Chihuahua: tras dos décadas de feminicidios, Gobierno Federal sigue ocultando cifras

Carlos Bauer . El día de ayer, lunes 24 de marzo, se publicó una investigación en la que se da cuenta de dos hechos que ponen en entredicho los presuntos avances en materia de seguridad. Según el reportaje, en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto ha aumentado en 130 por ciento el número de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua, y ninguna de esas desapariciones está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La cifra se basa en datos de la Fiscalía Estatal de Justicia de Chihuahua, según los cuales en 2012, el último año del gobierno de Felipe Calderón, ocurrieron 13 desapariciones de niñas, adolescentes o mujeres adultas, mientras que en 2013 se presentaron 30 casos y sólo en menos de tres meses de 2014 ya se han registrado 9 desapariciones más. Esto significa un total de 52 desapariciones en poco más de dos años, 75 por ciento de las cuales ha ocurrido en el presente sexenio. Sin embargo, los reportes del Gobierno Federal no registran ninguna mujer desaparecida en Chihuahua desde octubre de 2011, pese a que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas fue establecido por este mismo gobierno. *** En Chihuahua la violencia parece un mal endémico desde que hace ya más de dos décadas comenzaran los episodios que serían conocidos internacionalmente como el caso de “Las Muertas de Juárez”: asesinatos sistemáticos de mujeres que eran halladas en lotes baldíos con señales de violación tumultuaria, tortura, estrangulación e incluso mutilaciones. Con el aumento generalizado de la violencia durante la “Guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, a sólo diez días de iniciado su gobierno, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez dejaron de ser impactantes en la opinión pública para pasar a sumarse a la lista de atrocidades que acabaron por convertirse en parte de la cotidianeidad. Sin embargo, hace dos décadas el país se estremeció cuando se documentó el primer caso de una mujer desaparecida y luego hallada asesinada en Ciudad Juárez. El 23 de enero de 1993 fue encontrado el cuerpo de Alma Mireya Chavarría Fávila (o Farel, según algunos medios), una niña de 13 años que fue violada y asesinada a puñaladas. A partir de entonces, se sucederían los hallazgos de mujeres asesinadas sin que las autoridades municipales, estatales o federales asumieran responsabilidad sobre los feminicidios. Para el año 2001 ya había 264 víctimas, y 379 en 2005, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2013, el gobierno de Chihuahua entregó a la Cámara de Diputados un informe sobre feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres entre 2008 y los primeros meses de 2013. No incluía datos sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez ha estado marcado por la negligencia extrema de todas las autoridades, por las características de las mujeres asesinadas –jóvenes, pobres y de tez morena, muchas de ellas empleadas en las maquiladoras que llegaron a Juárez a inicios de los noventa– y por el siniestro silencio que rodea a la violencia: los periodistas que han investigado lo que sucede se topan rápidamente con advertencias de que se enfrentan a gente poderosa. En su libro Harvest of women, la periodista Diana Washington narra una plática con una amiga que investigaba los feminicidios, a quien “después de consultar con sus fuentes, alguien de la Procuraduría General de la República le avisó de manera amigable que el asunto de Juárez se trataba de gente protegida, y que si ella persistía no había nadie en México que la podría proteger”. 1993, el año en que comenzaron los asesinatos, coincide con el del afianzamiento de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, como líder del cártel de Juárez. Ésa ha sido una de las líneas para explicar la impunidad absoluta que reina en estos asesinatos. Pero en 2003, cuando Carrillo llevaba ya 6 años muerto, la situación persistía. Ese año la FBI entregó a la fiscalía estatal de Chihuahua información sobre lugares y personas que podían estar involucrados en los feminicidios, pero la fiscalía no entrevistó a las personas mencionadas en ese informe. Por este cúmulo de anomalías y negligencias en la investigación sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado mexicano responsable de la violación, en razón de garantía, de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Este caso, conocido como del “Campo Algodonero”, estableció la responsabilidad del Estado en la violación a los derechos humanos de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados el 6 de noviembre de 2001. Las tres presentaban signos de violación sexual y tortura. Luego de ser violadas, fueron golpeadas y asesinadas por estrangulación. Sus cuerpos fueron abandonados en un campo algodonero sin ropa, con las manos atadas por la espalda, y con las piernas abiertas. A raíz de la demanda presentada por este caso ante la CIDH, ésta sentenció que “desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, […] cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”. Quizá la desidia oficial ante estos episodios que, ahora lo vemos, fueron una advertencia sobre la descomposición social que acabaría arrasando México, pueda resumirse en una declaración de Francisco Barrio, el panista que gobernaba Chihuahua cuando comenzaron a aparecer las mujeres brutalmente asesinadas: “las muchachas se mueven en ciertos lugares, frecuentan a cierto tipo de gente y entran en una cierta confianza con malvivientes que luego se convierten en sus agresores”.