viernes, 24 de octubre de 2025
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Programas sociales para migrantes es un acto de justicia: congresistas
- Los Diputados Edmundo Luis Valdeña y Esteban Juárez, así como las congresistas María José Pérez y Yareli Anai Esparza respaldaron la iniciativa para que, como medidas de apoyo y protección a personas migrantes, se establezca su acceso a programas sociales de bienestar y salud de la entidad.
- Afirmaron que se trata de un acto de justicia y equidad que permitirá reconocer los derechos y la dignidad de las personas migrantes, al tiempo que fortalecerá la cohesión social, la integración y la inclusión.
Los Diputados Edmundo Luis Valdeña Bastida y Esteban Juárez Hernández, así como la Congresista María José Pérez Domínguez, todos de MORENA, y la Legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), respaldaron la iniciativa que busca garantizar, como medidas de apoyo y protección a las personas migrantes, su acceso a los programas sociales de bienestar y salud de la entidad, al considerar que se trata de un acto de justicia y equidad.
Durante la reunión de las comisiones de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes y de Desarrollo y Bienestar Social de la LXII Legislatura mexiquense, las y los legisladores coincidieron en que la propuesta del diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida contribuirá al reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas migrantes, así como al fortalecimiento de la cohesión social, la integración y la inclusión.
En este sentido, destacaron que la iniciativa para reformar la Ley de Apoyo a Migrantes estatal se encuentra en consonancia con las políticas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quienes reconocieron por su sentido humanista, congruente con los principios de la Cuarta Transformación.
El proponente recordó que, ante las políticas migratorias de Donald Trump Presidente de Estados Unidos, se han repatriado a 5 mil 209 mexiquenses, así como que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de México es la cuarta entidad con mayor expulsión de personas migrantes, con el 5.4 por ciento del total de nacionalidad mexicana en el extranjero, solo detrás de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
El parlamentario Esteban Juárez aseguró que el fenómeno migratorio no tiene fronteras, pero que el Estado de México debe ser ejemplo de la transformación, porque tiene como eje central el bienestar y la inclusión.
La congresista María José Pérez resaltó la importancia de que el Estado integre a las personas migrantes en la vida económica y social mediante los programas de bienestar, reconociendo así el valor de las remesas que envían. Además, subrayó el humanismo que caracteriza a la Cuarta Transformación.
Finalmente, la diputada Yareli Anai Esparza indicó que es momento de cerrar filas y mantener la unidad para que el Estado de México abrace a los connacionales.
Proponen en el Congreso mexiquense hasta 20 años de cárcel por comercializar maíz transgénico
El Diputado Gerardo Pliego (MORENA) planteó penalizar con hasta 8 años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y con hasta 20 años por su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento.
El legislador informó que esta iniciativa es resultado de un foro realizado en el Congreso mexiquense, en el que participaron activistas, personas campesinas y especialistas, así como de las aportaciones del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México.
A fin de proteger la producción del maíz nativo, el Diputado Gerardo Pliego Santana (MORENA) propuso penalizar con hasta 8 años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y con hasta 20 años por su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento.
Con la reforma al Código Penal estatal, se establecería que, a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, comercie, suministre, compre, reciba, resguarde, consienta o participe en las mencionadas actividades, se le aplicarán de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa, mientras que la siembra ameritaría de 2 a 8 años de cárcel, y de 30 a 150 días multa.
El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, así como de las obligaciones internacionales asumidas por México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.
Lo anterior, en virtud de que el maíz y otros cultivos tradicionales son símbolo de identidad, cultura y vida para los pueblos originarios, al tratarse de la base de su alimentación, economía y cosmovisión. La iniciativa advierte que, una vez alterada la estructura genética de una variedad tradicional, se pierde la riqueza adaptativa, nutricional y cultural que la distingue. A una escala mayor, ello puede provocar la erosión de la diversidad agrícola del país, afectando directamente la base de la soberanía alimentaria.
El legislador informó que esta iniciativa es resultado directo de un foro realizado el pasado 17 de julio en la sede del Congreso mexiquense con activistas, personas campesinas, científicas y especialistas, así como de las aportaciones del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México, cuyos integrantes asistieron a la sesión.
El documento añade que los cultivos transgénicos tienen un impacto en la salud humana, pues la evidencia científica señala alteraciones del sistema inmunológico, disfunciones hepáticas y renales en modelos animales, reacciones alérgicas y la creciente preocupación por el uso de herbicidas como el glifosato, clasificado como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” por la Organización Mundial de la Salud.
Por otro lado, refiere que este modelo de agricultura industrial promueve el uso intensivo de agroquímicos, deteriorando los suelos, contaminando mantos acuíferos y afectando gravemente a insectos polinizadores, además de que fomenta la concentración del control del sistema agroalimentario en manos de unas cuantas corporaciones, generando dependencia tecnológica, pérdida de autonomía de los pequeños productores y restricciones al intercambio libre de semillas.
El diputado reiteró la relevancia de la reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que entró en vigor el pasado 18 de marzo, con la que se declaró al maíz como un elemento de identidad nacional y que el Estado garantice su cultivo libre de transgénicos.