Maurilio Hernández resalta el trabajo del Congreso mexiquense en extraordinario

• El Diputado Maurilio Hernández, Presidente de la Directiva, resaltó el trabajo del Congreso mexiquense durante el cuarto periodo extraordinario de sesiones.

• Subrayó la aprobación de cuatro dictámenes que conjuntaron 37 iniciativas en materia judicial, de salud, bienestar social y educación.

• Llamó a integrantes de todas las bancadas a seguir esforzándose para priorizar el interés general y construir juntos los consensos necesarios, útiles y eficaces.

El Diputado Maurilio Hernández González (MORENA), Presidente de la Directiva, afirmó que el Congreso mexiquense sigue trabajando y actuando sin pausa, conforme a su mandato representativo, como lo demostró su cuarto periodo extraordinario de sesiones, en el que se aprobaron cuatro dictámenes que conjuntaron 37 iniciativas.

Al clausurar el periodo, el legislador destacó la aprobación para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y donar 30 inmuebles a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), así como las reformas constitucionales para dar certeza a programas y políticas de bienestar social.

En este sentido, subrayó que se respetaron las posiciones ideológicas y políticas de todos los grupos parlamentarios, a cuyos integrantes llamó a seguir esforzándose para priorizar el interés general y construir juntos consensos necesarios, útiles y eficaces que permitan alcanzar los mejores acuerdos.

Añadió que la Diputación Permanente integró una agenda consensuada en la Junta de Coordinación Política, presidida por el legislador José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), y apegada a la realidad social, considerando asuntos de evidente beneficio social, así como de estricto cumplimiento de la Constitución del Estado de México.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, señaló que permitirá dar seguimiento a la reforma constitucional a partir de la iniciativa presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT: los Diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, respectivamente.

Respecto a las reformas constitucionales, resaltó que las aportaciones de las bancadas de MORENA, PRI, MC y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez permitieron incorporar disposiciones para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, y dar certeza constitucional a programas y políticas de bienestar social, como derechos de carácter progresivo, incluyendo pensiones no contributivas, vivienda digna para las juventudes, e incentivos a personas dedicadas a actividades del campo y agropecuarias.

Añadió que se avalaron dictámenes de 30 iniciativas de gran beneficio social para autorizar la desincorporación del mismo número de inmuebles del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), para donarlos al IMSS-Bienestar en 23 municipios. Además, que se reconoció a 36 docentes con el Pergamino y la Medalla al Reconocimiento Docente 2025, por su labor educativa y compromiso social, mediante acciones que enaltecen la formación del alumnado.

Debaten en el Congreso local sobre nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

• Congresistas iniciaron el análisis de la propuesta de los parlamentarios Francisco Vázquez, José Alberto Couttolenc y Oscar González, coordinadores de las bancadas de MORENA, PVEM y PT.

• Por MORENA, Carlos Martínez Zurita y Martha Camacho coincidieron en que ayudará a consolidar la reestructura del Poder Judicial.

• Del PVEM, Itzel Pérez y Miriam Silva reconocieron que la iniciativa es perfectible y se pronunciaron por un sistema judicial imparcial.

• Mientras que Ana Yurixi Leyva (PT), Eduardo Zarzosa y Ruth Salinas solicitaron mayor tiempo de estudio para la iniciativa.  

Al analizar la iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, congresistas de MORENA resaltaron que la reestructuración de esta institución responde a un mandato constitucional y de voto popular, y que es necesaria la confianza al sistema judicial; por el PVEM expresaron que, ante la ley, no debe haber privilegios; por parte del PT solicitaron mayor tiempo de estudio; por el PRI demandaron respeto a la deliberación democrática, y de MC lamentaron que la iniciativa se generara desde el oficialismo.

En reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA) y la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA) coincidieron en que esta propuesta ayudará a consolidar la reestructura del Poder Judicial, de cara al inicio de una nueva etapa a partir del 5 de septiembre, cuando rendirán protesta sus nuevos integrantes, emanados de una elección popular inédita celebrada en junio pasado.

Al presidir la reunión, el Legislador Carlos Antonio Martínez Zurita destacó que la propuesta presentada por los parlamentarios José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, coordinadores de las bancadas de MORENA, PVEM y PT, se enriquecerá con la participación de los siete grupos parlamentarios. Subrayó que es una responsabilidad compartida de todas y todos los legisladores la expedición de esta nueva norma.

En este sentido, la Legisladora Martha Azucena subrayó que la confianza en el sistema judicial es un pilar esencial para el estado de derecho, pues aseguró que sin confianza no hay justicia, y sin justicia no hay paz, por lo que solicitó avanzar en la reestructuración de esta institución.

