En México, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modificó el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a fin de sancionar a quien por razones de religión o discapacidad, atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Avalado en lo general y particular por 366 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que en tales casos, se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa (16 mil pesos), al que discrimine por razones de culto o discapacidad.
El documento refiere a la discriminación religiosa y por discapacidad como un problema social que afecta la pacífica convivencia entre ciudadanos, en las ciudades y en comunidades rurales, principalmente indígenas.
Se hace referencia a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta la existencia de evidencias de intolerancia religiosa, cuyas expresiones más violentas se presentan fundamentalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Revela que seis de cada 10 familias en esas entidades, huyen de sus hogares para evitar agresiones por conflictos religiosos. En Chiapas, por ejemplo, las personas sobreviven con el apoyo de los integrantes de sus congregaciones, pues no son reconocidas ni reciben ayuda del gobierno estatal.
De esta manera, el diputado Diego Valente Valera Fuentes comentó que la intolerancia religiosa ha generado al paso de los años las más grandes batallas en la historia de la humanidad. “Hoy en Chiapas, mayormente en comunidades indígenas, familias enteras son desplazadas y expulsadas por la simple razón de pensar diferente”.
Afirmó que se debe sancionar a quien atente contra la dignidad humana. Es imperante respetar, tolerar y defender todas las libertades y procurar la justicia y orden social.
Al pronunciarse a favor del dictamen, la diputada Maricela Contreras Julián dijo que condena todo acto de intolerancia religiosa, pero también se debe estar a favor de un Estado laico.
“Reconocemos la voluntad que han tenido las Comisiones de Justicia y Gobernación para presentar la agenda al dictamen. Consideramos que es necesaria para no dejar abierta la puerta para romper el carácter del Estado laico mexicano”.
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