Dennis A. García |
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca —hoy prófugo de la justicia—, era la principal operadora de actividades delictivas orquestadas desde la presidencia municipal, y en complicidad con la organización criminal de Guerreros Unidos.
En ese sentido, tras las declaraciones obtenidas, la Procuraduría General de la República (PGR) dejó abierta sólo una línea de investigación en la que señala como autores intelectuales de las agresiones y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y al entonces secretario de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez.
En conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam informó que, de acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, la señora Pineda Villa era la principal operadora en Iguala.
Y es que María de los Ángeles se valió de sus familiares Mario y Alberto Pineda Villa, entonces operadores financieros del cártel de los Beltrán Leyva, para crear su emporio bajo la protección de Guerreros Unidos, una escisión del cártel antes mencionado.
En su declaración, Sidronio Casarrubias señaló que recibían por parte del presidente municipal de Iguala, entre 2 y 3 millones de pesos, de los cuales 600 mil pesos los utilizaban para controlar a los policías municipales; asimismo, mencionó que era el grupo de Guerreros Unidos el que escogía los nuevos ingresos a la corporación policiaca.
HECHOS. Acompañado por el director de la Agencia de investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, Murillo Karam indicó que el pasado 26 de septiembre un grupo de halcones informó del ingreso de normalistas al municipio de Iguala y que fue el presidente municipal, José Luis Abarca, quien dio la orden de detenerlos para impedir que sabotearan un evento de su esposa con motivo de su informe de labores.
Lo que querían evitar era un conflicto como el de junio de 2013, cuando se registró un enfrentamiento entre personas afines al alcalde Abarca, y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata, en el que también participaron estudiantes de Ayotzinapa.
Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ingresaron a Iguala alrededor de las 21 horas…los informantes “halcones” y elementos de la Policía de Iguala, reportan al Centro de Control de ese municipio el arribo de estudiantes.
“Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala”, explicó el funcionario.
Por lo que –continuó- tanto los policías de iguala, como los de Cocula, bloquearon la carretera y evitaron el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes. En ese primer incidente, un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes. El resto de los estudiantes intentó darse a la fuga, sin embargo fueron alcanzados por los uniformados y posteriormente enviados a la Central de Policía.
Ahí llegaron los policías de Cocula, los subieron a una camioneta de redilar y fueron conducidos por un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo, ahí fueron presentados a una persona identificada como El Gil, lugarteniente de Sidronio Casarrubias.
Cabe señalar que la PGR acreditó que el subjefe de la policía de ese municipio, César Nava, estaba también a las órdenes de los Guerreros Unidos.
De acuerdo con la PGR, El Gil reportó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo Los Rojos, por lo que Sidronio avaló las acciones para defender su territorio.
“Se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias a los elementos; se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial; se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, además se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada”, agregó Jesús Murillo Karam.
Reacciones
AI-México ve negligencia en búsqueda y en el uso de la fuerza
El director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, acusó anoche al Estado mexicano de haber incurrido en el caso Iguala en negligencia respecto de los protocolos en el uso de la fuerza policíaca y militar, en los que corresponden a la búsqueda de las personas desparecidas, y en los temas de derechos humanos, además de que “no ha querido reconocer la magnitud del problema”.
Afirmó que lo sucedido en Iguala “no se dio en un vacío; no se dio por generación espontánea. En Iguala estaban dadas todas las condiciones dadas para que esto pasara”, aseguró.
Tras una reunión a puerta cerrada con la comisión especial de diputados que da seguimiento a las investigaciones de ese caso, el funcionario de AI México explicó que este organismo “no cae en el juego de si esto es responsabilidad de la Federación o de la entidad (Guerrero). Lo que juzga Amnistía Internacional es al Estado en su conjunto.
“Lo que vemos es que hay una responsabilidad del Estado, en ese sentido, por lo que sucedió en Iguala, y una responsabilidad por la falta de coordinación y de investigaciones adecuadas”, añadió Quiroz Rendón.
Sin embargo, aseguró que el Estado todavía se encuentra a tiempo de corregir, “de dar un viraje, de reparar los daños y de que no se repita esto, así como de implementar protocolos para la búsqueda de personas con vida. Esto tiene que hacerse y hacerse ya”, exigió.
Detectan en Morelos entre 5 y 6 casas del edil prófugo
La Fiscalía General de Morelos reveló que han detectado entre cinco a seis domicilios del ex alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su familia en la entidad, además de que varios de sus cercanos en el ayuntamiento de la localidad guerrerense han acudido a juzgados federales en busca de amparos.
La Fiscalía morelense notificó que ha identificado entre cinco y seis domicilios, que presuntamente pertenecen al presidente municipal con licencia y prófugo, José Luis Abarca Velázquez, y/o familiares del mismo.
El jefe de la Policía de Investigación Criminal de Morelos, Martín Rizo Ramos, indicó que estas viviendas están ubicadas en la zona oriente y en la sur de la entidad, sin precisar los domicilios.
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