indicaciones para la fácil
comprensión de todas las personas.Lo anterior, añadió, con la intención de que realmente se consideren
los servicios de transporte, los apoyos, la comunicación y la información con
acciones afirmativas, así como los ajustes razonables a los que tienen derecho
con la información y formato accesibles en beneficio no solo de personas
sordas, hablantes de lenguas de señas.
Con relación a la información y quejas de transporte, dijo, establece que
cuando se trate de personas hablantes de lenguas indígenas o de lengua de señas
mexicana o regional, la atención deberá prestarse asegurando que la comunicación
se lleve a cabo en su propia lengua.
Con eso, abundó, se dará cumplimiento a los preceptos que regulan el diseño y
operatividad del sistema de movilidad, con respeto al pluralismo cultural
múltiple de lenguas para que se implementen los mecanismos que garanticen la
accesibilidad de manera inclusiva; eso refleja un paso más en materia de
derecho lingüístico de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad.
Mejorar la redacción actual
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosio (MC) resaltó que el dictamen es un paso importante en favor de los derechos de una comunidad vulnerada y con la cual existe una deuda histórica. En México, dijo, más de seis millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5 por ciento de la población total del país.De acuerdo al INEGI, abundó, aproximadamente 2.3 millones de
personas por diversas razones presentan algún grado de discapacidad auditiva y
la Federación Mexicana de Sordos estima que alrededor de 300 mil personas han
aprendido lenguas de señas mexicanas. Por ello, es necesario mejorar la
redacción actual en la Ley.
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