Por la bancada del PVEM, la Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa se pronunció por un sistema judicial imparcial, que no se incline por intereses económicos, políticos o de poder, sino que se sostenga en principios de equidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. En tanto, la parlamentaria Miriam Silva Mata reconoció que la propuesta es perfectible, por lo cual sugirió trabajar en algunos puntos, como la rotación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Para la Congresista Ana Yurixi Leyva Piñón, la iniciativa requiere de un mayor tiempo de análisis. Señaló que su construcción debe fundamentarse en la imparcialidad, la especialización, la certeza y la transparencia de los órganos encargados de procurar justicia, así como en la confianza ciudadana.

En nombre de la bancada del PRI, el Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez demandó garantizar el principio de deliberación democrática, respetar las reglas constitucionales del proceso legislativo y que no se anule el derecho de los grupos parlamentarios a participar equitativa y significativamente.

Finalmente, la Diputada Ruth Salinas Reyes (MC), acusó que se busca que la propuesta se apruebe vía rápida y reprochó que haya sido construida desde el oficialismo, por una mayoría que quiere un “sistema judicial a modo”.

Entre sus puntos principales, la propuesta plantea la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como actualizar el régimen de responsabilidad administrativa y las conductas que constituyen infracciones por parte de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, en particular de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como los requisitos y supuestos para licencias y ausencias.

Avanza en comisiones del Senado reforma para extinguir fideicomisos del Poder Judicial

▪ El dictamen reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron el proyecto de decreto para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 

Por mayoría, las y los integrantes de los órganos legislativos, que presiden los Senadores Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, refirió que una importante cantidad de los montos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no se invierten, por lo que se debería identificar cómo aprovechar esos recursos para mejorar el sistema de impartición de justicia.

Rechazó mantener lo que calificó como “privilegios” y “excesos económicos” de la alta burocracia de ese Poder del Estado; no obstante, precisó que las aportaciones voluntarias de los trabajadores a los fideicomisos están garantizadas por la Constitución Política, protección que va de la mano con compromisos internacionales que México ha adquirido.

Gustavo Enrique Madero Muñoz, Senador del Grupo Plural, coincidió en que no se analizó a fondo el asunto ni se siguió el debido proceso, ante lo cual pidió a los integrantes de ambas comisiones que no se insista en precipitar la dictaminación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas asentó que el Senado debe escuchar todas las voces en la dictaminación de temas trascendentales. También, la legisladora consideró que los fideicomisos fueron creados lícitamente, para objetivos específicos y se han operado con transparencia.

En la reunión de las comisiones, Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, cuestionó a los legisladores si la decisión de eliminar los fideicomisos es “política o técnica”, ya que se afectaría la creación de plazas laborales para atender nuevos centros de justicia y éstos quedarían como “elefantes blancos”, además de que se haría redoblar esfuerzos a los trabajadores en activo.

Advirtió que, por tanto, a quien más afectaría la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sería a la base laboral. Además, enfatizó que asegurar a este órgano un presupuesto suficiente aportaría a la división de Poderes del Estado y al contrapeso para “contrarrestar el poder absoluto”.

Adelanta Ana Lilia Rivera que la próxima semana Pleno abordará extinción de 13 fideicomisos del PJF

• Esta semana podría aprobarse en comisiones y el martes, 24 de octubre, se le dará trámite de primera lectura, detalla la senadora.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que el proyecto de decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial se someterá al Pleno la próxima semana.

En entrevista, la senadora del Grupo Parlamentario de MORENA puntualizó que la propuesta ya fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Segunda.

Por ello, explicó que mañana se reunirán las y los senadores que integran dichas comisiones, con el fin de darle el trámite legislativo correspondiente al proyecto, por lo que confió en que la próxima semana esté en manos de la Mesa Directiva.

Posteriormente, puntualizó la Senadora Ana Lilia Rivera, se le dará primera lectura el próximo martes 24 de octubre, en donde los Grupos Parlamentarios definirán la ruta a seguir en el Pleno de la Cámara.

Cabe recordar que la propuesta reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que “en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. 

Además, los recursos, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

Propone JUCOPO ajustar sistema de responsabilidades del Poder Judicial

 

Proponen que familias se hagan cargo de menores víctimas indirectas de feminicidio.

Piden ampliar acciones para la prevención del acoso escolar

Buscan que la lactancia sea reconocida como un derecho humano.

El Congreso local recibió iniciativas para incluir recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sistema de responsabilidades del personal del Poder Judicial, para establecer quién cuidará de un menor en el supuesto de que el padre sea condenado por feminicidio contra la madre, para darle rango constitucional a la lactancia y para ampliar las acciones preventivas de acoso escolar.

