Ley Monsanto en Chile: controversias sobre si las semillas registradas son realmente nuevas

Anastasia Gubin Cada nuevo tipo lograda cuesta unos US$ 2,3 millones cofinanciados por el Estado. Los opositores no ven garantías de que las semillas criollas sean registradas por los nuevos consorcios tecnológicos

La ley de Obtenedores Vegetales, conocida como ley Monsanto se encuentra en tabla en el Senado para ser debatida el 7 de enero. Un comerciante de papa representante de un consorcio tecnológico defiende el proyecto, mientras que el ingeniero Esteban Órdenes de la Universidad de Chile la califica como innecesaria y dañina para los intereses del país. El proyecto originó protestas masivas durante el año 2013. Luis Miquel, gerente general del Consorcio tecnológico de la Papa en Chile (PapaChile), declaró el 29 de diciembre a Radio Bío Bío, que por el contrario, la ley es necesaria y sirve para proteger a aquellos que se dedican a producir nuevas variedades de semillas; al igual que lo manifestara días atrás el Ministro de Agricultura Luis Mayol intentando apurar la firma. PapaChile se describe a sí misma como una entidad constituida en 2008, que "surge en base a un programa cofinanciado, el cual apunta a fortalecer la interacción entre los centros de investigación y la empresa privada". Miquel destacó que las inversiones que se asignaron porcada nuevo tipo de semilla lograda, en dos años de investigación, ascienden a 1.200 millones de pesos chilenos (2.282.400 dólares). Sobre los resultados explicó que ahora no son buenos a causa de la piratería. La nueva ley consiente en penalizar el uso ilegal de semillas registradas. Respecto al financiamiento de la investigación, PapaChile señala que "para el caso de los consorcios tecnológicos agrarios, como lo es nuestro caso en particular, éstos son cofinanciados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)", es decir pagado por el Estado. El representante del grupo de agricultores paperos descartó que el proyecto afecte el patrimonio fitogenético del país, destacando que para que una semilla sea patentada debe ser nueva, distinta y estable, cuestión que puede ser verificada a través de los distintos registros genéticos existentes en diversas instituciones públicas y de investigación. El ingeniero agrónomo Esteban Órdenes graduado de la Universidad de Chile, criticó previamente cómo se realizan estas investigaciones, según publica No Transgénicos. De acuerdo al ingeniero, hay semillas que resisten mejor la sequía y las sales del suelo que las que se comercializan, y son producto de adaptación lograda por cientos de años de los campesinos criollos. Su inquietud es cómo proteger estas semillas para evitar que sean registradas por los nuevos consorcios tecnológicos. Actualmente éstas son de uso público, compartidas o de bajo costo. "Se presenta como innovación a la mejora genética y obtención de nuevas variedades que presenten aspectos productivos destacados como altos rendimientos, mejor vida de pos cosecha y resistencias a diversos factores bióticos o abióticos limitantes de la producción, sin embargo les puedo mencionar que dentro del catastro que hice con otros profesionales encontramos en la zona norte dos variedades de melón que resisten regímenes de riego menores que cualquier variedad comercial, que resisten grandes concentraciones de sales en el suelo de tipo sódica y bórica, dichas variedades son locales o criollas, llegaron a nuestro país hace centenares de años y los campesinos tras sucesivas generaciones consiguieron adaptarlas a sus condiciones locales limitantes, consiguiendo además rendimientos bastante competitivos, es importante mencionar que en este proceso no participaron investigadores ni obtentores vegetales", escribió Órdenes en la publicación de agosto de 2013. "De acuerdo a este proyecto de ley, si las empresas crean una variedad que resista sales en un 300% más de lo indicado para esa especie, hablamos de una 'innovación tecnológica', por la cual el agricultor tendrá que pagar grandes sumas de dinero por 25 años, sin embargo esta variedad ya existe y la obtuvieron campesinos entonces ¿en este caso ya no hablamos de innovación tecnológica? ¿qué es entonces? ¿cómo protegemos este patrimonio que ya es público? La nueva ley habla de proteger el patrimonio genético, pero lo incongruente es que en ninguno de sus artículos dice cómo hacerlo". "Basándome en el ejemplo anterior, si la nueva ley define como nueva a aquella variedad que no fue comercializada con anterioridad, esta variedad resistente a esas sales