Partido del Trabajo, primera víctima del Pacto por México y su reforma electoral

LA JORNADA Surgido en 1990 entre acusaciones de ser ‘‘instrumento del salinismo para dividir a la izquierda’’, que apenas dos años antes había cimbrado al sistema con el Frente Democrático Nacional, el Partido del Trabajo (PT) se acerca al ocaso de su vida, 25 años después. Su posible desaparición no obedece solamente a un respaldo insuficiente del electorado; se diría más bien que es la primera víctima del endurecimiento de los requisitos para preservar el registro, incorporados durante la reciente reforma electoral.

La reforma, negociada por las tres principales fuerzas políticas agrupadas en el Pacto por México (PRI, PAN y PRD, este último aliado histórico del petismo), incrementó de 2 a 3 por ciento de la votación el umbral mínimo para preservar el registro. En los comicios de junio pasado, el PT no libró esta modificación, aunque bajo la legislación anterior holgadamente hubiera preservado el registro. Jurídicamente, ese partido todavía podría interponer un último recurso con respecto a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputados plurinominales –se hará el próximo domingo–, y en un escenario que anulase la votación por candidatos independientes lograr la interpretación legal que le permitiera subir de 2.99 que tiene actualmente al 3 por ciento que exige la ley. Tal interpretación involucraría una buena dosis de negociación política para permear entre los consejeros electorales, a quienes los dirigentes petistas han buscado con insistencia. En otro frente, en el PT se pugna por otras opciones, como apostar por la ruta de los registros a nivel estatal, donde en una veintena de entidades el Partido del Trabajo tiene el respaldo electoral suficiente para preservar su existencia en ese plano. Esta alternativa le permitiría, entre otros aspectos, mantener bienes inmuebles. Integración variopinta La historia oficial del Partido del Trabajo da cuenta de que su surgimiento obedeció a la convergencia de los comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango; Frente Popular de Lucha (Zacatecas); Frente Tierra y Libertad (Monterrey), así como militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del movimiento magisterial independiente. Sin embargo, nunca quedaron plenamente aclaradas sus presuntas ligas con Raúl Salinas de Gortari. Perder su registro este domingo no sería nuevo para el PT. En 1991, su primera aventura electoral, el partido sólo alcanzó 258 mil votos, esto es, 1.06 por ciento, con lo que quedó por abajo del 1.5 por ciento que entonces exigía la ley. Recuperar el registro ahora será mucho más complejo que entonces. Actualmente la ley dispone que la creación de nuevos partidos sólo será factible a partir del año siguiente de la elección presidencial, es decir, en 2019. En 1991 una legislación más laxa permitió al Partido del Trabajo volver a contender con registro condicionado en 1994, cuando postuló a Cecilia Soto como su candidata presidencial, quien al paso del tiempo colaboraría con los gobiernos panistas. A partir de entonces, la ruta petista se corrió hacia vincularse con los partidos de izquierda, especialmente el PRD, con el que desde el 2000 ha pactado coaliciones para los comicios presidenciales (con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador). Esas coaliciones hasta 2006 establecían convenios que les aseguraban previamente la garantía del registro mediante asignación predeterminada. Un cuarto de siglo después de haberse fundado, en su trayecto el Partido del Trabajo transitó desde las suspicacias de ‘‘partido satélite’’ hasta ser uno de los soportes de Andrés Manuel López Obrador como cabeza visible de la oposición. Tras la salida del ex candidato presidencial del PRD, las movilizaciones realizadas –por ejemplo– en defensa del petróleo incluían al todavía Movimiento Regeneración Nacional (ahora Partido Morena) y el PT, principalmente. Una particularidad en el Partido del Trabajo ha sido la eternización de sus dirigentes, que prácticamente han permanecido inamovibles. Alberto Anaya, Ricardo Cantú, Alejandro González Yáñez y Óscar González, entre otros, han monopolizado cargos al punto de que en 2010 la inconformidad de un grupo de petistas motivó la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esto no trajo una gran transformación y sus dirigentes siguen y seguirán en sus puestos hasta el final.