Al inaugurar el primer foro “Hacia la construcción del
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”,
llevado a cabo en la ciudad Tijuana, Baja California, la diputada Aleida Alavez
Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana,
apuntó que los encuentros con expertos, jueces, académicos, sociedad civil y
ciudadanía, permitirán que el Congreso por mandato Constitucional expida una
ley que sea una herramienta de justicia para la ciudadanía.
Resaltó que este producto legislativo será construido en
conferencia con la Cámara de Senadores con el propósito de que se cuente con
este documento lo más pronto posible, por lo que anunció que se llevarán a cabo
seis foros de consultas y propuestas, a fin de discutir este tema de gran
trascendencia para la vida del país.
Enfatizó que este ordenamiento busca que no sólo resuene en
los juzgados y tribunales, sino en las risas de hijos que conviven con sus
padres, de familias que resuelven sobre los bienes de sus padres y abuelos, de
hombres y mujeres que solucionan sus desavenencias con eficacia, imparcialidad
y justicia.
Expresó que hay una gran demanda de justicia, que los tribunales
tienen exigencia para resolver los asuntos que plantean los justiciables, que
cada año el requerimiento es mayor, y por eso esta ley está llamada a revisar
los procedimientos y afinarlos para que los procesos no sean un obstáculo para
la justicia.
Aclaró que en este modelo de justicia se será meticulosos
con los que se pretenda incorporar al Código y respetuosos de las condiciones
de cada región del país. “Estamos en estos foros regionales para conocer la
realidad de cada entidad federativa, pues sabemos que, aunque algunos estados
avanzan en la justicia digital, en muchos otros rincones del país la modernidad
todavía es un eslabón débil”.
La legislación será adjetiva al derecho civil y supletoria
para todo el país
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO),
Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) afirmó que la legislación que convoca este
foro es de suma importancia, no sólo porque es adjetiva del derecho civil, sino
que puede ser supletoria para toda la legislación federal del país.
Agregó que ante la importancia del tema la JUCOPO constituyó
un grupo de trabajo especializado en Materia de Justicia Cotidiana, ya que se
quiere la opinión de todas y todos; por ello, pidió a la ciudadanía estar
atenta a este proceso legislativo, el cual será bicameral.
Enfatizó que esta es una legislación de suma importancia,
pues está ligada a la vida de todas y todos, en algún momento una o un
ciudadano puede solicitar a un juez justicia y para ello se requiere un instrumento
que regule los procesos jurisdiccionales, la cual será única para todo el país.
Desterrar procesos lentos que alejan a la gente de los
jueces
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la
República, Rafael Espino, dijo que el objetivo es mejorar la justicia
cotidiana, civil y familiar, así como desterrar de la jurisdicción ordinaria
los proceso lentos, inciertos, discriminatorios, complicados y costosos que
alejan a la gente de los jueces. Se pretende, añadió, consolidar un sistema de
impartición de justicia oral, así como instituir procedimientos expeditos
abiertos, cercanos y accesibles a la gente, aprovechar y utilizar las nuevas
tecnologías y abonar a un modelo de justicia digital.
Asimismo, mejorar y hacer más eficiente la distribución de
las cargas procesales para agilizar los procedimientos, garantizar el acceso a
la justicia a los grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo velando por el
interés superior de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad,
mujeres, desde una perspectiva de género. “Es un momento relevante para que,
con estos ejercicios, hacer realidad para el país los derechos humanos de
acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela jurisdiccional”.
Participación de diputadas
Vía zoom, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI)
destacó la importancia de eliminar las figuras jurídicas que sustituyen la
voluntad o restringen la capacidad jurídica. El estado de interdicción o de
incapacidad para celebrar actos son formas jurídicas que deben superarse y que
requieren una mayor discusión, tanto en lo procesal como en lo
sustantivo.
Puntualizó que en el Código Nacional de Procedimientos
Penales es insuficiente la descripción de las medidas de accesibilidad, pues
están enfocadas solamente en el acceso limitado a intérpretes de lengua de
señas mexicana, y se ha olvidado la de impresión de sentencias y Braille o su
redacción en lectura fácil. “Si queremos retomar el rumbo de la justicia
necesitamos encontrar las coincidencias para generar las acciones que demanda
la sociedad. Hoy este es el llamado, a que sumemos voluntades y pongamos
énfasis de que no nos olvidemos de las personas con discapacidad”.
La diputada de MORENA, María Clemente García Moreno, dijo
que es necesario terminar con el sistema de justicia que sólo resuelve
conflictos y que dado el crecimiento demográfico es imposible tener una
impartición de justicia propia.
“Hay un sistema de justicia colapsado bajo una ley que es
regida por el libre mercado, tenemos una oferta de demasiados juicios con la
cantidad de jueces que hay para tener un sistema que dé justicia pronta a la
ciudadanía”.
Mesa 1: Justicia familiar (identidad de género, violencia,
discapacidad, interés superior del niño, niña y adolescente)
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, habló sobre la construcción de un
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares bajo la perspectiva de
los derechos humanos. Sugirió que en el Código se determine que se habla de
grupos de atención prioritaria e incluir lenguaje neutro, con perspectiva de
género e incluyente.
