Toluca, Estado de México — El Diputado Octavio Martínez Vargas presentó este miércoles un recurso constitucional para iniciar un juicio político contra José Luis Cervantes, Fiscal General de Justicia del Estado de México, por presunta incapacidad e incumplimiento de sus funciones al frente de la dependencia.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, Martínez Vargas cuestionó la actuación de la Fiscalía en investigaciones clave y señaló presuntas irregularidades que, a su juicio, afectan la procuración de justicia en la entidad.
Casos y denuncias
Entre los puntos destacados, el legislador mencionó el robo de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), dinero que presuntamente fue sustraído desde el dispositivo de seguridad electrónica (token) del tribunal. La Fiscalía calificó el hecho como “hackeo”, pero Martínez Vargas lo considera un posible auto-robo.
También denunció un centro clandestino de vigilancia en Ecatepec, con más de 600 cámaras que registraban datos de ciudadanos, incluyendo menores de edad, sin que hasta ahora existan imputaciones.
En cuanto al programa de restitución de inmuebles despojados, de 7,000 propiedades sólo se han asegurado 500 y devuelto 50. Además, criticó la designación como Oficial Mayor de Rubén Durán Miranda, exfuncionario investigado por presunta evasión fiscal, encargado de manejar aproximadamente 7,000 millones de pesos anuales.
Otros temas señalados incluyeron la falta de acciones durante el décimo aniversario de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, la situación de seis dirigentes de la Central de Abasto de Toluca presos bajo acusaciones cuestionadas, y la presunta fabricación de delitos que afecta a unos 39,000 internos, cerca del 40 % de la población penitenciaria.
Finalmente, Martínez Vargas destacó la falta de avances en la investigación por los homicidios de “Fernandito” y “Dulce”, menores cuyo caso conmocionó al estado.
Contexto legislativo
José Luis Cervantes fue nombrado Fiscal en marzo de 2022, a propuesta del entonces gobernador Alfredo del Mazo, para un periodo de nueve años. Según Martínez Vargas, a tres años y medio de su gestión los resultados han sido insuficientes.
El diputado recordó que no es la primera vez que cuestiona al Fiscal por omisiones y falta de eficacia en investigaciones relevantes. Hizo un llamado a la Legislatura para evaluar la permanencia del titular de la Fiscalía. En caso de que el juicio político concluya con su destitución, la gobernadora tendría la facultad de enviar la terna para el nombramiento del nuevo titular.
