Realizan primer foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”

• Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana se reúne en Tijuana, Baja California, con expertos, jueces, académicos y sociedad civil.
• Analizan la justicia digital, preventiva y familiar en materia de identidad de género, discapacidad e interés superior de la niñez y adolescencia.

Al inaugurar el primer foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, llevado a cabo en la ciudad Tijuana, Baja California, la diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, apuntó que los encuentros con expertos, jueces, académicos, sociedad civil y ciudadanía, permitirán que el Congreso por mandato Constitucional expida una ley que sea una herramienta de justicia para la ciudadanía.

Resaltó que este producto legislativo será construido en conferencia con la Cámara de Senadores con el propósito de que se cuente con este documento lo más pronto posible, por lo que anunció que se llevarán a cabo seis foros de consultas y propuestas, a fin de discutir este tema de gran trascendencia para la vida del país.

Enfatizó que este ordenamiento busca que no sólo resuene en los juzgados y tribunales, sino en las risas de hijos que conviven con sus padres, de familias que resuelven sobre los bienes de sus padres y abuelos, de hombres y mujeres que solucionan sus desavenencias con eficacia, imparcialidad y justicia.

Expresó que hay una gran demanda de justicia, que los tribunales tienen exigencia para resolver los asuntos que plantean los justiciables, que cada año el requerimiento es mayor, y por eso esta ley está llamada a revisar los procedimientos y afinarlos para que los procesos no sean un obstáculo para la justicia.

Aclaró que en este modelo de justicia se será meticulosos con los que se pretenda incorporar al Código y respetuosos de las condiciones de cada región del país. “Estamos en estos foros regionales para conocer la realidad de cada entidad federativa, pues sabemos que, aunque algunos estados avanzan en la justicia digital, en muchos otros rincones del país la modernidad todavía es un eslabón débil”.

La legislación será adjetiva al derecho civil y supletoria para todo el país

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) afirmó que la legislación que convoca este foro es de suma importancia, no sólo porque es adjetiva del derecho civil, sino que puede ser supletoria para toda la legislación federal del país.

Agregó que ante la importancia del tema la JUCOPO constituyó un grupo de trabajo especializado en Materia de Justicia Cotidiana, ya que se quiere la opinión de todas y todos; por ello, pidió a la ciudadanía estar atenta a este proceso legislativo, el cual será bicameral.

Enfatizó que esta es una legislación de suma importancia, pues está ligada a la vida de todas y todos, en algún momento una o un ciudadano puede solicitar a un juez justicia y para ello se requiere un instrumento que regule los procesos jurisdiccionales, la cual será única para todo el país.

Desterrar procesos lentos que alejan a la gente de los jueces

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino, dijo que el objetivo es mejorar la justicia cotidiana, civil y familiar, así como desterrar de la jurisdicción ordinaria los proceso lentos, inciertos, discriminatorios, complicados y costosos que alejan a la gente de los jueces. Se pretende, añadió, consolidar un sistema de impartición de justicia oral, así como instituir procedimientos expeditos abiertos, cercanos y accesibles a la gente, aprovechar y utilizar las nuevas tecnologías y abonar a un modelo de justicia digital.

Asimismo, mejorar y hacer más eficiente la distribución de las cargas procesales para agilizar los procedimientos, garantizar el acceso a la justicia a los grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo velando por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, desde una perspectiva de género. “Es un momento relevante para que, con estos ejercicios, hacer realidad para el país los derechos humanos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela jurisdiccional”.

Participación de diputadas 

Vía zoom, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) destacó la importancia de eliminar las figuras jurídicas que sustituyen la voluntad o restringen la capacidad jurídica. El estado de interdicción o de incapacidad para celebrar actos son formas jurídicas que deben superarse y que requieren una mayor discusión, tanto en lo procesal como en lo sustantivo. 

Puntualizó que en el Código Nacional de Procedimientos Penales es insuficiente la descripción de las medidas de accesibilidad, pues están enfocadas solamente en el acceso limitado a intérpretes de lengua de señas mexicana, y se ha olvidado la de impresión de sentencias y Braille o su redacción en lectura fácil. “Si queremos retomar el rumbo de la justicia necesitamos encontrar las coincidencias para generar las acciones que demanda la sociedad. Hoy este es el llamado, a que sumemos voluntades y pongamos énfasis de que no nos olvidemos de las personas con discapacidad”.

La diputada de MORENA, María Clemente García Moreno, dijo que es necesario terminar con el sistema de justicia que sólo resuelve conflictos y que dado el crecimiento demográfico es imposible tener una impartición de justicia propia. 

“Hay un sistema de justicia colapsado bajo una ley que es regida por el libre mercado, tenemos una oferta de demasiados juicios con la cantidad de jueces que hay para tener un sistema que dé justicia pronta a la ciudadanía”.

Mesa 1: Justicia familiar (identidad de género, violencia, discapacidad, interés superior del niño, niña y adolescente)

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, habló sobre la construcción de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares bajo la perspectiva de los derechos humanos. Sugirió que en el Código se determine que se habla de grupos de atención prioritaria e incluir lenguaje neutro, con perspectiva de género e incluyente.

