sábado, 20 de septiembre de 2014
El Parlamento de Cataluña aprueba una ley para convocar a plebiscito soberanista
Agencias en Barcelona | LA CRÓNICA DE HOY.
El presidente de Cataluña, Artur Mas, después de que el Parlamento aprobó la Ley de Consultas.
A menos de 12 horas de que se conociera la derrota de la propuesta de independencia del Reino Unido, en el referéndum celebrado el jueves en Escocia, ayer el Parlamento de Cataluña (España), aprobó con amplia mayoría de 106 votos a favor y 28 en contra, una ley que permita convocar a una consulta soberanista para decidir la independencia de España, el próximo 9 de noviembre.
La ley de consultas fue aprobada con el 78 por ciento del apoyo de los legisladores de la Cámara, procedentes de los mayores partidos nacionalistas catalanes (CiU y ERC) y por los socialistas (PSC), entre otros, mientras que votaron en contra 28 parlamentarios, del Partido Popular de Cataluña (centroderecha) y Ciutadans.
Con esta ley, el presidente de Cataluña, Artur Mas, del partido conservador nacionalista CiU, que gobierna esta comunidad autónoma con el apoyo del izquierdista ERC, pretende llevar a cabo dentro de un marco legal, una consulta soberanista en noviembre próximo.
OBSTÁCULOS. Aunque el Partido Socialista de Cataluña (PSC) votó a favor de la ley, considera que no puede utilizarse para convocar una consulta de esas características.
El próximo paso ahora es la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Gobierno regional catalán), con lo que Artur Mas estará en posición de convocar la consulta, lo que sin duda abre camino para que el gobierno español recurra ante el Tribunal Constitucional para su anulación, según destacaron medios locales.
COMPARACIÓN. Al respecto, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy (Partido Popular), reiteró en que es ilegal esta consulta que preparan en Cataluña al no estar dentro del marco de la Constitución.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso poner en claro lo que ocurrió en Escocia con el caso de Reino Unido y con respecto a España con Cataluña en ambos casos no son comparables, no solo porque los marcos legales son diferentes, sino también por las diferencias en “los niveles de autogobierno y de descentralización en cada país”.
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