Mario Ruiz Hernández
Incurren funcionarios de Naucalpan en daños al patrimonio municipal al pretender un cargo de elección popular
• La obsesión del poder los hizo cegarse y ahora habrá que acreditar que no han percibido ningún tipo de salario, ni continuar en el cargo, además de presentar sus licencias por cierto a quién-de separación definitiva o temporal para participar en el proceso interno de su partido.
• Esperan que la alcaldesa, Claudia Oyoque Ortiz, nombre a nuevos directores en las distintas áreas de oportunidad, en donde los titulares decidieron ir a la contienda.
Con la asunción de la alcaldesa sustituta de Naucalpan, Claudia Oyoque Ortíz, debo suponer que debe de iniciar una nueva etapa del ejercicio público, pese a los impactantes daños al municipio.
Justamente la etapa que comienza, evidentemente tiene que ser de resultados y obviamente, de una total mutación de la imagen de gobierno.
No hay más, que cambiar lo que se tenga que cambiar y despedir a numerosos funcionarios públicos que han llevado a “La Joya de la Corona”, al nivel más alto de corrupción oficial en cuando menos los últimos 30 años.
Concibo, que realmente no lo va a costar mucho trabajo, toda vez que muchos de ellos se despidieron sólitos, en el afán protagónico de aspirar a un cargo de elección popular, a síndicos y regidores.
Francamente que esto que se aprecia sumamente sencillo, tiene incluso sus notables repercusiones políticas y daños al proceso interno priísta que pueden llevarlos a la reposición del procedimiento estatutario, a la irresponsabilidad administrativa y hasta penal por usurpación de funciones públicas.
En ese orden de ideas, y en un acto de transparencia y rendición de cuentas, además de demandar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la condición de su salida a registrarse a la planilla del ayuntamiento.
De igual manera, si se solicitó licencia- a quién- definitiva para separase de su cargo o simplemente un permiso que aún y todavía no concluye, hasta en tanto se lleve a cabo la asamblea municipal deliberativa, y el registro oficial ante las autoridades electorales, con dictamen de procedencia o improcedencia.
Bajo ese supuesto, abrir la querella o investigación a los funcionarios municipales; David Enrique Román González; secretario de la presidencia; Maira Estela Martín del Campo Cazares, directora de servicios públicos; Carlos Mercenario Carbajal, titular del Instituto de Cultura Física y Deporte; Paola Valeria Hernández Castro, directora del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ); Laura Serna Lara, Instituto de las Mujeres; Laura Serna Lara, director de Educación y Héctor Antonio Rivera Morales, director de Medio Ambiente, entre subdirectores y jefes de departamento.
Asimismo, solicitar a la propia administración por medio del portal de Transparencia, a la vez de los consejos administrativos de los organismos descentralizados, presenten sus respectivas solicitudes, y las anuencias, y lo más grave de todo-es si siguen o siguieron cobrando sus salarios, y demás gratificaciones-
Lo anterior, a efecto de configurarse el delito de daño patrimonial, si ciertamente que por naturaleza misma de los diversos hechos, y que en estos momentos de acuerdo a la ley, no hay ni deberían estar en funciones los precisamente directores en comento, peor aún.
Dicho sea, que por ejemplo, el pasado sábado en la función de Box, el medallista olímpico, Carlos Mercenario Carbajal, fue presentado como director en funciones, si se supone que, eventualmente no lo es, por sus aspiraciones políticas.
David Enrique Román, continúa en la secretaría de la presidencia, más no de la alcaldesa sustituta, como si nada; al tiempo que Paola ValerIa Hernández, Laura Serna, Héctor Antonio Rivera y Simón Mondragón despachando en sus oficinas.
Con respecto al tricolor, podemos decir que el comité municipal se encuentra descabezado, sin presidente y secretaria general a la vez de que sin carteras básicas, toda vez que tanto Fabián Gómez Calcáneo, como Rosa María Ruiz García, José de Jesús García Onofre y Juan Carlos Chávez Becerril, se inscribieron para la asignación de regidurías, y trascendió que de ellos, sólo en un segundo listado, aparece Rosy Ruiz, dejando sin cargo partidista y en algunos casos sin salario económico, a ciertos dirigentes.
En resumen, creo que es el momento de las definiciones en la administración municipal, y nombrar a nuevos funcionarios de manera inmediata, a propósito de resarcir en la medida de lo posible, los atrasos-la gerencia no se puede quedar sin directores- es más ellos se fueron de manera libre.
De lo contrario, las consecuencias de sus fracasadas obsesiones los llevarán directito al penal de Barrientos y si se atreven a demandar una presumible liquidación, que ni le busquen.
Políticamente, habrá que buscar la salida más sana para que el proceso priísta no se ensucie, y alguien de esos que se la saben, impugne totalmente el procedimiento estatutario.
Cabe destacar que, Naucalpan no es el único caso en el estado de México y si nos vamos municipio por municipio el tema es materia jurídica e incluso para enviarla a la corte
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