También, incorporar términos como usos y costumbres, no emplear los términos “mayores y mejores”, lo correcto es incluir la edad o utilizar niños, niñas y adolescentes u otro tipo de términos. En cuando a la violencia hacia las mujeres se propone agregar la obligación de aplicar y valorar con perspectiva de género. “Sugerimos regular el modelo de apoyos para personas con discapacidad”.

Dulce María Mejía Cortés, directora general de representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó que para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares garantice el interés superior de la niñez y adolescencia se deben crear juzgados especializados, capacitar a los funcionarios y mejorar las normas en materia sustantiva y procesal.

Edgar Caballero González, director del Centro de Estudios en Derecho Comparado y Procesal Constitucional, propuso que se diseñe un código convencionalizado, donde se respeten los tratados internacionales y que los jueces de primera línea se dediquen no a decidir reglas procesales, sino a proteger derechos inmersos dentro de estos procesos, lo cual elevaría la calidad de argumentos de la abogacía.

Carlos Ríos Espinosa, investigador senior de la organización internacional Human Rights Watch, expresó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene que alcanzar los efectos de hacer una jurisdicción voluntaria, pero solamente en supuestos específicos, tales como atender a las directivas e incluir el término de ajustes de procedimientos en temas que se refieren a las disposiciones generales. 

Mesa 2: Justicia digital

Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, expuso que la justicia digital debe ser utilizada de forma permanente, porque da accesibilidad a quienes se encuentran en regiones remotas; por ello, planteó diseñar procedimientos judiciales, mediación, diligencia y ejecución de exhortos mediante una plataforma digital de los poderes judiciales, a fin de hacer procedimientos más ágiles y menos burocráticos.

En tanto, el juez de Control y Enjuiciamiento de Durango, Manuel Valadez Díaz, apuntó que esta reforma es una oportunidad de hacer una legislación de última generación, útil para los juzgadores, abogados y muy cercana a la sociedad. Indicó que la justicia digital en este nuevo Código debe tener la característica de la oralidad y que los poderes judiciales del país cuenten con una plataforma tecnológica suficiente.

Jesús Eliseo Morales Romero, integrante de la Barra Mexicana de Abogados de Sonora, habló sobre los retos y alcances de las nuevas tecnologías al servicio de los justiciables. Mencionó que los principios sobre los que se regirá la digitalización son: la equivalencia funcional, la no discriminación, integridad, voluntariedad, respeto a los derechos humanos y la opcionalidad, pero no hay que perder de vista que el órgano legislativo tome como una fuente real del derecho los precedentes de la Corte. 

Miriam Silva Mata, postulante en las materias civil, mercantil, familiar y constitucional, consideró que el Código tiene que homologar todas las situaciones y costumbres de cada. Afirmó que en un sistema de justicia digital se necesitan servidores y los operadores judiciales no son operadores en sistemas. Puntualizó que se deben impartir cursos de capacitación. “El Código debe tener temas que realmente sirvan a la justicia cotidiana y apostar a la conciliación. Necesitamos presupuesto para cada entidad a fin de que esto realmente funcione”.

Mesa 3: Justicia preventiva

La presidenta de la Barra de Abogadas “María Sandoval Zarco”, Maritza Harlene Arriaga Nava, indicó que las medidas cautelares contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deben ser con perspectiva de género, de justicia para la infancia y de derechos humanos. Consideró importante entender que no todo puede ser aplicable a las ciudades fronterizas, ya que estas requieren un enfoque binacional.

Gustavo González Fuentes, presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León, consideró que se deben unificar criterios en el tema de igualdad, definir la naturaleza de los procedimientos judiciales, establecer la interrupción en la prescripción y la caducidad, y reconocer la figura del mediador-conciliador como agente auxiliar del Poder Judicial.

A este foro también asistió la diputada de MORENA, Evangelina Moreno Guerra; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López; el Fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Fernando Sánchez González.

La subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez se congratuló porque en el foro se puso enfrente a los grupos de atención que deben ser prioritarios. Felicitó a los legisladores por este trabajo.

Conclusiones

Durante este foro los participantes resaltaron la importancia de incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares los términos o “grupos de atención prioritaria”, “niñas, niños y adolescentes”; establecer plazos improrrogables en el dictado de las resoluciones y sentencias. De otra manera la justicia seguirá siendo una aspiración, y no una realidad.

Tomar en cuenta la interpretación que han realizado la Comisión y la Corte Interamericana, así como los diversos Comités de la ONU; que los jueces estén obligados a ejercer control de convencionalidad. Sería conveniente establecer en el Código que, al dictarse sentencia, se precise si se realizó, o no, control de convencionalidad.

Además, plantearon que el Código impulse la oralidad para transferir la justicia de papel a la digital y que, en cuanto a las medidas cautelares, cuando esté involucrada alguna persona de los “grupos de atención prioritaria”, no deberá ser necesario que exista petición de parte y estas consideren la perspectiva de género y la perspectiva de la niñez y adolescencia.