• Pondremos todo el corazón y empeño para sacar adelante
esta encomienda: diputada Cruz Santos.
• Esta acción será la primera en ejecutarse en la Cámara de
Diputados con visión de inclusión: diputada Sodi Miranda.
Las comisiones unidas de Educación y de Atención a Grupos
Vulnerables aprobaron por unanimidad el acuerdo para establecer el
procedimiento para atender la acción de inconstitucionalidad 121/2019, en
materia de consulta a personas con discapacidad en la Ley General de Educación.
En reunión digital, las y los integrantes de la
Comisión de Educación emitieron 34 votos a favor, y de la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables 23.
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada
Flora Tania Cruz Santos (MORENA), afirmó: “Tenemos un gran reto y trabajo, sin
duda pondremos todo el corazón y empeño para sacar adelante esta encomienda”.
Agradeció la disposición de todas y todos los legisladores
que por unanimidad se haya aprobado este acuerdo. Estamos convencidos del gran
compromiso que tenemos, la responsabilidad y oportunidad de mejorar nuestro
marco legislativo en materia de educación, en temas de discapacidad en la Ley
General de Educación.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), aseguró que estas acciones
abonarán a que se lleve a cabo la consulta para el capítulo de educación
inclusiva invalidado y que este sector de la población no sufra de una doble
estigmatización al estar “sin consulta y sin derechos educativos”.
Subrayó que “no es fácil, pero esta acción será la primera a
ejecutarse en la Cámara de Diputados con esta visión de inclusión y esperamos
que esta aportación sirva para que en un futuro las políticas públicas pongan
al centro a las personas con discapacidad cuando los temas se refieran a dicho
sector. No podemos legislar sin que las personas con discapacidad sean la voz”.
Acuerdo aprobado
El acuerdo tiene por objetivo definir y coordinar el proceso
al que se sujetarán las diputadas y diputados integrantes de las comisiones
unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables para dar cumplimiento a
la consulta establecida en el resolutivo cuarto de la sentencia de la acción de
inconstitucionalidad con expediente 121/2019, emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
En concordancia con el resolutivo tercero y en los términos
del considerando sexto de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad
emitido por la SCJN, la consulta a personas con discapacidad, a través del
Parlamento Abierto, tendrá como resultado el proyecto de dictamen y, en caso de
ser necesario, la iniciativa con proyecto de decreto relativo a los aspectos no
previstos en el documento de trabajo
Respecto a la consulta y el Parlamento Abierto, el acuerdo
precisa que, a efecto de contar con lineamientos específicos para cumplir con
los requerimientos legales, se faculta a las juntas directivas de las
comisiones de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables para emitir el
Protocolo y la convocatoria que deberán aprobarse en un plazo no mayor a 14
días naturales de la aprobación del presente acuerdo.
Sobre el tiempo para elaborar la iniciativa y dictaminarla,
el documento refiere que, en función al resolutivo cuarto de la sentencia de la
acción de inconstitucionalidad, la invalidez de los artículos 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67 y 68, del Capítulo VIII “De la educación inclusiva” de la Ley
General de Educación, surtirá efecto a los dieciocho meses siguientes a la
notificación.
Por lo tanto, ambas comisiones se apegarán al calendario
establecido en la Convocatoria aprobada por las juntas directivas para el
cumplimiento de los tiempos legales.
En cuanto a la ejecución del proceso de consulta, el
desarrollo del mismo estará a cargo de las comisiones unidas de Educación y de
Atención a Grupos Vulnerables, cuyas juntas directivas tendrán la facultad para
resolver todos los aspectos imprevistos en el presente acuerdo, en el Protocolo
de Consulta y en el Calendario, en cumplimiento a la sentencia de la SCJN.
En los artículos transitorios, el acuerdo plantea que
entrará en vigor al momento de su aprobación por las juntas directivas de las
comisiones unidas.
Asimismo, una copia del documento se remitirá a las juntas
directivas, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios, en cumplimiento de los incisos d) y e) del artículo
tercero.
Así como, de los artículos cuarto, sexto y séptimo, todos
del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, por el que se define el procedimiento para atender las resoluciones
judiciales en las que se vincule a su cumplimiento a la Cámara de Diputados.
Discusión de las y los legisladores
Por el PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García aseguró
que es un momento histórico porque por primera vez estas comisiones trabajan
para plantear una consulta a las personas con discapacidad.
Apuntó la necesidad de que en la Cámara de Diputados
se diseñe un mecanismo para legislar cumpliendo con esta obligación y que todos
los dictámenes que involucren el tema de discapacidad sean sometidos a consulta
previa. “Sin consulta corremos el riesgo de que todos los trabajos legislativos
en que se involucren los derechos de esta población puedan ser invalidados y
quedemos en deuda con la misión de perfeccionar el marco jurídico nacional”.
Del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks pidió que en
el plan se ponga a las personas antes que a las organizaciones, pues estas no
incluyen a la totalidad de la población con discapacidad.
Por el PRI, la diputada Yolanda de la Torre Valdez afirmó que
este acuerdo es un nuevo paradigma y camino en la relación de las y los
legisladores con la ciudadanía, en particular con los 20 millones de personas
con discapacidad que deben opinar sobre las cuestiones que les atañen y
afectan, mediante este mecanismo de consulta sobre las leyes y temas que les
interesan, lo cual va a trastocar el fondo del actuar y quehacer legislativo.
La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) dijo que la
discapacidad y quienes la tienen en casa entienden que la inclusión y la
empatía debe comenzar desde el hogar y la escuela para que quienes están en
esta condición no sean vistos de manera rara. “Esta discriminación es causa de
una falta de información, se requiere de una educación temprana, en los libros
de texto no está incluida siquiera la palabra discapacidad”.
La diputada Sonia Rincón Chanona (MORENA) se dijo en
disposición de colaborar en las jornadas de Parlamento Abierto, las cuales,
consideró, serán extensas, pero “saldrá de la mejor manera el cumplimiento de
este trabajo”.
La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales
reconoció el esfuerzo de las presidencias de las comisiones unidas, donde hay
unanimidad de criterios y opiniones hacia un enfoque de posibilidades en lugar
de ver discapacidades, eliminado barreras para esta población y sean incluidas
en la educación del país. Propuso añadir en el acuerdo la palabra “estrecha”,
relativa a la forma en hacer la consulta; sustituir el término “ciudadano” por
“personas” para atender a los menores con discapacidad y su opinión sea tomada
en cuenta, así como priorizar a las personas y luego a las organizaciones que
las representan.
Por MC, la diputada María Asención Álvarez Solís
planteó su preocupación por las dificultades económicas de millones de familias
para adquirir una silla de ruedas. Propuso ser la voz de la población con
discapacidad en extrema pobreza para crear un fondo presupuestal y otorgarles
implementos que les ayuden a trasladarse.
La diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) coincidió
en que las organizaciones representativas no deben estar en primer término,
sino las personas, ya que muchas que no tienen registro son quienes hacen más
por ayudar a otros seres humanos.
En asuntos generales, la diputada Cruz Santos refirió que
las observaciones, propuestas y comentarios externadas por las y los diputados
durante esta primera sesión de las comisiones unidas serán consideradas en
todas las actividades legislativas.
Instruyó al equipo técnico a trabajar y analizar los temas vertidos y encontrar el procedimiento adecuado para llevar a cabo todas las recomendaciones presentadas en torno a sus preocupaciones, a través de puntos de acuerdo y otro documento que recabe el sentir externado.
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