Entre otros temas, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por la Junta de Coordinación Política busca establecer la noción de la calidad de servidor público y su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses; así como incorporar la premisa de que las sanciones administrativas a las y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Proponen que familias se hagan cargo de menores víctimas indirectas de feminicidio

Las reformas al Código Civil del Estado de México plantean que pierda la patria potestad el hombre que ejecute el delito doloso grave en contra de su esposa o concubina, por lo que sus hijas o hijos deberán ser resguardados únicamente por su madre, y a falta de esta, por su familia; o que, cuando no se pueda cumplir la determinación, que sea una persona juzgadora de lo familiar quien determine quién cuidará del o la menor. La propuesta será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Familia y Desarrollo Humano.

Proponen que la lactancia sea reconocida como derecho humano

Durante la sesión también se recibió la propuesta para dar rango constitucional en el Estado de México a la lactancia materna y reconocerla como un derecho humano, considerando el interés superior de la niña y niño, así como la libre autodeterminación de la mujer respecto a su cuerpo y establecer que la legislación secundaria deberá garantizar su ejercicio pleno.

La iniciativa, que estudiarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, establece que la lactancia materna forme parte integral del derecho a la alimentación y la nutrición y constituya un derecho a la niñez al ser un medio idóneo que le asegura una adecuada nutrición, que favorece su crecimiento, desarrollo físico, cognitivo y emocional, así como que a ninguna mujer deba impedírsele el ejercicio de este derecho, por ninguna causa.

Buscan ampliar medidas preventivas contra el acoso escolar

Para brindar mayores herramientas a docentes para atender el tema de acoso escolar y bullying, se formularon reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar, todas de carácter estatal, que analizarán las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y de la Primera Infancia.

Con esta propuesta se busca que la Secretaría de Educación coordine campañas para prevenir y atacar el alcoholismo, el acoso y la violencia escolar; establecer, promover y fomentar los planes y programas educativos, material didáctico y libros de texto locales en educación psicoemocional y políticas para prevenir acoso y violencia escolar; así como que autoridades escolares y directivos velen por espacios libres de toda forma de acoso y violencia escolar, resguardando la integridad física y psicológica de la comunidad escolar.

Prevén consulta a pueblos originarios en nueva Ley Orgánica del PJEM

*Legislativo y Judicial acuerdan mesas de trabajo para evaluar modificaciones y perfilar un dictamen.
*Diputadas y diputados proponen ampliar su análisis y privilegiar el lenguaje inclusivo.

Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia del Congreso local acordaron con representantes del Poder Judicial la realización de mesas técnicas de trabajo para evaluar las propuestas y modificaciones al proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual prevé una consulta con los pueblos originarios sobre la creación de una Sala Indígena.

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), presidente de las Comisiones Unidas, indicó que, en respuesta a las dudas de las y los legisladores, el próximo jueves se realizarán mesas de trabajo con la representación del Poder Judicial para profundizar en los temas, programar una nueva reunión de comisiones y estar en condiciones de emitir un dictamen.

Durante la reunión, el diputado Max Agustín Correa Hernández (MORENA) afirmó que se trata de una reforma de gran calado del sistema judicial estatal, por lo cual, propuso ampliar su análisis en Parlamento Abierto que incluya barras de abogadas y abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos a fin de que cuente con mayor respaldo social, propuesta que será sometida a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Isabel Sánchez Holguín, insistió en que el lenguaje empleado en la nueva ley sea inclusivo en aras de garantizar la igualdad de género y privilegiar en todo momento la capacidad, actitud y aptitud de todas las personas sin discriminación alguna, pues de otra forma, dijo, se invisibiliza a las mujeres que laboran el Poder Judicial y se pone en riesgo la transversalización de la perspectiva de género, por lo que llamó a no utilizar terminología con sentido neutro masculino, pues representa una visión androcentrista que propicia el borrado de las mujeres.

También propuso realizar mesas de trabajo para analizar este tema y mantener en el proyecto el artículo 3 que hacía referencia a la composición multiculturalidad y pluriétnica de la entidad para garantizar el derecho a la justicia de las etnias. Por su parte, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA) propuso mesas de trabajo para ampliar el análisis de la nueva propuesta, trabajarlo con seriedad pues no hay prisa para aprobar y emitir un dictamen que podría parecer a modo, además de que llamó a realizar mesas de trabajo para elaborar un documento lo más consensuado posible, además de pronunciarse por darle prioridad a los derechos de las personas indígenas.

Las diputadas Ingrid Schemelensky Castro (PAN) y Paola Jiménez Hernández (PRI) se pronunciaron por la realización de la consulta con pueblos originarios y por avanzar en la construcción de una legislación que represente el interés de las y los mexiquenses.

En su momento, Maximiliano Alexander Rábago, coordinador general de Relaciones Intergubernamentales del Poder Judicial del Estado de México, explicó que el documento ya incluye observaciones de las y los diputados, como una propuesta conjunta de los poderes Legislativo y Judicial.

