A golpes e intimidaciones, los Barrios desalojan predios del Centro para convertirlos en plazas

LA CRÓNICA La adquisición ilegal de predios es una práctica común en el Centro Histórico y la familia que encabeza la líder de ambulantes, Alejandra Barrios Richard, conoce bien los métodos para apropiarse de inmuebles y convertirlos en locales o bodegas, por las que cobra una renta. Para quienes se oponen, las consecuencias van desde golpes hasta la invención de delitos por los que los moradores pueden terminar en prisión. Así lo denunció a Crónica una de las víctimas, Martín Rebolledo, quien aseguró que para lograr su propósito, la familia Barrios corrompe funcionarios y utiliza influencias, pues el nieto de la dirigente de ambulantes y candidata para delegada de Cuauhtémoc, Barrios Richard, es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Mientras que Diana Sánchez Barrios, hija de la lideresa de ambulantes, igual que su nuera, Lorena Osornio Elizondo, se registraron para contender por cargos de elección popular. En las corrupciones, aseguró Rebolledo Aguilar, participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Martín Rebolledo y su familia, conformada por esposa y cinco hijos, vivían en el departamento número nueve, del edificio ubicado en la calle Belisario Domínguez 39, en la colonia Centro, de la delegación Cuauhtémoc. Ahí llegaron familiares de Barrios Richard y golpeadores, quienes los obligaron a salir del predio. Los amenazaron e incluso iniciaron una averiguación previa en contra de la esposa de Marín, por el delito de robo. La querella fue interpuesta en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 4. Sólo así lograron que la familia Rebolledo abandonara el departamento y se levantaron los cargos en contra de la esposa del padre de familia. Y cuando pensaron que todo había quedado solucionado llegaron más problemas con la familia Barrios. Esta vez con otro inmueble situado en la misma calle, pero marcado con el número 43. Al no encontrar forma de hacer que la familia saliera de su hogar. Distintas personas, a decir de la víctima, contratadas por la familia Barrios, comenzaron a amedrentarlos por cosas tan insignificantes como el lugar de estacionamiento en calles del Centro. En una de esas amenazas participó Baty Rubén Jiménez Barrios, hijo de Alejandra Barrios, quien sostuvo una riña con Martín Rebolledo; antes que iniciaran los golpes Martín llamó a dos policías capitalinos, quienes al ver que se trataba del hijo de la lideresa de ambulantes, decidieron hacerse de la vista gorda. Tras la riña ambos fueron llevados al Ministerio Público, Cuauhtémoc 4, la misma agencia que ayudó a los Barrios a quedarse con el predio anterior; así comenzó el calvario de Martín Rebolledo. En el MP obligaron a Martín a entrar a las galeras, como lo marca la ley, pero la otra parte, Baty Rubén Jiménez, estuvo fuera de esta área e inclusive fue acompañado por familiares y amigos. Jiménez Barrios terminó con una cortada en el rostro, mientras que Rebolledo Aguilar presentó una fractura en la mano y contusiones en diversas partes del cuerpo. “Únicamente a mí se me ejercitó acción penal por el delito de lesiones calificadas. Aunado a ello recibí intimidaciones y vejaciones por parte del Agente del Ministerio Público, Daniel Gonzales Medina, y su oficial, Miguel Margarito Baltazar Ramírez, ya que en todo momento me intimidaron diciéndome “no sabes con quien te metes”, “mejor llega a un acuerdo con él”, además de que me presionaban para que me desistiera de presentar cargos contra Baty Rubén”, comentó el señor Martín. Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa (CDHDF) dio cuenta de los errores en la integración del expediente y diligencias faltantes en el caso del señor Rebolledo, mediante el expediente CDHDF/1/121/CUAUH/ 14/D7748. Sin embargo, este organismo también se retractó, por lo que Martín Rebolledo quedó en la indefensión después de que autoridades le dieran la espalda, consideró, por no contar con influencia o DINERO para comprar a servidores públicos. Este 12 de abril, Martín Rebolledo, de oficio albañil, espera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), aun cuando no procedía el expediente debido a que presenta inconsistencias. Sólo espera que el Tribunal haga justicia y demuestre su imparcialidad sin importar clases sociales ni influencias políticas.