Legisladoras y legisladores propusieron ampliar cobertura de
juzgados, accesibilidad para personas indígenas y discapacitados e incluir
lenguaje no sexista.
Esta ley no ha sido actualizada en los últimos 30 años:
Ricardo Sodi.
Diputadas y diputados locales mexiquenses analizaron la
iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que dijeron
fortalece la lucha contra la corrupción y el servicio civil de carrera, y se
pronunciaron por ampliar sus servicios en la zona norte, mayor accesibilidad
para personas con discapacidad y servicios de traducción para indígenas,
incorporar el lenguaje incluyente y el principio de paridad en la conformación
de los órganos jurisdiccionales, emitir opiniones respecto de la
constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, así como eliminar
el haber de retiro, entre otras.
Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política,
diputado Maurilio Hernández González (MORENA); de los vicepresidentes,
diputados Elías Rescala Jiménez (PRI) y Enrique Vargas del Villar (PAN); del
secretario, Omar Ortega Álvarez (PRD); y de las vocalías, legisladores Sergio
García Sosa (PT), María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y Rigoberto Vargas
Cervantes (NA), el titular del Poder Judicial expuso que la norma vigente no ha
sido actualizada en 30 años, por lo que ya no corresponde a la realidad actual.
En reunión de las Comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, presidida por
el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), el legislador Faustino de la Cruz Pérez
(MORENA) expuso el comunicado sobre la propuesta de reforma al artículo 16 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por la diputada Trinidad Franco
Arpero (PT) para establecer la paridad de género en la selección de quienes
encabezan las magistraturas y los juzgados, pues el equilibrio entre géneros
dará mayores garantías en la impartición de la justicia, que se suma al
análisis.
El diputado Enrique Jacob reconoció el espíritu modernizador
del Poder Judicial, que se refleja en la iniciativa del magistrado Ricardo Sodi
y destacó los planteamientos en materia de justicia electrónica, a fin de
llevar a cabo en línea procedimientos para eliminar costos, brindar certidumbre
y confianza al usuario y cerrando el paso a prácticas deshonestas.
En su momento, el coordinador de los diputados priistas,
diputado Elías Rescala Jiménez, apuntó que se trata de una ley vanguardista,
que toca temas importantes, como la Sala Indígena, y la Visitaduría General,
que fortalece al Poder Judicial y lo hace sólido en la lucha contra la
corrupción, mientras que la coordinadora legislativa del PVEM, diputada María
Luisa Mendoza Mondragón, aplaudió el servicio civil de carrera, pero señaló la
ausencia de juzgados y de instancias de conciliación en la zona norte de la
entidad.
El coordinador legislativo del PT, diputado Sergio García
Sosa, pidió más acciones en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad y que los documentos sobre asuntos de los pueblos indígenas se
traduzcan a sus lenguas, en tanto que el diputado Rigoberto Vargas, coordinador
del grupo parlamentario de Nueva Alianza, expresó su disposición de abonar y
apoyar la nueva ley del PJEM,
El diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) destacó que se
plantee como atribución de la Sala Constitucional emitir opiniones respecto de
la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, y el legislador
Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA) propuso que no se omita la restricción de
que un magistrado retirado, al incorporarse a otro cargo en el servicio
público, deje de recibir el haber de retiro y que no se eliminen ciertos
requisitos para ser perito.
El diputado Jesús Izquierdo Rojas (PRI) dijo que la
iniciativa fortalecerá el andamiaje normativo del Poder Judicial, mientras la
legisladora Isabel Sánchez Holguín (PRI) sugirió incluir lenguaje incluyente,
no sexista y no discriminatorio y que se incorpore el principio de paridad en
la conformación de los tribunales y salas colegiados, la Sala de Asuntos
Indígenas, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
La diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) celebró que grupos
vulnerados por muchos años hoy estén en el centro del Poder judicial con
iniciativas de vanguardia y recalcó que con esta ley se hace justicia a una
deuda histórica con las mujeres y la sociedad, y la diputada Ingrid
Schemelensky Castro (PAN) consideró importante que las y los trabajadores
tengan la perspectiva del interés superior de la niñez.
En su momento, el magistrado Sodi Cuellar destacó la
propuesta para integrar una Sala de Asuntos Indígenas, donde los asuntos se
analizarán con perspectiva pluriétnica y pluricultural; el establecimiento de
un sistema de jurisprudencia por precedentes, que unifique criterios para
ofrecer certeza jurídica; el fortalecimiento el servicio de carrera con
exámenes y procedimientos confiables y sin corrupción, y la creación de
juzgados de competencia mixta.
Subrayó el fortalecimiento de la justicia electrónica, la creación de una Visitaduría General que tenga como función la revisión de los aspectos jurisdiccionales para evitar corrupción en la impartición de justicia, y la apertura de espacios de participación ciudadana.
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