ya mencionada es "nueva". Esto es irracional e injusto desde cualquier lógica, sin embargo la ley no piensa, es urgente entonces añadir que cualquier especie que sea de reconocido uso público en un sector pase con urgencia al catálogo de semillas de dominio público, al cual por lo demás, es muy difícil acceder, de no ser así, se está regalando el patrimonio y esto tendrá pésimas consecuencias para el campo chileno". Órdenes concluye que "hay dos tipos de obtentores, aquel que tiene estudios y trabaja en el marco de una institución o una empresa, con un indiscutido interés lucrativo y por otra parte aquel que sin estudios, ha dedicado toda su vida a mejorar y obtener nuevas variedades, las que intercambia sin interés económico, esta nueva ley legisla sólo para los primeros, lo cual deja una inevitable sensación de discriminación". Esteban Órdenes criticó a su vez que el artículo 1° letra c, que define al Obtentor como: La persona natural o jurídica que hubiere creado o "descubierto" y puesto a punto una variedad. El ingeniero previno cómo cualquier persona puede registrar como suya a las variedades de semillas que hoy existen. "Entonces la semillera "x" pasó por el pueblo "z" y encontró una variedad de melón que resiste la sequía, las sales extremas, que presenta rendimientos comerciales y una progenie estable y como no ha sido vendida ni existen otros datos aparte del intercambio histórico, es inscrita como una variedad "descubierta", sale esto publicado en el diario oficial en términos incomprensibles para cualquier agricultor promedio, el cual ni siquiera se entera de que su querida variedad de melón que le heredaron sus abuelos y el siguió mejorando, ha pasado a ser propiedad privada, la cual luego saldrá con un nuevo nombre el cual el desconocerá, entonces tendrá a toda la ley en su contra, ya que si sigue intercambiando y comercializando su variedad le dirán que dicha variedad es de la semillera "x" la cual tendrá a su favor todas las herramientas que proporciona la ley para acusarlo de violar su propiedad intelectual, entonces al agricultor como la gran mayoría guardará silencio y tendrá que comenzar a comprarle a la empresa su propia semilla, ¿su costo?, además de todo el costo moral, luego de poner 13.000 melones en su hectárea a costo $0, tendrá que ir a una agroquímica a comprar su semilla". Los pequeños agricultores "año tras año se endeudan o dependen de subsidios estatales para conseguir su semilla, cuyo valor puede superar el 35% del costo productivo", aclaró Órdenes. A su vez el ingeniero advirtió que existe una cifra millonaria pagada por todos los chilenos con sus impuestos a las empresas que registran semillas a través del Estado, que además reciben otra gran cantidad de recursos por medio de proyectos de investigación asociados a casas de estudio u otras instituciones. Respecto al trabajo científico, Órdenes asegura que fue testigo de flujos de dinero y grandes intereses comerciales. "Fui testigo de los millonarios aportes de empresas transnacionales a la investigación agrícola, que dejó hace años de estar al servicio de la sociedad y que hoy es completamente dirigida y condicionada por los intereses de empresas que sencillamente buscan tener el control de un recurso que históricamente fue de propiedad pública y de uso libre, estás empresas además de generar gran cantidad de atractivos empleos para el rubro agronómico, paga por gran cantidad de estudios de sus variedades mejoradas y sus agroquímicos". "Para comprobar lo que planteo pueden hacer un fácil ejercicio, buscar los temas de las tesis de pre grado de las principales universidades y centros de investigación del país, de los últimos 10 años, verán que la gran mayoría dice relación directa con los intereses de estas empresas, con esto no busco cuestionar su aporte al desarrollo agrícola, sino más bien el nivel de control que están teniendo no solo a nivel comercial, sino también a nivel educacional, social y político, lo cual resulta bastante peligroso para la autonomía de un Estado y su fundamental seguridad alimentaria". Esteban Órdenes advirtió que en realidad los vendedores de semillas informan a los compradores que deben comprar las nuevas semillas "híbridas", ya que las restantes se descontinuaron, lo que los obliga endeudarse o vender parte de sus tierras. El ingeniero concluye que los problemas de hoy para el 60 por ciento de los agricultores es la falta de agua y la degradación de los suelos y no la falta de nuevas variedades. Una de las causas es el injustificado uso excesivo de agroquímicos.