Cruz Elisa Buitrago, líder comunitaria acusada de terrorista en Colombia. Foto: AI-Madrid
Por Rebeca Mateos Herraiz
Cruz Elisa Buitrago ha sido durante 15 años líder comunitaria en La Vereda El Porvenir, del municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia (Colombia). A finales de 2002 denunció la complicidad de miembros del Ejército Nacional en ejecuciones extrajudiciales y comercio de material bélico con los grupos armados. La respuesta fue una campaña de desprestigio y amenazas de muerte por parte de paramilitares.
Se vio obligada, junto a su familia, a esconderse. Ante la falta de una respuesta definitiva sobre su protección por parte del gobierno de Colombia, en septiembre de 2013, Cruz Elisa Buitrago, junto con su marido y sus hijos, viajó a España, donde permanece acogida al programa de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Hablamos con ella durante su paso por Madrid.
¿Cuál es su origen?
Vengo de un hogar campesino. Mi padre y mi madre son campesinos. Como agricultores y ganaderos tanto hombres como mujeres participamos de todas las labores. Mi marido y yo nos convertimos en líderes comunitarios para trabajar en defensa de los derechos de nuestra gente. Tratamos de resolver los conflictos de una forma pacífica, buscando el desarrollo económico y social de nuestro territorio.
¿Por qué deciden convertirse en líderes comunales?
No lo decidimos. Vivíamos en una zona campesina alejada del casco urbano. Para llegar a nuestro territorio tardábamos tres horas a lomo de burra. Nos tuvimos que formar como líderes porque allí no había presencia del Estado. Teníamos que liderar nuestros propios asuntos. A medida que íbamos cumpliendo años, no solo mi marido y yo, sino todos asumimos más responsabilidades.Cuando volvió a aparecer la violencia en el territorio, tuvimos que reforzar nuestro liderazgo. Nosotros no éramos líderes, nos hicimos líderes. La violencia nos forzó a entrar en estos ámbitos de liderazgo.
Yo lideraba procesos con mujeres, con jóvenes, y con ancianos. Mi esposo lideraba los procesos de la comunidad. Pero llegó un momento en el que los hombres que lideraban los procesos comenzaron a ser presionados por paramiliatares, guerrilla y el Ejército para que asumieran sus postulados. A muchos hombres no les quedó más remedio que marcharse y los que se quedaron, sus mujeres, asumimos el liderazgo para que no fueran tan visibles.
¿Qué panorama afrontan las mujeres entonces?
Además de las amenazas contra los líderes, también comienza la vulneración contra los hijos, porque los estaban reclutando para el Ejército, los paramiliatares y la guerrilla. A raíz de los desplazamientos forzosos se entra en otro proceso que es la reclamación de tierras. Nos toca a las mujeres entrar en espacios más allá de las fronteras de nuestros territorios, en la defensa por la paz y de los derechos humanos. Son las madres las que consiguen destapar los casos de los falsos positivos, debido a que inician una búsqueda de sus hijos -a finales de 2008 saltan a la luz unos hechos que involucran directamente a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes, en su gran mayoría jóvenes de comunidades rurales, que los hacen pasar como guerrilleros muertos en combate. Estos casos son los que se conocen con el nombre de falsos positivos-.
¿Cómo notan en su comunidad el recrudecimiento de la violencia?
Los primeros indicios fueron los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, pero no sólo. Venimos de unas comunidades asentadas sobre la cordillera central con unos recursos naturales valiosísimos y todas las partes implicadas quieren obtener beneficio. El combate no es solo entre Ejército y guerrilla, sino también entre Ejército y paramiliatares; y las comunidades se ven en medio de estos combates. Hubo enfrentamientos en 2002, 2003, 2005… eso nos marcó. En ese momento, comenzamos a conocer a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Al vernos obligadas a liderar estos procesos en defensa de nuestros derechos, también nos expusimos más. Los procesos de formación, de educación, agrícolas, de producción… pasaron a un segundo plano y comenzamos única y exclusivamente a defender nuestro territorio y nuestros derechos humanos.
¿Qué derechos humanos son vulnerados en las comunidades campesinas como la suya?
El reclutamiento forzado e ilegal de jóvenes y menores por parte de la guerrilla, los paramilitares y el Ejército; las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las violaciones a mujeres de la comunidad, porque en la guerra convierten a la mujer en objetivo. Muchos jóvenes se someten a una u otra fila o a darle información al Ejército, por las violaciones que estaban sufriendo sus mujeres.