También, incorporar términos como usos y costumbres, no
emplear los términos “mayores y mejores”, lo correcto es incluir la edad o
utilizar niños, niñas y adolescentes u otro tipo de términos. En cuando a la
violencia hacia las mujeres se propone agregar la obligación de aplicar y
valorar con perspectiva de género. “Sugerimos regular el modelo de apoyos para
personas con discapacidad”.
Dulce María Mejía Cortés, directora general de
representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF
de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
mencionó que para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
garantice el interés superior de la niñez y adolescencia se deben crear
juzgados especializados, capacitar a los funcionarios y mejorar las normas en
materia sustantiva y procesal.
Edgar Caballero González, director del Centro de Estudios en
Derecho Comparado y Procesal Constitucional, propuso que se diseñe un código
convencionalizado, donde se respeten los tratados internacionales y que los
jueces de primera línea se dediquen no a decidir reglas procesales, sino a
proteger derechos inmersos dentro de estos procesos, lo cual elevaría la
calidad de argumentos de la abogacía.
Carlos Ríos Espinosa, investigador senior de la organización
internacional Human Rights Watch, expresó que el Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares tiene que alcanzar los efectos de hacer una
jurisdicción voluntaria, pero solamente en supuestos específicos, tales como
atender a las directivas e incluir el término de ajustes de procedimientos en
temas que se refieren a las disposiciones generales.
Mesa 2: Justicia digital
Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos
Jurídicos de la Cámara de Diputados, expuso que la justicia digital debe ser
utilizada de forma permanente, porque da accesibilidad a quienes se encuentran
en regiones remotas; por ello, planteó diseñar procedimientos judiciales,
mediación, diligencia y ejecución de exhortos mediante una plataforma digital
de los poderes judiciales, a fin de hacer procedimientos más ágiles y menos
burocráticos.
En tanto, el juez de Control y Enjuiciamiento de Durango,
Manuel Valadez Díaz, apuntó que esta reforma es una oportunidad de hacer una
legislación de última generación, útil para los juzgadores, abogados y muy
cercana a la sociedad. Indicó que la justicia digital en este nuevo Código debe
tener la característica de la oralidad y que los poderes judiciales del país
cuenten con una plataforma tecnológica suficiente.
Jesús Eliseo Morales Romero, integrante de la Barra Mexicana
de Abogados de Sonora, habló sobre los retos y alcances de las nuevas
tecnologías al servicio de los justiciables. Mencionó que los principios sobre
los que se regirá la digitalización son: la equivalencia funcional, la no
discriminación, integridad, voluntariedad, respeto a los derechos humanos y la
opcionalidad, pero no hay que perder de vista que el órgano legislativo tome
como una fuente real del derecho los precedentes de la Corte.
Miriam Silva Mata, postulante en las materias civil,
mercantil, familiar y constitucional, consideró que el Código tiene que
homologar todas las situaciones y costumbres de cada. Afirmó que en un sistema
de justicia digital se necesitan servidores y los operadores judiciales no son
operadores en sistemas. Puntualizó que se deben impartir cursos de
capacitación. “El Código debe tener temas que realmente sirvan a la justicia
cotidiana y apostar a la conciliación. Necesitamos presupuesto para cada
entidad a fin de que esto realmente funcione”.
Mesa 3: Justicia preventiva
La presidenta de la Barra de Abogadas “María Sandoval
Zarco”, Maritza Harlene Arriaga Nava, indicó que las medidas cautelares
contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deben
ser con perspectiva de género, de justicia para la infancia y de derechos
humanos. Consideró importante entender que no todo puede ser aplicable a las
ciudades fronterizas, ya que estas requieren un enfoque binacional.
Gustavo González Fuentes, presidente del Colegio de Notarios
de Nuevo León, consideró que se deben unificar criterios en el tema de
igualdad, definir la naturaleza de los procedimientos judiciales, establecer la
interrupción en la prescripción y la caducidad, y reconocer la figura del
mediador-conciliador como agente auxiliar del Poder Judicial.
A este foro también asistió la diputada de MORENA,
Evangelina Moreno Guerra; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López; el
Fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez y el secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Fernando Sánchez
González.
La subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Baja
California, Melba Adriana Olvera Rodríguez se congratuló porque en el foro se
puso enfrente a los grupos de atención que deben ser prioritarios. Felicitó a
los legisladores por este trabajo.
Conclusiones
Durante este foro los participantes resaltaron la
importancia de incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares los términos o “grupos de atención prioritaria”, “niñas, niños y
adolescentes”; establecer plazos improrrogables en el dictado de las
resoluciones y sentencias. De otra manera la justicia seguirá siendo una
aspiración, y no una realidad.
Tomar en cuenta la interpretación que han realizado la
Comisión y la Corte Interamericana, así como los diversos Comités de la ONU;
que los jueces estén obligados a ejercer control de convencionalidad. Sería
conveniente establecer en el Código que, al dictarse sentencia, se precise si
se realizó, o no, control de convencionalidad.
Además, plantearon que el Código impulse la oralidad para
transferir la justicia de papel a la digital y que, en cuanto a las medidas
cautelares, cuando esté involucrada alguna persona de los “grupos de atención
prioritaria”, no deberá ser necesario que exista petición de parte y estas
consideren la perspectiva de género y la perspectiva de la niñez y
adolescencia.
