Debido a que el INE ha incurrido en excesos en diversas áreas, que han contratado servicio de empresas privadas para realizar tareas que la propia institución podría llevar a cabo, en los que se encuentran trabajos de corrección de estilo, asesorías para la contratación de capacitadores electorales o el seguimiento en redes sociales.
Del dictamen también se desprenden malos manejos en cuentas bancarias del Instituto Nacional Electoral, en las que destacan algunas que fueron abiertas en 2017 "con saldo disponible y que no encuentra justificación, toda vez que no corresponden a pasivos contraídos en este año, por lo que en su caso, los recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación".
Entre otras irregularidades detectadas, se encuentra la contratación de servicios paralelos en la Dirección Ejecutiva de Administración, en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en el Registro Federal de Electores y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
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