jueves, 1 de diciembre de 2022

Diputadas y diputados aprueban reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

• Garantizan derechos lingüísticos de las personas sordas y accesibilidad cognitiva
• El proyecto de decreto fue enviado al Senado

En sesión semipresencial, el Pleno aprobó con 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de derechos lingüísticos de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad cognitiva.

Se establece que dentro de las medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad se garantice la accesibilidad cognitiva, que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con accesibilidad cognitiva y las vías y el espacio público deberán diseñarse contemplando información en formatos accesibles.

Menciona que cuando se trate de personas hablantes de lenguas indígenas o de lengua de señas mexicana o regional, la atención deberá prestarse asegurando que la comunicación se lleve a cabo en su propia lengua.

El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, destaca que, ante la sistemática discriminación hacia las personas con discapacidad, así como en respuesta a la enorme deuda histórica que se tiene ante su derecho a una movilidad accesible, resulta ética y jurídicamente necesario reafirmar y subrayar en los diversos cuerpos normativos sus derechos y las obligaciones irrenunciables del Estado ante ellos y ellas.

Indica que la lengua de señas mexicana, de acuerdo con el glosario de la Ley General para la Inclusión  de Personas  con Discapacidad, se entiende como “la lengua de una comunidad  de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales  articulados  con las manos y acompañados  de expresiones  faciales, mirada  intencional  y movimiento  corporal,  dotados de función  lingüística,  forma  parte  del patrimonio  lingüístico  de dicha  comunidad  y es tan rica y compleja  en gramática  y vocabulario  como cualquier  lengua oral”.

Argumenta que quienes utilizan la lengua de señas mexicana no tienen una discapacidad en materia lingüística, como se define actualmente en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y, por ende, el cambio es pertinente.

La accesibilidad cognitiva, expone, es de relevancia no solamente para la comunidad de sordos, así como otros usuarios con discapacidad, al eliminar las barreras para la orientación y la comprensión a través de comunicación e información efectiva de pictogramas, señalética, recorridos bien diseñados del espacio, aplicación de tecnologías, entre otros; usuarios vulnerables como adultos mayores y niños también se verán beneficiados en el ejercicio de su derecho a la movilidad”.

Pluralismo cultural múltiple de lenguas

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Movilidad, la diputada Catalina Díaz Vilchis (MORENA) indicó que se incluye el término de accesibilidad cognitiva que nombra de manera específica la incorporación de textos, pictogramas, señalamientos y otro tipo de indicaciones para la fácil comprensión de todas las personas.

Lo anterior, añadió, con la intención de que realmente se consideren los servicios de transporte, los apoyos, la comunicación y la información con acciones afirmativas, así como los ajustes razonables a los que tienen derecho con la información y formato accesibles en beneficio no solo de personas sordas, hablantes de lenguas de señas.
 
Con relación a la información y quejas de transporte, dijo, establece que cuando se trate de personas hablantes de lenguas indígenas o de lengua de señas mexicana o regional, la atención deberá prestarse asegurando que la comunicación se lleve a cabo en su propia lengua.
 
Con eso, abundó, se dará cumplimiento a los preceptos que regulan el diseño y operatividad del sistema de movilidad, con respeto al pluralismo cultural múltiple de lenguas para que se implementen los mecanismos que garanticen la accesibilidad de manera inclusiva; eso refleja un paso más en materia de derecho lingüístico de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad.

Mejorar la redacción actual

La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosio (MC) resaltó que el dictamen es un paso importante en favor de los derechos de una comunidad vulnerada y con la cual existe una deuda histórica. En México, dijo, más de seis millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5 por ciento de la población total del país.

De acuerdo al INEGI, abundó, aproximadamente 2.3 millones de personas por diversas razones presentan algún grado de discapacidad auditiva y la Federación Mexicana de Sordos estima que alrededor de 300 mil personas han aprendido lenguas de señas mexicanas. Por ello, es necesario mejorar la redacción actual en la Ley.

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