La comunidad guaraní vive en medio de las "estancias" de los narcotraficantes | Créditos: Frank O Weaver.
En Amambay y Concepción, según registro de Tierra Viva. El caso más emblemático y aleccionador fue la ejecución de tres personas de la comunidad Paĩ Tavyterã, en el 2010, en represalia por el arresto del narco Ximenes Pavao.
Aquella vez reunieron a toda la comunidad y ejecutaron a tres personas. El hecho, como los demás, no tuvo consecuencia legal. Solo el miedo se arraigó. Se los acusó de no haber avisado la penetración del grupo operativo policial que finalmente aprehendió al entonces uno de los “más buscados” narcos. Las comillas son de la redacción por cuanto que por mucho tiempo en gigantografías ubicadas por la Senad en varias partes del país se lo veía a Ximenes Pavao, junto con Cabeza Branca, como los “más buscados”.
La comunidad Paĩ Tavyterã es parte de la Gran Nación Guarani. Al otro lado, en Brasil, sus pares son los kaiowa, que también sufren y han sufrido graves crímenes contra su integridad y su cultura por la extensión de la frontera agrícola ganadera.
“En los alrededores de las estancias donde se cultiva y transporta droga, las comunidades indígenas viven en riesgo. En este contexto, los indígenas son obligados a cumplir horarios para transitar por los caminos y deben mantenerse en el más absoluto silencio.
Los vuelos rasantes de las avionetas que transportan principalmente cocaína son observados por toda la población vecina, la cual debe mantenerse ciega a tal situación, explican.
El informe de Tierra Viva
A continuación exponemos ante nuestros lectores partes integrales del informe:
“Como consecuencias del tráfico de drogas pudimos constatar dos situaciones: La primera, de conocimiento público, relacionada a la pérdida de un cargamento con dinero en las inmediaciones de una comunidad indígena que constituyó la excusa suficiente para que grupos locales entraran a una comunidad indígena a amenazar, amedrentar, torturar y matar a uno de sus miembros, hiriendo a otro gravemente. Al parecer, era dinero del narcotráfico que iba a ser utilizado para intercambiar por cocaína en un país vecino. El dinero desapareció y la familia indígena que trabajaba allí fue la primera sospechosa, además del resto de la comunidad. Llegaron a su casa dentro de la estancia, los tuvieron en fila a punta de pistola, a uno le pusieron una pistola calibre 12 en la boca, les dijeron que tenían una orden de la fiscalía para matar a todos ustedes porque tomaron la plata (Testigo caso 19). Hirieron gravemente a dos varones de esta familia y fueron llevados al hospital. Uno falleció y el otro, que recibió un disparo en la nuca y otro en la pierna, la cual perdió, aún sufre las severas secuelas. La policía intervino, al igual que la fiscalía.
La magnitud de lo sucedido fue tan grave que intervino el Ministerio Público, y representantes del Congreso, además de autoridades locales –las cuales habían sido señaladas como autores materiales del crimen, de las amenazas a la comunidad y a sus líderes–. Luego de ello, la comunidad ya no quiso hablar más, fue amenazada y silenciada.
La segunda se da en un contexto mucho más grave, en otro departamento pegado al de Amambay. Allí toda una comunidad fue amedrentada por varias personas de una estancia vecina que ingresaron disparando. Torturaron a uno de ellos y luego lo ejecutaron junto a otros dos integrantes más de la comunidad. Tras las ejecuciones quemaron las casas y siguieron disparando contra la comunidad hasta que terminaron huyendo. El motivo fue la desaparición de algo en la estancia vecina y haber visto aterrizar una avioneta en la misma. Los familiares de las víctimas realizaron la denuncia, la fiscalía intervino y realizó actuaciones investigativas pero las mismas no pudieron continuar por el miedo a hablar y perder sus vidas. El Estado no ha otorgado mecanismos de protección para los denunciantes, ni tampoco ha evitado el hostigamiento a la comunidad. Una de las denunciantes, la viuda de uno de los ejecutados, fue perseguida durante mucho tiempo para que no ratificara su denuncia y hasta hoy en día se encuentra en la clandestinidad con sus hijos. Esta comunidad tenía como vecino a uno de los jefes del narcotráfico más importantes que operaba en el país. Por el apresamiento de este jefe responsabilizaron a la comunidad y la persecución aún continúa. El pago por el silencio a miembros de la comunidad, como la demostración de poder e impunidad para actuar libremente, no es más que otra manera de ejercer su poder coercitivo que lleva inevitablemente al fraccionamiento y fuertes divisiones internas dentro de la comunidad. El Estado, al no proteger a las comunidades y no dar garantías eficaces a los denunciantes, contribuye, por omisión quizás, a que siga la impunidad y estos grupos operen libremente. Las consecuencias del narcotráfico en la zona también se dan de manera indirecta. Según contó con mucha preocupación un líder indígena, se les contrata a un grupo de jóvenes, se los deja en el monte para trabajar durante un tiempo y se pone a cargo a uno de ellos, otorgándole armas y bajo la consigna de que puede matar a todo el que sea extraño. El poder que se les da, entendido como poder coercitivo, se reproduce de la misma manera cuando vuelven a su comunidad. En varias comunidades, las mujeres refirieron que los jóvenes que van a trabajar allí no respetan nada, las niñas deben caminar acompañadas y en general las mujeres deben cuidarse porque son acosadas y violadas en los caminos. La necesidad impulsa a estos jóvenes, hombres y mujeres, a salir a trabajar prontamente. Las comunidades aún no disponen de mecanismos y estrategias suficientes para hacer frente a estos jóvenes que vuelven e imponen una cultura diferente”.
Este informe completo puedes encontrarlo en tierraviva.org.py
Fuente: Ea.com.py
No hay comentarios:
Publicar un comentario