¿Qué papel juega los recursos naturales de la zona en todo este proceso?
El oriente de Antioquia se decretó distrito minero, lo que hace que primen los intereses particulares frente a las comunidades. Tenemos minas de oro, de sal, de cal… y el recurso hídrico. Este territorio está en una zona que es la estrella fluvial del oriente antioqueño, donde convergen varias cuencas de ríos representativos, sobre las que ya ha comenzado la primera ejecución de la primera etapa de un macro proyecto de energía hidráulica. La segunda etapa de este macro proyecto influiría en la parte en la que nosotros vivíamos. En Colombia generalmente las zonas de conflicto son aquellas zonas que son naturalmente ricas: que tienen biodiversidad, que tienen agua, que tienen minas…
¿Qué cambios más significativos sufre vuestra vida a raíz del recrudecimiento de la violencia?
La comunidad está en un territorio en el que te da lo que quieras con tan solo tirar la semilla. La tierra nos daba la comida, y el ganado y el café nos daba una situación económica sostenible. Todos los del territorio vivíamos muy bien. A partir de la guerra somos saqueados, tanto por la guerrilla como por el Ejército y los paramilitares, que roban nuestros bienes y comienzan a violar nuestros derechos humanos. Cambia totalmente el panorama. Nosotros, que cultivábamos una o dos cosechas para el resto del año, empezamos a no cultivar esta cantidad sino a cultivar lo que podíamos, porque no sabíamos cuándo tendríamos que desplazarnos. Además cualquiera de los grupos presentes se comían nuestros cultivos. Entramos en una situación de terror constante tanto los adultos como niños. Debido a esto, el Estado saca a los médicos de los centros de salud y a los profesores de las escuelas. Nuestro nivel de salud cae, nuestro nivel de educación cae. La vida se nos cambia de la noche a la mañana. Entramos en una línea de pobreza que jamás podríamos haber imaginado.
A finales de 2005 la situación mejora y comienzan a volver algunas de las personas que se habían desplazado y empezamos nuevamente a formar el tejido social. Pero en 2008 comienza de nuevo la vulneración de nuestros derechos por ex guerrilleros, paramilitares y miembros activos del Ejército. Entraba el Ejército en compañía de civiles armados para que nos hostigaran, para que nos obligaran a hablar de nuestra intimidad y a dar información que no teníamos. Cuando en el 2009 empezamos a ver nuevamente material bélico en el territorio, al igual que lo habíamos hecho en otras ocasiones, denunciamos que el Ejército fabricaba minas anti persona. Entonces comienza la persecución contra todos los líderes desde entes del Estado, desestiman nuestras denuncias, las califican de falso testimonio contra el Ejército, terrorismo… yo misma fui calificada de terrorista. Luego siguen las amenazas, los hostigamientos y finalmente los asesinatos.
En mi condición de líder solicito apoyo al Estado y el Estado me asigna un esquema de protección y estoy en ese esquema junto con mi marido y mis tres hijos, desde 2011 hasta 2013, en unas condiciones que no le deseo a nadie. Finalmente contacté con Amnistía Internacional y gestionaron mi salida del país.
¿Cómo recibía las amenazas?
La iniciales fueron por teléfono, pero hubo dos que tuve directamente. Sufrí un atentado directo y otro indirecto en 2011. En aquel momento fue asesinado mi compañero el vicepresidente de junta. Tardaron cuatro días en levantar el cadáver. Creí que al hacer las denuncias iban a cesar las amenazas. Pero no fue así. Creí que al ponerme en manos del esquema de protección del Estado, se iban a rebajar, pero tampoco ocurrió. Cuando capturaron a dos de las personas que había denunciado, dijeron que no querían llegar a juicio conmigo viva. Desde que empezaron los asesinatos de líderes campesinos, la propuesta fue que yo saliera del país, pero yo creí que no haría falta; creí que se iban a esclarecer los hechos, que eran denuncias muy evidentes las que estábamos haciendo. No había por qué dudar de que se hiciese justicia. Pero siguieron las amenazas. Nunca hubo evolución en el proceso. Y creo que mientras estas estructuras del Estado colombiano -estructuras militares que han sido fortalecidas a través de los tiempos- existan, la impunidad va a existir y el riesgo va a existir. Sinceramente, no se dan las condiciones necesarias en Colombia para que pueda volver.
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