Videgaray recomienda impulsar inversión carretera y después privatizar

Raúl Linares El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció la obligación del Estado mexicano para seguir invirtiendo en infraestructura pública, como en carreteras, hospitales o escuelas; sin embargo, señaló que una vez que se haya cumplido con esas “obligaciones”, éstas pueden ya formar parte de las Asociaciones Público-Privadas que hagan “eficientes” sus rendimientos y no carguen más “peso fiscal” al gobierno.

Durante la presentación del libro Economía de las asociaciones público-privadas (APP). Una guía básica, Videgaray afirmó que no todo puede solucionarse mediante un esquema privatizador, sino que es necesario primero invertir dinero público y después trasladarlo a dicho esquema. De lo contrario, según el secretario de Hacienda, “se corre el riesgo de que si se sigue esta política para incentivar la generación de más infraestructura, y no obstante, si fracasan, se traslade su costo a la sociedad mexicana”. “Típicamente pensamos que las APPs deben ser estos contratos ya acabados donde el particular lo hace todo, pero vale la pena separar, en muchos casos, la operación de la construcción. A veces conviene más que la construcción la trabaje el gobierno y que después, la prestación del servicio y el mantenimiento carretero, lo haga el sector privado”, mencionó. De acuerdo a datos presentados por el propio autor del libro, el chileno Eduardo M. Engel, México es el tercer país de América Latina con el mayor número de concesiones carreteras, mediante el esquema de las Asociaciones Público-Privadas, sólo por debajo de países como Chile y Brasil, con un 25 por ciento de sus caminos y puentes federales concesionados. Al respecto, Videgaray aseguró que la “experiencia nos ha dicho” que la entrega de licitaciones públicas para APPs, no siempre genera posibilidades de éxito económico, que es “un esquema que tiene que irse perfeccionando” y que debe de darse prioridad a la inversión pública por parte del Estado, pues sus contratos se extienden en el tiempo y a menudo son irreversibles. “Es importante señalar: los gobiernos generalmente piensan que la mayor parte de las inversiones deben de recaer en obras nuevas, sin embargo, dejan de lado las que ya existen, y hay casos en las que su mantenimiento y corrección tienen altos muy costosos. En el caso de éstas últimas, yo creo que son las que pueden transferirse a APPs”, dijo. Pese a la recomendación, cabe señalar que, el pasado 12 de febrero, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto ya prepara 25 proyectos de comunicación, que se licitarían en este modelo; de llevarse a cabo, señaló Carlos Bussey, director general de Desarrollo Carretero de la dependencia, contribuirán en buena medida para que el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de la construcción crezca en 2014 a 3.5 por ciento, luego de que el año pasado sufriera una importante caída. Por último, el encargado de las finanzas públicas mexicanas expresó la “necesidad” de que a dichas obras también se les generen Seguros de Riesgo Político, ante posibles expropiaciones o cambios en la orientación política de gobierno; ante lo cual, ya cabildea con el Banco Mundial (BM) el diseño de este tipo de candados para la protección de inversiones privadas. ¿Consecuencias de las APPs? Con relación a las APPs, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, sostiene que existen grandes similitudes entre lo que en el pasado fue el Fobaproa y, actualmente, este modelo de coinversiones entre las empresas privadas y el gobierno mexicano. “Las asociaciones público-privadas son lo peor de los dos mundos: lo público y lo privado, porque es una suerte de legalización de las deudas públicas. Los legisladores, como tuvieron tanto problema en aprobar el Fobaproa –que es el epítome de la corrupción en nuestro país–, ya no quieren volver a sujetarse a esos trámites político-legales, que son la aprobación de la deuda pública para el rescate de los bancos por parte del Congreso. “Y entonces lo que hacen es signar un contrato público-privado del cual, quien pone el capital y los gastos, es el pueblo; pero quien se beneficia con los dividendos públicos, son privados, como los bancos en nuestro país”, explicó Sandoval. El país, por si fuera poco, tiene una de las tarifas carreteras más caras del mundo, aún arriba de EE.UU., Francia, España o Australia, acorde con un informe interno de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, publicado por el periódico El Universal. Los concesionarios de autopistas en nuestro país, detalla el documento, cobran el doble de las tarifas que establece el Gobierno Federal, lo que les permite obtener ganancias superiores a 15 mil millones de pesos.