Continúa el misterio de la masacre en Coahuila

Redacción Revolución - @revolucion3_0

(5 de agosto, 2014).- En enero pasado, durante cerca de 20 días, un grupo de agentes estatales y federales, se adentraron en las semidesérticas demarcaciones de Allende, Nava, Acuña y Piedras Negras, con el propósito de encontrar los cadáveres de quienes fueron víctimas de la masacre más fuerte de los últimos años. Como parte de la primera acción concreta para dar con las más de 300 víctimas, los cerca de 250 elementos de seguridad se dieron a la tarea de buscar a todas esas familias que de una momento a otro fueron desaparecidas y dejaron sus hogares a merced del crimen. El caso fue tomado por todos los medios, quienes difundieron el hallazgo de las narcofosas y barriles que supuestamente habían utilizado para disolver los cuerpos de las víctimas. La administración estatal por su parte, informó que 100 de las personas desaparecidas, eran víctimas de los presos del Penal de piedras negras y que los restos fueron incinerados dentro. Sin embargo, el gobierno omitió explicar por qué se tardaron más de tres años en iniciar una investigación, y cómo fue posible que sicarios de Los Zetas –a quienes atribuyeron el horror- se pasaran semanas o meses asesinando gente sin obstáculo alguno. Expertos señalan que cualquier intento de señalar complicidad de las autoridades en un caso, pasa a segundo término cuando un grupo criminal puede ser acusado, tal como sucedió en Coahuila. Empero, según grupos defensores de los derechos humanos, han apuntado a la red de corrupción e impunidad que torno a poder político, como los responsables. Lo ocurrido en Coahuila, es el reflejo más crudo de lo que en todo México comenzó a suceder en 2006, luego de que Calderón le declarara la guerra al narco. Pues para 2013, a pesar de ser otra administración, el número de desaparecidos siguió en aumentó y se contabilizaron más de 26 mil 121. Cálculos de organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos, indican que a pesar de lo escandalosa de la cifra, únicamente contempla el 10 por ciento del total real que es de aproximadamente 200 mil, esto debido a que muchas personas se abstienen de levantar una denuncia. Aunado a ello, mientras la masacre se gestaba en el estado norteño, sus vecinos Tamaulipas y Nuevo León eran igualmente zonas de riesgo. De tal forma que mientras en Coahuila desaparecieron mil 835 habitantes entre diciembre de 2006 y abril de 2012, en Monterrey la ONG Apoyo de los Derechos Humanos documentó mil 195 casos. Paralelo a la matanza masiva que se registró en Coahuila, en marzo de 2011 una comitiva del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias arribó a Allende como parte de una misión. Al final de la misma, elaboraron un informe donde censuraban a la administración de Peña Nieto por su incapacidad para investigar, ubicar a los desaparecidos y sancionar a los culpables. No conformes, criticaron lo que llamaron un “patrón crónico de impunidad”, en torno a las desapariciones forzadas que de manera directa o indirecta han ejecutado agentes del Estado. Actualmente, a tres años de la masacre, la operación de búsqueda es todo un misterio, pues además de evidenciar fallas en la ejecución, falta de capacitación para una acción de ese tamaño, sigue sin saberse que elementos propiciaron su autorización.