Incompleta investigación Tlatlaya si no incluye mandos medios y superiores‏

Que la investigación y sanciones por el caso Tlatlaya alcance mandos medios y superiores, demandó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez. 
Es urgente tipificar como delito grave la tortura, destacó.

Investigar y sancionar también a mandos medios y superiores por el caso Tlatlaya, demandó el diputado local Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, tras advertir que no basta dejar los castigos en los eslabones más débiles de la procuración de justicia de la entidad, pues el superior jerárquico es jurídicamente el primer responsable de la conducta de sus subordinados. Martínez Vargas lamentó que a más de un año de la ejecución de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón a manos de elementos del Ejército, no exista claridad ni castigos concretos en contra de los responsables, si bien cuatro policías ministeriales están siendo juzgados por el delito de tortura. En necesario, advirtió, que las investigaciones sean lo suficientemente profundas para alcanzar mandos medios y superiores, pues en el supuesto de que no hubieran instruido los excesos de estos elementos, los consintieron al no evitarlos y, por tanto, son responsables, además por razones de jerarquía. En la investigación, aclaró, tampoco deben dejarse de lado las razones que llevaron a los militares y a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a actuar como lo hicieron; es decir, hay que indagar si existen vínculos con el crimen organizado o a quién y por qué se pretendió beneficiar con estas conductas. De lo contrario, subrayó, quedará de manifiesto que “no hay interés del Gobierno del Estado en acatar, en definitiva y hasta sus últimas consecuencias, las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”. A su decir, las investigaciones tampoco pueden descartar la eventual relación del crimen Tlatlaya con el de Ayotzinapa, en donde también participó la milicia. Además, destacó, es urgente agravar el delito de tortura en la entidad en los casos en que sea cometido por servidores públicos, y más si se encuentran relacionados con la procuración y administración de justicia, dado lo incongruente que resulta que quien comete el delito de robo no tenga derechos pre liberatorios, pero quienes presionan física y psicológicamente a mujeres para obtener una declaración oficial enfrenten el juicio en libertad. Este tipo de excesos, consideró, debe ser suficiente para retirar del salón de plenos el nombre del Ejército mexicano en letras de oro, por falta de merecimientos y la subsistencia de muchos señalamientos, excesos e irregularidades. También “deben revisarse los resultados de las Bases de Operación Mixtas (BOM´s) y analizarse la necesidad de retirarlas, al igual que al Ejército de las calles”, concluyó.