A 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena

Por Arlen Jaime Merlos El 16 febrero de 1996, hace ya 20 años, el Gobierno Federal firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Acuerdos que se derivaron de una discusión nacional y un proceso de diálogo que se prolongó por nueve meses y que culminó en cuatro documentos en los que el Estado mexicano reconoció por vez primera los derechos colectivos de los pueblos indígenas quienes habían permanecido rezagados en las decisiones políticas, sociales y culturales en la historia de nuestro país; es decir, se marcaron las bases para el reconocimiento de la autonomía indígena. Recordemos que derivado del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, el EZLN encabezó una lucha por el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas y que finalmente culminó en un diálogo con la intervención del Obispo Samuel Ruiz y otros actores políticos. Y aquí habría que preguntarnos que fue lo que representaron los Acuerdos de San Andrés en ese momento; indudablemente un gran avance en el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas en nuestro país, y que fueron el resultado además de un verdadero ejercicio democrático en la historia política de México. El contenido de los acuerdos incluía la creación de un marco jurídico para establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de derechos jurídicos, políticos, sociales, económicos y culturales. Se incluía el reconocimiento de la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, a partir de sus características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas. En lo relativo a las tierras, se establecían el acceso a los recursos naturales de sus tierras, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo correspondieran a la nación. Con la firma de los Acuerdos, el Gobierno Federal se comprometió a elevarlos a rango constitucional, pero no sucedió así. A pesar de eso, diversas poblaciones indígenas se autogobiernan actualmente con base en los principios que contienen esos acuerdos. El hecho es que el documento sigue vigente aunque no se dio cumplimiento a lo acordado hace ya 20 años en San Andrés Larráinzar, Chiapas. No debemos olvidar que los indígenas son el sector de la población más discriminado del país, ese sector que representa aproximadamente 7 millones de personas que habitan en 64 mil comunidades indígenas plenamente identificadas en el país. Siendo los que tienen menos acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al trabajo. Son sistemáticamente excluidos y a 20 años de la firma de esos acuerdos, el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos indígenas, sino que ha violentado sus derechos de manera reiterada. A la luz de la evidencia y de la historia, el Gobierno Federal sigue sin dar cumplimiento a lo pactado y firmado ese 16 de febrero de 1996 en Chiapas; cumplimiento que sigue siendo una demanda de los movimientos indígenas en nuestro país.