Cámara de Diputados contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico tendente a romper la exclusión y marginación estructural contra mujeres en el país: Karen Orney Ramírez

Destaca la legisladora del GPPRD que la información puntual y precisa respecto de la situación de la violencia de género que enfrentan las mujeres en todo el territorio nacional, mejora las políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno. Datos oficiales estiman que, en 2014, la población femenina en el medio rural ascendía a cerca de 14 millones; de cada 10 mujeres, seis cercanas a los 45 años de edad. En la Cámara de Diputados, la legisladora Karen Orney Ramírez, al dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD comentó que respecto a dos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género, contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico, tendiente a romper la exclusión y marginación estructural existente en el país, posibilitando la autonomía de las mujeres rurales respecto a la producción y propiedad. Así como de contar con información puntual y precisa respecto a la situación de la violencia de género que enfrentan las mujeres en todo el territorio nacional, a fin de mejorar las políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno. Resaltó que datos oficiales estiman que la población femenina en el medio rural, para el 2014, ascienden a cerca de 14 millones. En este medio, la edad de jefas de familia ha de ser avanzada. De cada 10, 6 mujeres tienden a tener 45 años. Circunstancia que ubica a este tipo de hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad en comparación con los demás hogares. En el medio rural, en particular, en la población directamente vinculada a las actividades del campo, la familia tiene una connotación diferente de la que presentan los hogares urbanos. Debido a la persistencia de formas de propiedad de la tierra y producción agropecuaria, que tienen su eje en el hogar. En cuyo seno, además de encargarse de la reproducción generacional, participan de manera directa, con su fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género. Al propiciar una mayor participación de las mujeres. Pero también, en muchas ocasiones tienden a propiciar situaciones de mayor inequidad, al tener que asumir más responsabilidades en la supervivencia de los hogares, sin dejar de asumir las tareas domésticas. "En este contexto, que a pesar de las dificultades que tradicionalmente han tenido las mujeres para el acceso a la tierra, en las últimas décadas se aprecia la feminización de la tierra, como un proceso creciente de acceso de las últimas mujeres a la tenencia de la tierra", agregó. La información oficial señala que del total de núcleos agrarios en el país, integrados por 4.2 millones de ejidatarios y comuneros y 1.4 millones de posesionarios que conforman los sujetos con derechos agrarios, el 21% corresponde a mujeres. Siendo aproximadamente 1.2 millones. Subrayó que sin duda, garantizar el acceso a la propiedad en la tenencia de la tierra de las mujeres rurales, así como su aprovechamiento y acceso al financiamiento productivo, propósitos del primer dictamen, se contribuirá a la construcción y fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres rurales. Por otra parte, "es urgente tomar acciones con determinación y eficacia que contribuyan a erradicar la violencia de género que enfrentan las mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. Ése fue el clamor unánime de manifestaciones el pasado 24 de abril en calles de esta ciudad y otros 29 estados del interior del país. Motivados por los escandalosos y lamentables hechos de abuso sexual cometidos en contra de nuestras mujeres. En esta dirección apunta el segundo dictamen". Al precisar los contenidos conceptuales, el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres así como la obligación de diversas entidades del gobierno federal, para proporcionar la información necesaria y de las entidades federativas, por contar con uno propio en su ámbito de actuación. Finalizó, sin duda, estas condiciones harán que se cuente con información precisa, respecto a las causas e identificación de lugares críticos en donde se requiere acciones urgentes con la concurrencia de los tres niveles de gobierno, así como la prevención de estos actos oprobiosos que atentan contra la dignidad de las personas.