Dennis A. García |La Crónica.
Un testigo protegido que utilizó la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Maricela Morales pone en riesgo decenas de investigaciones, pues su identidad no existe.
Se trata de Jorge Luis Velásquez Sánchez, con nombre clave Paco, detenido en septiembre de 2008 en Ciudad del Carmen, Campeche, junto con otras cinco personas, todos integrantes de la organización criminal Los Zetas.
Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Velásquez Sánchez nació el 3 de agosto de 1981; tras ser detenido, la entonces fiscal de la Unidad de delitos contra la salud, María Isabel González Chávez, fue quien ofreció al supuesto Zeta ingresar al programa de testigos protegidos de la PGR.
A cambio de su información y declaraciones, Paco recibiría pagos mensuales y protección federal, entre otros beneficios.
Sin embargo, González Chávez nunca verificó la identidad del testigo, prueba de ello son los documentos que integran su expediente en la PGR que, al corroborar sus generales en el Registro Civil del estado de Tamaulipas -de donde es originario-, y ante Gobernación, no figuran su acta de nacimiento ni la CURP.
Abogados que llevan algunos casos de los señalados por Jorge Luis Velásquez Sánchez corroboraron que la identidad del testigo protegido no existe; incluso, una licencia de conducir expedida en el Estado de México a nombre de otra persona fue falsificada a nombre del testigo protegido.
De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, por la utilización de documentos falsos o alterados, todo lo declarado por el testigo protegido Jorge Luis Velásquez carecerá de valor probatorio y las pruebas quedarán sin validez.
PGR RECONOCE FALLAS. A principios del mes de abril, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que las declaraciones de testigos protegidos utilizados durante la administración anterior no son confiables.
Durante una entrevista, Murillo Karam comentó que en muchos casos se utilizó a delincuentes como testigos colaboradores en las investigaciones, y sus declaraciones para señalar a ex funcionarios resultaron ser falsas, por lo que reconoció fallas que —dijo— ya están siendo corregidas.
“Pues precisamente eso no, pero sí hay algunos testigos que no producen confianza, precisamente porque sus testimonios o pudieron haber sido modificados por la evidencia, o porque no son confiables ante la continuación de las investigaciones”, comentó en aquella ocasión.
Les costaron 163 mdp a
los dos gobiernos del PAN
Durante los dos gobiernos panistas, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó a 609 testigos protegidos y gastó 163 millones de pesos para mantener los pagos mensuales y la protección que les brindaba.
Durante la administración de Felipe Calderón, la PGR incorporó al programa de testigos protegidos a 379 personas, entre ellos los siguientes:
Sergio Villarreal Barragán, con clave Mateo; José Jorge Balderas, clave Némesis; Jorge Luis Velásquez Sánchez, Paco; Roberto López Nájera Jennifer.
Sin embargo, el testigo protegido involucrado en más casos fue Salvador Puga Quintanilla, Pitufo, que la PGR lo ha utilizado en 400 averiguaciones previas.
Entre los casos más sobresalientes, que posteriormente se vinieron abajo por las inconsistencias en las declaraciones de Pitufo, está la Operación Limpieza, en la cual fueron detenidos siete altos mandos (el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal, y el ex coordinador de Seguridad Regional de la PF, Javier Herrera Valles), seis mandos medios y 12 agentes.
Puga Quintanilla también fue el principal testigo colaborador en las investigaciones del llamado Michoacanazo (en que fueron detenidos y luego absueltos 34 servidores y ex servidores públicos, entre ellos 12 presidentes municipales); en el caso de los generales acusados de nexos con el narcotráfico, Tomas Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia Vargas; del entonces presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, así como en las acusaciones que pesan aún en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
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