Estados Unidos, la fábrica de prisioneros

Carlos Bauer. Mientras que entre 1990 y 2010 la población estadounidense aumentó en un 24 por ciento, entre 1992 y 2012 la cantidad de personas encarceladas en prisiones federales de ese país se incrementó en cerca de 300 por ciento. Este acelerado crecimiento ha llevado a que hoy en día 2.2 millones de adultos estadounidenses se encuentren encarcelados en prisiones estatales o federales, haciendo de Estados Unidos el país con más presos a nivel mundial, así como el país con el mayor porcentaje de población encarcelada.

De acuerdo con el informe de Human Rights Watch (HRW) “Nation Behind Bars: A Human Rights Solution” (“Un país entre rejas: una solución de derechos humanos”), este ritmo de encarcelamiento comenzó en la década de los ochenta: desde 1980, la población recluida en cárceles federales creció 721 por ciento, mientras que en las cárceles estatales el incremento “únicamente” fue de 240 por ciento. La asociación defensora de los derechos humanos sostiene que este fenómeno se debe en parte a las sanciones penales por posesión o tráfico de drogas en pequeña escala, así como a la criminalización de los migrantes sin papeles, quienes cumplen penas de prisión sin más delito que haber cruzado la frontera ilegalmente. Casi 30 por ciento de todas las personas que ingresan por primera vez en el sistema penitenciario federal lo hicieron bajo cargos de “entrada y re-ingreso ilegal”, es decir, por cruzar la frontera sin documentos migratorios. Por otra parte, el 53.4 por ciento de todos los presos en cárceles estatales con sentencias de un año o más fueron encarcelados por delitos no violentos, muchos de ellos por tráfico de drogas en pequeña escala. Debido a las leyes de sentencia mínima obligatoria, los jueces no pueden adaptar las penas de acuerdo con las circunstancias de cada delito y de cada acusado. “Demasiados hombres y mujeres están cumpliendo penas de prisión severas por delitos no violentos y con frecuencia menores. ¿Cómo puede un país comprometido con la libertad enviar traficantes minoristas de drogas a morir en prisión por vender pequeñas cantidades de drogas ilegales a adultos?”. – Jamie Fellner, coautora de “Nation Behind Bars”. Esta situación no pasa desapercibida en la sociedad estadounidense, entre la cual crece la opinión de que deben tomarse medidas para frenar lo que ya se clasifica como un encarcelamiento masivo. Los cuestionamientos a esta política penal nacen de la sensación de que las penas exceden la gravedad, además de que se aplican bajo criterios no siempre imparciales, como sugiere el hecho de que por cada 100 mil varones negros de la población, 3 mil 23 están en prisión, mientras que entre los varones blancos esta proporción es de 478 por cada 100 mil. De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Investigaciones, 60 por ciento de los encarcelados son negros o latinos. El informe de Human Rights Watch no lo menciona, pero podría haber un tercer factor –además de la criminalización de las drogas y la inmigración– que explique este auge de los encarcelamientos en Estados Unidos. Un artículo del diario español El País que cita informes de las organizaciones de derechos humanos In the Public Interest y American Civil Liberties Union (ITPI y ACLU, por sus siglas en inglés), revela las relaciones entre el fenómeno de la carcelización y el surgimiento de prisiones administradas por empresas cuyas ganancias provienen del dinero que el gobierno les entrega por cada prisionero que alberguen. Según se consigna en el artículo, “entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales”. ITPI analizó los contrato de 62 de estas prisiones privadas con el gobierno estadounidense o con diferentes gobiernos estatales y encontró que el 65% de ellos incluye “algún tipo” de garantía sobre el número mínimo de reclusos que contendrán. Esta garantía mínima varía entre el 90 y el 100 por ciento de ocupación, de tal manera que las empresas obtengan el máximo rendimiento de los entre 40 y 60 dólares diarios que cobran por cada prisionero. Para cumplir con estos contratos, las autoridades trasladan prisioneros de centros gestionados por el Estado a las cárceles privadas, lo que en ocasiones significa ser llevados lejos de sus familias y lugares de origen. Pero las empresas no se limitan a exigir el cumplimiento de la ocupación mínima, sino que buscan activamente ampliar su “cartera de clientes”: sólo una de estas compañías gastó 17.4 millones de dólares entre 2002 y 2012 en influenciar a políticos para que endurezcan las leyes de tal manera que aumente la población carcelaria. Así, pese a que –como argumentan Human Rights Watch y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos– el endurecimiento de las leyes antidrogas y antimigrantes durante los últimos cuarenta años no han mostrado ningún éxito en el control de estos fenómenos, el encarcelamiento masivo continúa, impulsado por la confluencia de intereses privados y políticos.