Dijo que el Poder Judicial está a favor de revisar la redacción con lenguaje inclusivo y de realizar mesas técnicas para perfeccionar la propuesta; que ya se incluyó un artículo transitorio que establece la realización de una consulta con pueblos originarios sobre la creación de la Sala Indígena, señalada en tratados internacionales y jurisprudencia interamericana y nacional y que de no llevarse a cabo pondría en riesgo el documento íntegro, e indicó que también incluye actualizaciones jurídicas en materia de amnistía, juzgados itinerantes, paridad de género, actualizaciones de normatividad interna ante diversas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Analiza Congreso local modernización de la ley orgánica del PJEM

Legisladoras y legisladores propusieron ampliar cobertura de juzgados, accesibilidad para personas indígenas y discapacitados e incluir lenguaje no sexista.
Esta ley no ha sido actualizada en los últimos 30 años: Ricardo Sodi.

Diputadas y diputados locales mexiquenses analizaron la iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que dijeron fortalece la lucha contra la corrupción y el servicio civil de carrera, y se pronunciaron por ampliar sus servicios en la zona norte, mayor accesibilidad para personas con discapacidad y servicios de traducción para indígenas, incorporar el lenguaje incluyente y el principio de paridad en la conformación de los órganos jurisdiccionales, emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, así como eliminar el haber de retiro, entre otras.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Maurilio Hernández González (MORENA); de los vicepresidentes, diputados Elías Rescala Jiménez (PRI) y Enrique Vargas del Villar (PAN); del secretario, Omar Ortega Álvarez (PRD); y de las vocalías, legisladores Sergio García Sosa (PT), María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y Rigoberto Vargas Cervantes (NA), el titular del Poder Judicial expuso que la norma vigente no ha sido actualizada en 30 años, por lo que ya no corresponde a la realidad actual.

En reunión de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), el legislador Faustino de la Cruz Pérez (MORENA) expuso el comunicado sobre la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) para establecer la paridad de género en la selección de quienes encabezan las magistraturas y los juzgados, pues el equilibrio entre géneros dará mayores garantías en la impartición de la justicia, que se suma al análisis.

El diputado Enrique Jacob reconoció el espíritu modernizador del Poder Judicial, que se refleja en la iniciativa del magistrado Ricardo Sodi y destacó los planteamientos en materia de justicia electrónica, a fin de llevar a cabo en línea procedimientos para eliminar costos, brindar certidumbre y confianza al usuario y cerrando el paso a prácticas deshonestas.

En su momento, el coordinador de los diputados priistas, diputado Elías Rescala Jiménez, apuntó que se trata de una ley vanguardista, que toca temas importantes, como la Sala Indígena, y la Visitaduría General, que fortalece al Poder Judicial y lo hace sólido en la lucha contra la corrupción, mientras que la coordinadora legislativa del PVEM, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, aplaudió el servicio civil de carrera, pero señaló la ausencia de juzgados y de instancias de conciliación en la zona norte de la entidad.

El coordinador legislativo del PT, diputado Sergio García Sosa, pidió más acciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y que los documentos sobre asuntos de los pueblos indígenas se traduzcan a sus lenguas, en tanto que el diputado Rigoberto Vargas, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, expresó su disposición de abonar y apoyar la nueva ley del PJEM,

El diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) destacó que se plantee como atribución de la Sala Constitucional emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, y el legislador Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA) propuso que no se omita la restricción de que un magistrado retirado, al incorporarse a otro cargo en el servicio público, deje de recibir el haber de retiro y que no se eliminen ciertos requisitos para ser perito.

El diputado Jesús Izquierdo Rojas (PRI) dijo que la iniciativa fortalecerá el andamiaje normativo del Poder Judicial, mientras la legisladora Isabel Sánchez Holguín (PRI) sugirió incluir lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio y que se incorpore el principio de paridad en la conformación de los tribunales y salas colegiados, la Sala de Asuntos Indígenas, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura.

La diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) celebró que grupos vulnerados por muchos años hoy estén en el centro del Poder judicial con iniciativas de vanguardia y recalcó que con esta ley se hace justicia a una deuda histórica con las mujeres y la sociedad, y la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) consideró importante que las y los trabajadores tengan la perspectiva del interés superior de la niñez.

En su momento, el magistrado Sodi Cuellar destacó la propuesta para integrar una Sala de Asuntos Indígenas, donde los asuntos se analizarán con perspectiva pluriétnica y pluricultural; el establecimiento de un sistema de jurisprudencia por precedentes, que unifique criterios para ofrecer certeza jurídica; el fortalecimiento el servicio de carrera con exámenes y procedimientos confiables y sin corrupción, y la creación de juzgados de competencia mixta.

Subrayó el fortalecimiento de la justicia electrónica, la creación de una Visitaduría General que tenga como función la revisión de los aspectos jurisdiccionales para evitar corrupción en la impartición de justicia, y la apertura de espacios de participación ciudadana.